El defensor del Pueblo Rolando Villena responsabilizó al ministro de Gobierno Sacha Llorenti y a la Policía de la muerte de Mario Fidel Hernani y David Callizaya Mamani por disparos de armas de fuego durante el violento desbloqueo de la carretera La Paz-Caranavi el 7 y 8 de mayo de este año.

Villena entregó hoy a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los resultados de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo sobre el violento enfrentamiento entre policías y pobladores en Caranavi, el cual describe los hechos y recoge testimonios de los actores del conflicto.

La conclusión principal del informe del Defensor del Pueblo coincide con la del informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB): Dos personas fallecieron por disparos de arma de fuego durante el desbloqueo de la carretera La Paz-Caranavi.

Las fuerzas policiales hicieron uso excesivo y desproporcional de la fuerza y de gases lacrimógenos, y vulneraron la dignidad de las personas con aprehensiones indiscriminadas, intimidación y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos e ingresos arbitrarios a domicilios sin autorización de los propietarios, señala el informe de la Defensoría.

Según el Defensor, el ministro Llorenti diseñó un plan para desbloquear la vía que fue mal ejecutado. “La aplicación de ese plan no está en la misma línea y hay un desfase entre el documento sustentado como tal y los hechos que han acaecido”.

El Defensor del Pueblo sugirió iniciar una investigación administrativa para determinar las razones por las que no se cumplió el plan, y para identificar a los actores intelectuales que ordenaron disparar a los pobladores de Caranavi y a los autores materiales que consumaron la “acción inhumana”.

El Defensor criticó la “falta de la gestión” del conflicto y de acciones de prevención por parte de las autoridades de gobierno y de la Policía. Villena reprochó particularmente las omisiones del ministro Llorenti, quien se empeñó en minimizar la movilización social en Caranavi.

En el informe, la Defensoría del Pueblo recomienda a los ministros de la Presidencia y Gobierno establecer un sistema de alerta temprana para la gestión de conflictos en coordinación con el Comandante General de la Policía, bajo los criterios de imparcialidad, inmediatez y objetividad en su tratamiento en el marco del respeto a los derechos humanos, mediante métodos que impliquen el diálogo y la persuasión.

Además, Villena sugirió al Comandante General de la Policía Boliviana evaluar y adecuar sus planes de operaciones de acuerdo a los principios y normas internacionales de derechos humanos para evitar detenciones indiscriminadas de ciudadanos y el uso desproporcional de la fuerza, acciones que desembocan en mayor confrontación y violencia.

En Sucre, un grupo de investigadores de derechos humanos de la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña dirigido por Javier Álvarez se reunió hoy con autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Concejo de la Judicatura, luego de entrevistarse con comunidades afectadas por conflictos de tierras, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de órganos del Estado. El reporte final del equipo será presentado al alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.