La Fiscalía del Distrito de Beni imputó formalmente al gobernador Ernesto Suárez Sattori por los delitos de Malversación, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos por los Artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal, en virtud a una denuncia de la Contraloría General del Estado (CGE) en octubre de 2009 por la convocatoria, administración y ejecución del Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía celebrado el 4 de mayo de 2008, que representó un gasto de 3,3 millones de bolivianos para la Prefectura del Departamento de Beni.

La imputación también involucra a Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés, ex presidente en Ejercicio del Consejo Departamental; a los entonces Consejeros Departamentales Fabián Antonio Rodal Coelho, Celín Silva Julio, Carlos Naggib Zeitun Oliva, Christian Marcelo Justiniano Fernández, Zajir Daguer Barba, Luis Fernando Simón Hiza, Elvira Lourdes Mavric Quevedo de Ibañez, César Román Vaca, Ginger Llapiz Leigue, Luis Fernando Selum Rivero y a Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz.

“No solamente destinaron recursos económicos distintos a los preestablecidos y programados por el POA en la gestión 2008, sino que ni siquiera estuvo presupuestado (…) no tenían atribución ni facultad legal ni constitucional para elaborar, aprobar y dictar (…) es irrefutable e incuestionable el daño al Estado Boliviano (…)”, argumenta el Ministerio Público en la imputación.

Entre los fundamentos jurídicos, la Fiscalía señala que el Artículo 6 numeral II de la Ley del Referéndum Nº 2769 del 6 de julio de 2004 establece que “en tanto no exista un GOBIERNO DEPARTAMENTAL electo por voto popular, el Referéndum Departamental será CONVOCADO por el CONGRESO NACIONAL”

Así, “(…) cuando la Prefectura del Beni no se había constituido aún en el momento de convocar al referéndum en un GOBIERNO DEPARTAMENTAL propiamente dicho, puesto que su titular fue DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en virtud del Artículo 109, parágrafo I, de la Constitución Política vigente en la gestión 2008, y fue como Prefecto y no como Gobernador”

Para mayor precisión la Fiscalía recuerda que el 6 de junio de 2005 fue promulgada la Ley 3090, denominada “Ley interpretativa del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado”, cuyo Artículo Único interpreta el Artículo 109 de la Constitución, estableciendo que la designación presidencial de los prefectos será precedida de un proceso de elección por voto universal y directo por simple mayoría. Consiguientemente, el entonces Prefecto del Departamento del Beni no se constituía en un gobernador y por tanto no tenía atribuciones legales para convocar y ejecutar el referéndum autonómico.

Respecto al daño económico, el Ministerio Público señala: “Los imputados con sus conductas y resoluciones han provocado incuestionablemente daño al patrimonio de la Prefectura y los intereses del Estado”. Para ello, invoca el Artículos 31 de la antigua Constitución y el Artículo 122 de la actual, referidos a la nulidad de los actos de los que ejercen funciones que no emanan de la Ley, lo cual hace alusión a que el Referéndum sería nulo y su costo atribuible a los imputados.

La denuncia de la Contraloría también involucra a los entonces miembros de la Corte Departamental Electoral de Beni Zulema Gutiérrez Ortiz de Chávez, ex presidenta y a los ex vocales Elfia Becerra Roca, Rossana Hurtado de Morant, Víctor Edgar Moreno Morales y a Ronald Martorell Roca, cuestionando la suscripción de las Resoluciones de Sala Plena del 10 y 11 de marzo de 2008, que además de los delitos por los que se imputó a las personas señaladas anteriormente, invoca el de Desobediencia a la autoridad, previsto en el Artículo 160 del Código Penal, en virtud a que el 13 de marzo de 2008 la Corte Nacional Electoral emitió la Resolución 018/2008, mediante la cual revocó en todas sus partes las resoluciones 016/2008 de 10 de marzo de 2008 y 017/2008 de 11 de marzo del mismo año, emitidas por la Corte Departamental Electoral de Beni.

La denuncia también abarca al entonces nombrado Responsable de la Unidad Ejecutora (del referéndum en cuestión) Miguel Antonio Chávez Bacigalupo por la ejecución presupuestaria del referéndum.