El gobernador de Tarija Mario Cossío y otros nueve miembros del Consejo Departamenta fueron imputados formalmente por la Fiscalía por haber utilizado irregularmente de 5,6 millones de bolivianos para la realización de un referéndum autonómico ilegal. El proceso fue iniciado en diciembre del pasado año por la Contraloría General del Estado (CGE).

La imputación formal fue presentada hoy por el fiscal Gilberto Muñoz y según la legislación vigente debe provocar la suspensión inmediata del gobernador opositor.

Según la explicación de la Contraloría, en Tarija —a diferencia de lo que ocurrió en Santa Cruz y del Beni donde las Cortes Departamentales administraron los recursos econónicos— la Prefectura utilizó estos recursos de manera institucional e individual.

En diciembre de 2009, la Contraloría denunció al ex prefecto Cossío y los miembros del Consejo Departamental de Tarija por la posible comisión de los delitos de “Malversación”, “Resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes”, “Incumplimiento de deberes” y “Conducta antieconómica”.

Junto a Cossío serán procesados Mauricio Lea Plaza, Alberto Lazcano, Víctor Hugo Zamora, Óscar Guillén, Ramiro Gutiérrez Aguilar, Óscar Madariaga, Helder Quiroga, René Valdez Soruco y Marcos Jurado Huayte.

Los referéndum autonómicos se realizaron en un ambiente en el que la oposición intentaba desestabilizar al gobierno de Evo Morales. La Corte Nacional Electoral había declarado que las convocatorias a referendums fueron realizadas por los prefectos que no tenían competencia.

La semana pasada, la Corte del Distrito de Beni arraigó al gobernador Ernesto Suárez Sattori por haber convocado, administrado y ejecutado el Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía celebrado el 4 de mayo de 2008, que representó un gasto de Bs3.319.060 para la Prefectura del Departamento del Beni.

Suárez también fue acusado por la CGE e imputado formalmente por los delitos de “Malversación”, “Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes”, “Incumplimiento de Deberes” y “Conducta Antieconómica”. El juez Primero de Instrucción en lo Civil Carlos Alberto Egüez ordenó el arraigo del gobernador del Beni y le impuso una fianza de 250.000 bolivianos.

La imputación también involucra a Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés, ex presidente en Ejercicio del Consejo Departamental; a los entonces Consejeros Departamentales Fabián Antonio Rodal Coelho, Celín Silva Julio, Carlos Naggib Zeitun Oliva, Christian Marcelo Justiniano Fernández, Zajir Daguer Barba, Luis Fernando Simón Hiza, Elvira Lourdes Mavric Quevedo de Ibañez, César Román Vaca, Ginger Llapiz Leigue, Luis Fernando Selum Rivero y a Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz.

Cossío y Suárez fueron imputados por el Ministerio Público por destinar recursos económicos distintos a los preestablecidos y programados por el POA en la gestión 2008 y porque no tenían atribución ni facultad legal ni constitucional para elaborar, aprobar y dictar estatutos autonómicos.

Suárez consideró que el arraigo y la fianza son un “exceso”, porque, a su juicio, 250 mil bolivianos es excesivo por un gasto de 3 millones de bolivianos. “Si hacemos relación con lo que se ha dado en Santa Cruz, en la que ha habido un gasto de 11 millones de bolivianos, sólo hubo una fianza de 100.000 bolivianos”, argumentó.