(ABI).- Al reiterar que el Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión en Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma manifestó el jueves que este privilegio de todos no debe ser confundido como un sinónimo de racismo y de discriminación.

En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado aseveró que el racismo es un “problema estructural que debe acabar porque es un resabio de un pasado colonial que daña a la unidad del país”.

“Ha llegado la hora de acabar con las prácticas de racismo en Bolivia porque es la práctica más antidemocrática que existe en el mundo debido a que no respeta la igualdad entre los ciudadanos”, precisó.

Al referirse a los comentarios racistas que se emiten en algunos medios de comunicación, Morales enfatizó que es impensable “dejar que se practique el racismo so pretexto de hacer uso de la libertad de expresión”.

Morales subrayó que erradicar el racismo es defender la igualdad entre todos, sin tomar en cuenta su origen, color, raza y nivel económico porque así lo establece la Constitución Política del Estado y es un acto de de justicia con la humanidad.

“La libertad de expresión es un don que nos da la sociedad y debemos corresponder con respeto y consideración y en sujeción a las leyes”, anotó.

Dijo que en el mundo el racismo es penado y sancionado con leyes. Mencionó el informe del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, quien manifestó que en países de América y de Europa los periodistas que incurrieron en actitudes racistas fueron sancionados.

El Presidente se refirió igualmente a las reuniones que sostuvo el miércoles por separado con representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios de los medios de comunicación, y de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) para escuchar sus preocupaciones sobre el proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Expresó que los dirigentes de la ANP estaban preocupados por sanciones a sus medios si es que algún entrevistado emitía conceptos racistas.

Al respecto manifestó que el ciudadano que emita conceptos racistas debería ser cortado por una cuestión de responsabilidad con la sociedad.

“En ese caso el investigado y sancionado por la justicia por racismo y discriminación será el entrevistado y no el medio de comunicación, ni el entrevistador”, manifestó.

Agregó que la representación de los sindicatos de la prensa de La Paz estaba preocupada porque una violación de la Ley pueda significar la suspensión de la licencia de funcionamiento de ese medio de comunicación y por ende el desempleo de los trabajadores.

Morales puntualizó que, en ese caso, la licencia pasaría a los sindicatos de la prensa para que se hagan cargo de la administración a fin de que se garantice la estabilidad laboral de los trabajadores.

Mencionó que el Estado cuenta con el Banco de Desarrollo Productico (BDP) como respaldo a las empresas que entren en quiebra y cuyos trabajadores se hagan cargo de su administración.

Reiteró que no debe existir preocupación en los periodistas sobre la vigencia de la Ley contra el Racismo y la Discriminación si es que toman en cuenta la necesidad de la sociedad para erradicar esta práctica colonial, de la que las mayores víctimas fueron los campesinos e indígenas, pero también las mujeres.

Agregó que, en el pasado, una de las Constituciones sólo se daba derecho al voto a los hombres, si es que hablaban castellano, tenían un capital de 400 pesos y ejercían una ciencia, oficio o profesión, lo que dejaba fuera a las mujeres que no tenían esas oportunidades.

“Hoy todo ha cambiado porque nuestras leyes dan todos los derechos a las mujeres, al igual que a los hombres, con capacidad de recibir títulos de tierras y administrar familias, además de asumir responsabilidades en el ejercicio del poder.

En el gabinete Ministerial, el 50 por ciento de sus integrantes son mujeres a las que el Presidente les ha dado responsabilidades para impulsar el desarrollo social, político y económico del país.

El Presidente expresó su convencimiento de que en Bolivia solamente existan grupos que aún mantienen prácticas racistas y discriminatorias, no el grueso de la sociedad.

Señaló que algunos posicionamientos que se oponen a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Racismo son vistos en el exterior como trincheras que defienden la discriminación y son racistas.

Aclaró que el proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación se originó en los asambleístas indígenas y de grupos que sufrieron esos excesos, por lo que el tema se debate en ese escenario y no ha sido presionado por el Ejecutivo.

Sin embargo afirmó que el Gobierno sí está interesado en participar en la Reglamentación de la Ley para lo que convocará a representantes del periodismo, de los defensores de los derechos humanos y también de los ciudadanos que sufrieron discriminación.

Agregó que está igualmente interesado en dialogar y debatir con las organizaciones del periodismo “formas de frenar la difusión de informes tergiversados a través de los medios de comunicación”.

“El periodismo es educación, información y no de tergiversación de las noticias y mucho menos un canal del racismo y la discriminación”, enfatizó.

Subrayó que el Gobierno ve con preocupación que algunos comentaristas y periodistas tergiversan informaciones y, al ser cuestionados, recurren al Tribunal de Imprenta parta protegerse.

Hizo patente su convencimiento de que, al margen de la institución a la que pertenezcan los ciudadanos, si es que cometen delitos deben defenderse ante los tribunales ordinarios porque establecer la verdad debe ser lo más importante, al mencionar el caso de algunos militares.