Bogotá, (PL).- La Corte Constitucional colombiana dejó hoy sin efecto un polémico acuerdo militar entre Bogotá y Washington, que contempla el uso de bases nacionales por el Pentágono. El gobierno colombiano acatará la decisión de la Corte.

El pacto militar sucrito en octubre de 2009 debió ser tramitado en el Congreso de la República para que sea constitucional. El acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia, declaró el presidente de la Corte colombiana Mauricio González.

El magistrado apuntó que si bien el acuerdo militar no es declarado inexequible, queda sin efecto, ya que los vicios que tiene -según dijo- son subsanables.

La Corte Constitucional resolvió remitir al jefe de Estado Juan Manuel Santos el citado acuerdo, para que cumpla con dicho trámite en el legislativo. Para algunos analistas en ese paso el Ejecutivo podría salir airoso para la aprobación del acuerdo, pues Santos cuanta con una amplia mayoría en el Congreso.

Posteriormente el documento -si logra el visto bueno- deberá ser sometido nuevamente a un análisis de legalidad por la sala plena del alto tribunal.

Este martes el gobierno aseguró que acataría el fallo de la Corte Constitucional en torno a la legalidad del acuerdo. “Conoceremos la sentencia y acataremos la providencia y naturalmente los efectos de la misma varían mucho si no deja en firme el tratado, si modula la sentencia, si le da el alcance de tratado o de acuerdo, las circunstancias pueden variar”, dijo el ministro de Interior y Justicia Germán Vargas Lleras.

En un comunicado leído en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) por el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el gobierno refiere, además, que estudiará en detalle el fallo a la luz de las normas del Derecho Internacional, los acuerdos vigentes, entre otras normas aplicables.

Rivera indicó que la decisión del alto tribunal no afecta los acuerdos similares previamente suscritos y vigentes entre Estados Unidos y Colombia.

El polémico pacto generó un fuerte rechazo dentro y fuera de Colombia al ser considerado como una amenaza a la paz y estabilidad en el hemisferio. Al mismo tiempo sectores sociales y políticos nacionales lo califican de recolonización del país, pues se le abre aún más las puertas a las tropas estadounidenses bajo total inmunidad.

Bogotá es el principal aliado de Estados Unidos en la región y mediante el también polémico denominado Plan Colombia la nación suramericana ha recibido desde su implementación más de seis mil millones de dólares para la lucha contra la insurgencia y demás grupos ilegales al margen de la ley. Ese Plan también es visto por su detractores como un mecanismo de dominación nacional, cuyo alcance- acorde con denuncias- esta dirigido a trascender las fronteras de Colombia.