Tegucigalpa, (PL y Adital).- El asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón elevó a nueve el número de profesionales de la prensa ultimados este año en Honduras y convirtió al país en el más peligroso para el ejercicio de la profesión.

Mondragón, quien trabajaba como director de noticias del Canal 19 de la ciudad de El Paraíso, fue acribillado a balazos anoche cuando estaba sentado en la acera de su casa junto a su hijo, minutos después de salir del programa.

El comunicador había recibido amenazas de muerte por denunciar actos de corrupción cometidos por funcionarios locales y diputados.

La prensa es uno de los sectores más afectados desde el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, con más de 300 agresiones, que van desde asesinatos, hasta abusos, intimidación, censura y cierre de medios.

Sólo en el primer semestre de 2010 perdieron la vida de manera violenta nueve periodistas, mientras que otros debieron salir del país tras recibir amenazas.

Las víctimas son Joseph Ochoa, del canal 51; David Meza, de Radio El Patio; José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez, de Radio Súper 10 y Nahum Palacios, de la Televisión del Aguán.

También fueron asesinados Luis Chévez, de la emisora W105; Georgino Orellana, de un canal de San Pedro Sula y Nicolás Asfura, periodista radial.

Los comunicadores sociales pertenecían a diferentes medios y a distintas regiones del país y la mayoría de ellos había utilizado sus programas para denunciar violaciones de los derechos humanos, casos de corrupción o narcotráfico.

Por otro lado, la organización Rede de Acción e información “alimentación primero” (Fian por sus siglas en Inglés) decidió intensificar las visitas a Honduras, preocupada por la violaciones a los derechos humanos en Bajo Aguán, informó la agencia Adital.

A partir de su último informe sobre Honduras, divulgado el pasado 31 de mayo, la situación no es nada animadora. El documento titulado “Situación de los Derechos Humanos en Bajo Aguán, Honduras”, Fian Honduras afirma que “se agravó la pobreza y las acciones violentas cobran vidas humanas. En Bajo Aguán en el transcurso del año, se reportaron al menos 10 personas muertas, amenazas e intervención directa de las fuerzas represoras del estado contra líderes campesinos y de organizaciones populares; situaciones que se vinculan directamente con la problemática agraria”.

Según el informe, comunidades como Guadalupe Carney y tierras tomadas por el Movimiento Unificado Campesino de Aguán (Muca) quedaron cercadas por policías y militares el 10 de abril y 20 de mayo del presente año. “Agentes militares y policías, detenían y registraban a toda persona que entrase o saliese de los asentamientos campesinos, así lo constataron varias organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales” afirma.

El conflicto entre campesinos y empresarios en la región del Bajo Aguán no es nuevo. Según Fian Honduras, el impase comenzó a inicios de la década de 1990, cuando se inició la compra y venta de tierras de cooperativas, amparada en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El proceso culminó con la venta de los activos de 40 empresas campesinas a Miguel Facussé, René Morales, Reinaldo Canales y otros empresarios de menor poder económico y político. “Por la violación a los procedimientos en la venta de tierras establecidas en la Ley de Reforma Agraria, estas transacciones siguen siendo objeto de investigación”, señala Fian.

En 2001, surge el Muca que por su parte, comienza a reivindica el derecho a la tierra. La confusión parecía caminar a una solución durante el mandato de Manuel Zelaya, quien formó una comisión tripartita entre gobierno, empresarios y campesinos. En esa oportunidad los empresarios se comprometieron a revisar la legalidad de sus compras de tierra y a medir nuevamente las áreas que ocupaban.

Sin embargo, las negociaciones, no pudieron ser concluidas debido al golpe de estado de 28 de junio de año pasado, el cual destituyo a Zelaya de la presidencia de Honduras. En diciembre 2009, grupos campesinos decidieron tomar 28 inmuebles de palma africana por miedo al no cumplimiento a los acuerdos realizados durante el gobierno de Zelaya.

“Desde esa fecha se intensificaron las violaciones a la integridad física y psíquica de las familias campesinas. En enero, se ejecutó un evacuación violenta, dejando heridos, muertos y detenidos, sin que se hayan establecidos las responsabilidades a los autores de tales delitos”, comenta.

La situación se agravó aún más después que el Movimiento denunciara públicamente que la verdadera intención de los empresarios era vender las tierras a precios muy altos. Según denuncias, guardias privados de los empresarios, juntamente con militares y policías, pasaron a circular por la región amenazando a los campesinos.

“Aun cuando el régimen de Porfirio Lobo Sosa y los campesinos del Muca firmaron preliminarmente un acuerdo el 13 de abril pasado en Tegucigalpa, contingentes militares y policías asediaron la zona en conflicto aterrorizando a millares de familias que se encontraban en las tierras tomadas”, agrega

Fian Honduras recuerda que la situación en Bajo Aguán continua siendo complicada, pues además de las amenazas y violaciones a los derechos humanos, muchas familias también viven en condiciones precarias y sufren por la falta de alimentación, la desnutrición, la insalubridad y la improvisación de las viviendas.

“A las difíciles condiciones determinadas por la pobreza, se suman la aflicción, el estado de impotencia y ansiedad de las familias campesinas causado por la presencia de grupos armados con equipos militares sofisticados (armas con rayos laser y visión nocturna), violentas desalojos y constantes amenazas de muerte a los integrantes de diferentes cooperativas, detenciones ilegales, órdenes de captura, entre otras”, completa.

El informe completo de Fian Honduras esta disponible en: http://www.kaosenlared.net/media/20/20930_1_informe_muca_ddhh.pdf