En los últimos meses ha retomado fuerza la contradicción entre el Estado boliviano y los sectores populares en Bolivia, mientras la administración de Evo Morales intenta contener ese choque endureciendo su control hacia sindicatos campesinos, pueblos indígenas, hacia el sector de los periodistas, hacia sus propios aliados y hasta a grupos de activistas de derechos humanos.

En el “proceso de cambio” del Movimiento Al Socialismo, la naturaleza del Estado boliviano no se ha desprendido ni por un momento de sus raíces en la clase dominante. Y el gobierno de Evo Morales, aunque alardea de estar construyendo un “Estado Plurinacional Socialista Comunitario” (que nadie puede explicar en qué consiste), no se ha apartado ni en lo mínimo de la defensa de los cimientos del viejo Estado burgués-terrateniente.

En estos últimos meses, la defensa del viejo Estado ha sido férrea y ha aglutinado a toda la cúpula del gobierno del MAS contra los sectores populares que han comenzado a lanzar críticas y exigir un verdadero cambio en la vida cotidiana de los bolivianos.

Este año los choques entre el gobierno y los sectores populares empezaron temprano, en abril-mayo, con maestros, fabriles y el caso Caranavi, del norte de La Paz, donde dos estudiantes murieron asesinados por balas policiales en medio de una movilización de pequeños campesinos que demandaba la industrialización de cítricos.

La intervención policial terminó con las protestas masivas en la región, pero comenzó una persecución contra dirigentes estudiantiles y campesinos, autoridades educativas y abogados de los familiares de las víctimas. A principios de septiembre el presidente del Comité de Huelga de Caranavi, Sinforiano Cusi, sufrió el incendio de su casa en el pueblo por desconocidos.

A fines de agosto, dos activistas de Derechos Humanos y abogados de las víctimas sufrieron el allanamiento de sus oficinas y el secuestro de documentación relativa a las muertes de Caranavi. El viceministro Wilfredo Chávez admitió el 29 de agosto que el allanamiento a la casa del abogado Jorge Quiroz fue por ser éste “poco más el portavoz” de las víctimas de Caranavi. ¡Pero si es su abogado!

En este contexto el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, antiguo militante de DDHH, informó que en esa semana del allanamiento, un grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno (del Interior) y un sector de “activistas de derechos humanos” se reunieron para hacer una “lista negra” de los activistas críticos al gobierno. Supuestamente los miembros de la “lista negra” serán investigados en su pasado y su presente para, con esa información, poder presionarlos en cualquier momento.

Como se puede ver, el gobierno de Evo Morales utiliza a los dos pilares del viejo Estado para extender su control hacia distintos sectores de la sociedad. La Policía y a las Fuerzas Armadas, junto a la Fiscalía y el Poder Judicial, se han afilado más que nunca para perseguir y escarmentar a disidentes y críticos (y no tanto) que pongan al descubierto la falsedad del “proceso de cambio”.

En este caso ya parece humor negro la censura moral al artista Diego Morales que pintó un cuadro que representa la fallida gestión de Evo Morales para traer la franquicia del Miss Universo a Bolivia. O la ley antirracista, de reciente aprobación, que prohíbe a la prensa (bajo amenaza de cierre) publicar “declaraciones racistas” o discriminatorias vengan de donde vengan. En este caso los caricaturistas y gente que hace humor político ha pedido claridad en la legislación. Lo cierto es que no se sabe si la prensa podrá publicar declaraciones de Evo Morales cuando animaliza a los propios periodistas (“pollos de granja”) o discrimina a las dirigentes de la Federación Bartolina Sisa al decirles que “sólo sirven para bailar”.

El control y la persecución se extiende al propio ex aliado político de MAS: el Movimiento Sin Miedo (MSM) que está a cargo del municipio (alcaldía) de La Paz. A principios de septiembre, tres oficiales de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército fueron sorprendidos en actos delincuenciales (robando a comerciantes ambulantes), cuando iban con el uniforme de la guardia municipal.

Los miembros del MSM denunciaron que el gobierno se había infiltrado en la alcaldía y el MSM. Pero el Ministro de Defensa lo negó, a la vez que admitió que los tres militares hacían sus prácticas de inteligencia como guardias municipales. De los hechos criminales de estos tres militares del Ejército boliviano, contra humildes comerciantes minoristas, nadie dice nada.

Obviamente el control del gobierno ha empezado por casa. Es vox populi que los diputados y senadores del MAS, salidos de sectores populares, están prohibidos de opinar, criticar o tener ideas para aportar al trabajo legislativo. Este fin de semana, 25 y 26 de septiembre, el senador del MAS Manuel Limachi admitió ante la prensa que “hay senadores que le tienen miedo” a Evo Morales, que desde el 22 de enero en que comenzó la legislatura están prohibidos de hacer gestión en sus regiones y que él mismo es parte de un “rebaño” que sólo “levanta manos” a la hora de aprobar leyes enviadas por el gobierno.

Pero el gobierno de Evo Morales no está sólo en su tarea de controlar y adormecer a los amplios sectores populares. Muchos sindicatos acólitos hacen el trabajo sucio de contener disidencias y posiciones críticas, que son consideradas como “conflictivas y divisionistas”.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sindicatos campesinos e indígenas que apoyan al gobierno, está en proceso de aprobar un estatuto interno para vetar y expulsar de sus filas a los dirigentes que “generen conflicto, enfrentamiento o división entre las organizaciones sociales o sus representantes en el seno de la Conalcam”.

La expulsión es también para dirigentes que “no defiendan el proceso de cambio y su implementación, a quienes negocien al margen del Conalcam o de sus organizaciones sociales con representantes del neoliberalismo”. Y en este gobierno se califica de “derechista”, “neoliberal”, “afín al imperialismo” justamente a cualquier persona que incluso haya estado en el MAS y que ahora tenga una posición crítica.

En fin, en Bolivia se ha superado el tiempo de la pugna de facciones dentro de las clases dominantes, algo que se expresaba en una pugna entre el gobierno y la denominada “media luna” (cívicos terratenientes). Esa dinámica política no hizo más que esconder por un tiempo la contradicción latente entre los sectores populares y el Estado, una contradicción que vuelve a reactivarse porque uno de sus componentes ha despertado.