El gobierno del Presidente Evo Morales denunció que eran parte de una macabra “conspiración derechista” las movilizaciones de trabajadores fabriles “contrarrevolucionarios”, las protestas de maestros trotskistas “de extrema derecha”, las marchas de indígenas “títeres del imperio norteamericano”, y las rebeliones ciudadanas en Caranavi y Potosí, donde el MAS ganó elecciones con más del 60% de votos. Ahora son “infiltrados de la derecha” hasta los masistas que osan disentir con el jefe del partido.

En su segundo mandato, el Presidente Morales intenta consolidar un gobierno fuerte y capaz de poner en orden al conjunto de los sectores del país, golpeando por igual a empresarios y a movimientos sociales que se atreven a elevar la voz contra la autoridad y la Constitución. El gobierno asume una postura inflexible y no permite los berrinches de nadie.

En la primera pugna con fabriles y maestros que reclamaban un aumento salarial mayor al 5% a principios de año, Evo no retrocedió ni un paso y descontó sueldos a los maestros que suspendieron labores, poniendo en tela de juicio el derecho constitucional a la huelga.

El primer “Presidente indígena” fue igual de duro con los marchistas originarios de tierras bajas y volcó contra ellos a sus huestes del CONALCAM. Luego amenazó a los diputados y senadores indígenas que apoyaron la movilización de la CIDOB, que supuestamente era financiada por USAID y otros entes de “extrema derecha”.

Cuando el pueblo de Caranavi se rebeló exigiendo el cumplimiento de una promesa electoral, el Ejecutivo envío a la Policía a desbloquear la carretera por la fuerza y en la represión perdieron la vida dos jóvenes estudiantes. Otra vez el gobierno denunció que la “derecha” financió la movilización regional.

Luego estalló la rebelión potosina contra el MAS, traducida en un paro general con bloqueo de caminos durante 19 días. Y el gobierno nuevamente descalificó la protesta social manipulada por la “derecha”. El ministro de Autonomías Carlos Romero denunció que la “conspiración política” “digitada” por los comités cívicos opositores de Santa Cruz y Tarija pretendía “confrontar” a los departamentos de Oruro y Potosí.

Evo Morales y el Vicepresidente Alvaro García Linera reiteraron que la “derecha golpista”, incapaz de enfrentar al gobierno con propuestas y programas, se infiltra en los movimientos sociales para generar divisiones internas. Morales comparó el levantamiento popular de Potosí con la insurrección autonomista de Chuquisaca en 2007. “Fue una acción netamente política porque derechistas y neoliberales utilizan reivindicaciones regionales para conspirar contra el proceso de cambio; yono echo la culpa al pueblo potosino, sino a algunos dirigentes que con mucha inteligencia usan algunas reivindicaciones para confundir”, aseguró el Mandatario.

Malas lecturas

El gobierno salió airoso del choque con fabriles y maestros; se desgastó en la lucha contra los indígenas, y fue derrotado en el conflicto de Potosí. Las masas encabritadas reaccionan con energía, obligándolo – en algunos casos- a retroceder, sobre todo cuando el malestar amenaza con generalizarse, tal y como ocurrió en el caso de la prolongación de las vacaciones escolares de invierno.

Todo el aparato gubernamental se negó a ampliar la vacación, pese a las recomendaciones médicas y a las predicciones meteorológicas. Sin embargo, el Ministro de Educación arbitrario fue desautorizado por padres de familia y sectores sociales que obligaron a las asambleas departamentales a aprobar sendas resoluciones imponiendo a los SEDUCAS la ampliación de las vacaciones en los departamentos de Oruro, Potosí y Tarija.

Tiempo después, el gobierno mandó a detener a los dirigentes sociales de Caranavi Richard Quispe y Luis Achu, en el marco de las investigaciones del enfrentamiento con la Policía ocurrido en mayo. De inmediato, un ampliado regional determinó bloquear caminos en el municipio desde las cero horas del 15 agosto y el vocero de la Federación de Colonizadores Gustavo Aliaga amenazó con tomar los bienes del senador Fidel Surco y del diputado David Quispe, ambos del MAS, acusándolos de dividir a las organizaciones sociales de la región. Al gobierno no le quedó otra que liberar a los dirigentes detenidos.

En el caso Potosí, el Ejecutivo leyó mal la realidad desde el inicio de las huelgas, bloqueos y movilizaciones. El supuesto movimiento “político” digitado por la oposición se masificó a todo nivel, sobre todo en los mercados, juntas vecinales y en las comunidades campesinas. Se instalaron piquetes de huelga de hambre en calles, plazas, oficinas y se plegaron al ayuno masivo los residentes de La Paz, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, España y Argentina. Tres legisladores oficialistas se desmarcaron del MAS y se declararon en huelga, y hasta el gobernador masista Félix Gonzales se sumó a la movilización regional.

El gobierno había menospreciado al movimiento social potosino y comenzaron a llover las críticas. “A estas alturas parece una provocación que el gobierno pida levantar las medidas de presión; duele la situación de los niños que buscan comida en basurales; se enarbola la consigna Potosí Federal con rabia”, expresó una ciudadana potosina. La Organización de Naciones Unidas lamentó la “violación de derechos humanos” en Potosí y el gobierno de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no viajar a la región.

“Presidente, debe reconocer que se ha equivocado y debe solucionar este conflicto personalmente porque Sacha Llorenty tiene afinidad de dar palo antes que agotar dialogo”, increpó el ciudadano Mario Flores Sanabria, a nombre de los residentes potosinos en Argentina. “No admitimos la soberbia de los ministros, el Presidente debe escuchar a esa gente humilde que en estos momentos le está pidiendo diálogo para que no exista enfrentamientos, si es que el gobierno va a seguir haciendo caso omiso, entonces también va a tener que atenerse a las consecuencias”, advirtió el dirigente de la Federación de Mineros Guido Mitma.

El presidente del Comité pro Santa Cruz Luis Núñez denunció que Morales oculta su incapacidad para resolver el conflicto de Potosí culpando a los cívicos cruceños de supuestos hechos “que sólo existen en la mente de su entorno palaciego”. “Deje su soberbia y su arrogancia, deje de ver fantasmas, y dedíquese a gobernar para todos los bolivianos”, exhortó la dirigencia cívica cruceña.

Después de la trifulca, Morales afirmó una vez más que la movilización regional fue parte de una “campaña política orientada a dañar la imagen de Evo Morales y a desgastar el proceso y la revolución democrática y cultural”. Además, advirtió a los legisladores rebeldes de su partido que pagarán caro por su “traición”.

“Lamento mucho que un senador y un diputado estén claudicando, yo no he decidido nada, pero habrá reunión del MAS sobre la rendición y traición de algunos senadores. Lo único que me preocupa es que soy muy amplio, convoco a personalidades que no eran militantes y algunos convocados traicionan, y eso a mí me deja sin mucho discurso para seguir convocando. Siempre hubo traidores y no faltarán malinches y tinterillos”, reprochó Morales.

Sin reconocer su derrota política en Potosí y mucho menos los errores de su gobierno, el Presidente Morales mantuvo una postura inflexible, continuó arengando a los sectores sociales críticos y desafió abiertamente a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari”, que amenaza con cercar a la ciudad de La Paz.

En un ampliado realizado el 4 de agosto, los campesinos paceños dieron plazo de 15 días al gobierno para que destituya a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo; de Economía y Finanzas Luis Arce; de Salud Nila Heredia; de Gobierno Sacha Llorenti; de Autonomías Carlos Romero y al ministro de Obras Publicas Walter Delgadillo.

Al cumplirse el plazo campesino el 19 de agosto, el Presidente respondió: “Pierden su tiempo, no se va a cambiar a ningún ministro”. Recalcó que el cambio de ministros no es atribución de los dirigentes sindicales ni de los dirigentes del MAS y que “sólo podemos cambiar a ministros si algún dirigente sindical o ciudadano presenta pruebas fehacientes de corrupción”.

Una vez más, Evo Morales restó crédito a las demandas de los campesinos de La Paz que se sienten discriminados por los cinco ministros observados, algunos de ellos recalcitrantes “derechistas” que se niegan a convivir con su pueblo y con las organizaciones sociales. Según el Presidente, no son las bases campesinas las que exigen la renuncia de los ministros sino unos cuantos dirigentes que “tal vez sólo quieren figurar”.