El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley de Juegos de Lotería y Juegos de Azar que crea impuestos directos para las empresas lucrativas (IJ) con una alícuota de 30% y un tributo de 15% para los jugadores (IPJ).

El ministro de Economía Luis Arce informó que el proyecto de ley crea una Autoridad de Control de Juegos encargada de registrar a todas las casas de juego, e impone nuevos tributos a los dueños de casas de juego o entidades que organicen sorteos con fines lucrativos, excepto la Lotería Nacional, y a los jugadores y apostadores.

El gobierno informó que el 100 por ciento de las recaudaciones del IJ irá al TGN; en tanto que el 60 por ciento del IPJ irá al TGN, el 40 por ciento al gobierno departamental y 15 por ciento al gobierno municipal. El 70 por ciento de las recaudaciones del Estado se destinará a programas de fomento al deporte a cargo del Ministerio de Salud.

Hace mucho tiempo, el municipio de Santa Cruz propuso cobrar tasas, patentes y contribuciones especiales a los juegos de azar, calculando que podría recaudar entre siete y 10 millones de dólares al año.

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que son atribuciones de las entidades territoriales autónomas recaudar, fiscalizar y cobrar coactivamente impuestos de su dominio exclusivo, además de tasas, patentes y contribuciones especiales propias.

Según la CPE, los gobiernos departamentales autónomos tienen atribuciones para proponer y determinar nuevos ingresos tributarios para su financiamiento, pero la Ley Marco de Autonomías y Descentralización pospone el ejercicio de sus competencias tributarias.

“Esta es una manera más del gobierno de tratar de captar algunos recursos para cubrir el déficit que tiene en este momento el TGN; esta idea ya fue propuesta por la Gobernación, pero lastimosamente es una responsabilidad y una competencia compartida con el gobierno central”, comentó el secretario de Hacienda de la Gobernación cruceña José Luis Parada.

Parada propuso que las regiones reciban el 60% de lo recaudado por IJ e IPJ y que el TGN obtenga un máximo del 40%; o que el 75% de la renta sea para las gobernaciones y municipios y 25% para el gobierno central.