Casi todos los Estados latinoamericanos se comprometieron formalmente a proteger a los pueblos indígenas y a respetar sus derechos consagrados en disposiciones legales y en tratados internacionales, y sin embargo las políticas de desarrollo de varios gobiernos de la región, incluidas las “progresistas”, amenazan seriamente la existencia de comunidades originarias, especialmente de los grupos en aislamiento voluntario.

Se estima que en el mundo unas 100 etnias viven sin contacto directo con la civilización por voluntad propia, entre ellas los sentineleses de India, los tagaeris y taromenane de la Amazonía de Perú y Ecuador, y los totobiegosode del bosque chaqueño de América del Sur, que se extiende desde Paraguay hasta Bolivia y Argentina.

Desde principios del siglo XX, representantes de los pueblos indígenas denunciaron en varios foros internacionales graves violaciones de sus derechos humanos y exigieron a los líderes de la “civilización” que detengan el genocidio.

En 1982 se creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; y en 1989 el Convenio 169 de la OIT reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo su derecho a la tierra que han ocupado tradicionalmente y a ser consultados cada vez que se ejecuten medidas legislativas o administrativas que los afecten.

En 1994, la ONU declaró el “Decenio Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas” para reflexionar y diseñar nuevos mecanismos que protejan a comunidades originarias, y 13 años después, en 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas mediante resolución 61/295.

Varios países ratificaron con leyes el Convenio 169 y la histórica Declaración de la ONU que reconoce el derecho de los indígenas “al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” como pueblos o como personas. Bolivia refrendó el Convenio de la OIT y la Declaración de la ONU mediante las leyes 1257 y 3760, respectivamente.

A pesar de ello, las agresiones y la vulneración de derechos indígenas no sólo no han cesado sino que en algunos casos se han intensificado. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (FPPI) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI ) coinciden en que la causa principal de este fenómeno son las políticas de desarrollo y los proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales y agroindustriales que impulsan casi todos gobiernos de la región, incluidos los denominados “progresistas”.

Los tagaeris y taromenane peligran en Perú y Ecuador

Repsol YPF pidió permiso al gobierno peruano para explorar reservas de petróleo en el Bloque 39 de la Amazonia peruana, una zona fronteriza con el Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Yasuní de Ecuador, donde moran los tagaeris y taromenane, tal vez los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

El Yasuní de 982 mil hectáreas se encuentra en las provincias orientales de Orellana y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. En 1979 fue declarado parque nacional y en 1989 reserva mundial de biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 2007 se delimitó una porción del parque habitada por pueblos indígenas jamás integrados a la civilización occidental, como zona intangible de importancia cultural y biológica, en la cual está prohibido realizar cualquier tipo de actividad extractiva por mandato constitucional.

Sin embargo, la sociedad Repsol-YPF – ConocoPhillips impulsa un proyecto de exploración petrolera en ese territorio indígena, que contempla la instalación de 454 kilómetros de líneas sísmicas, la apertura de caminos y la construcción de más de 100 helipuertos y un oleoducto para transportar crudo hasta la costa del Pacífico, a cargo de la anglo francesa Perenco.

El ministro de Recursos Naturales no Renovables de Ecuador Germánico Pinto aseguró que el Presidente Rafael Correa aprobó los términos de un fideicomiso para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra (unos 850 millones de barriles), pero días atrás la ministra del Ambiente Marcela Aguinaga reveló que se está tramitando la licencia ambiental para explotar el yacimiento petrolero Armadillo, próximo a la zona protegida.

“Por hechos dolorosos ocurridos el del sitio Los Reyes, dar la licencia de explotación al campo Armadillo supone una amenaza real para los pueblos aislados que están en la zona”, comentó a IPS la directora del proyecto Amazonía por la Vida Salvemos al Yasuní de la organización Acción Ecológica, Esperanza Martínez, y confirmó que avanza la construcción del oleoducto en inmediaciones del Parque Yasuní.

La ONG Survival lanzó una campaña internacional en defensa de los últimos pueblos indígenas aislados de Perú con el fin de “dirigir la atención mundial a lo que el gobierno peruano está haciendo a sus pueblos indígenas aislados”, declaró el director de la organización International Stephen Corry.

Survival envió una carta al Presidente Barack Obama advirtiéndole que el proyecto petrolero amenaza la existencia de los últimos pueblos indígenas no contactados del mundo, e instó al Ejecutivo peruano a descartar cualquier intervención petrolera en la zona y en cualquier otra habitada por pueblos indígenas no contactados.

“Operar en dichas áreas pone en peligro las vidas de algunas de las personas más vulnerables de la tierra y es una flagrante violación de los derechos de estos pueblos bajo la legislación internacional y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, dice la misiva enviada a Obama.

Y es que el proyecto petrolero no sólo implica la tala de árboles y la contaminación de fuentes de agua, flora y fauna, sino también la proliferación de enfermedades, virus y bacterias que podrían diezmar a poblaciones indígenas extremadamente vulnerables.

Voceros de Perenco, Repsol-YPF y ConocoPhillips negaron la existencia de estos pueblos, mientras que el presidente de Perú Alan García dijo públicamente que los indígenas aislados son una “creación de los medioambientalistas”.

La etnia totobiegosode bajo amenaza en Paraguay

Las comunidades de cazadores-recolectores nómadas totobiegosodes de Paraguay constituyen el único pueblo indígena no contactado de América Latina que vive fuera de la selva amazónica en pequeños poblados dedicados principalmente al cultivo de calabazas, habas y melones, y a la caza de tortugas y cerdos salvajes.

Sus moradas, a las que en la práctica sólo van a dormir cuando llueve, se alzan sobre un pilar central de madera, soporte de una estructura abovedada hecha de ramas pequeñas y coronada con barro seco, describe la periodista de Prensa Latina Odalys Troya Flores.

La Constitución de Paraguay garantiza la propiedad territorial de los indígenas, pero las tierras de los ayoreo-totobiegosode “han sido tomadas casi por completo por los ganaderos, quienes los obligan a abandonar su selva y dificultan enormemente su supervivencia”, denuncia Survival.

En 1993, un grupo de totobiegosodes “evangelizados” e incorporados a grupos locales tradicionales, solicitó al Estado paraguayo la titulación de unas 550 mil hectáreas del remanente de bosques de sus antiguos dominios para impedir la desaparición de sus hermanos totobiegosodes aislados.

En 1998, el Ministerio de Educación y Cultura declaró a esas tierras Patrimonio Natural y Cultural, y en 2005 la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó en la zona una reserva de la biosfera, buscando “la recuperación, legalización y devolución de las tierras a este pueblo nativo”.

Hasta ahora, sólo se han legalizado cerca de 100 mil hectáreas a favor de la etnia. Survival publicó fotografías satelitales que evidencian el avance de la tala de bosques para la siembra de pastos, y la vertiginosa destrucción del territorio indígena por parte de granjeros menonitas, brasileños y paraguayos, y hasta grupos fundamentalistas como el estadounidense Misión Nuevas Tribus.

En riesgo los mujica nava y los jacareuba/katawixi en Brasil

Las represas gigantes de San Antonio y Jirau que construye la transnacional GDF Suez sobre el río Madera en el Amazonas brasileño inundarán gran parte del territorio de al menos cuatro grupos de indígenas no contactados, dos de ellos conocidos como mujica nava y jacareuba/katawixi, evidenció un equipo del departamento de asuntos indígenas del gobierno brasileño FUNAI.

Un reciente informe de la FUNAI revela que el ruido provocado por la construcción de las represas probablemente ya haya obligado a algunos indígenas no contactados a abandonar su tierra y a desplazarse hacia territorios ocupados por mineros ilegales, donde la malaria y la hepatitis son habituales.

Se prevé que durante la construcción de las represas y caminos de acceso, llegarán a la zona miles de foráneos trayendo consigo enfermedades como la gripe y el sarampión que podrían diezmar a los indígenas, como ya ocurrió con frecuencia en el pasado.

Una coalición de ONGs integrada por Survival, Amigos de la Tierra y Amazon Watch, entre otras, pidió al presidente Inacio Lula da Silva que paralice las obras, mientras que un accionista de GDF Suez, preocupado por la situación de indígenas no contactados que habitan en cercanías de la represa Jirau, exigió explicaciones al presidente de la compañía Gérard Mestrallet.

“Si no se suspende la construcción de las represas muchos indígenas verán sus tierras invadidas y sus recursos naturales saqueados. Los grupos no contactados podrían ser diezmados o incluso erradicados y el gobierno brasileño será responsable de tal desastre”, advirtió el director de Survirval Stephen Corry.

El origen del problema

El informe “La situación de los pueblos indígenas del mundo” de la FPPI publicado a principios de 2010 denuncia las pésimas condiciones de vida de los pueblos originarios en la actualidad, como consecuencia de la expropiación de sus territorios, de los traslados forzados violentos, los abusos de las fuerzas militares y la negación de su derecho a la tierra.

El IX FPPI de la ONU celebrado en 2010 y II Congreso de la CAOI celebrado en marzo coincidieron en que las políticas de desarrollo extractivistas impulsadas por casi todos los gobiernos de la región se han convertido en la peor amenaza para la cultura e identidad de los pueblos autóctonos.

Se ha identificado con claridad que uno de los orígenes de las políticas de dominación de los Estados es la denominada doctrina jurídica del descubrimiento, que de cierta forma legalizó el saqueo de recursos naturales y el despojo de territorios indígenas desde la colonia.

En la actualidad, los pueblos indígenas enfrentan nuevas formas de colonización, entre ellas las famosas “concesiones” extractivistas otorgadas por los Estados a empresas transnacionales, y los tratados y leyes internacionales que intensifican el saqueo de materias primas y la privatización de la naturaleza.

Prácticamente todas las naciones semicoloniales del sur siguen creyendo que el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo, y que es posible erradicar la pobreza con la renta generada por las exportaciones de materias primas y de recursos naturales industrializados.

Por ello, el interés prioritario de casi todos los Estados sudamericanos no es preservar los territorios comunitarios como fuente de identidad y sustento material de los pueblos indígenas, sino acelerar la extracción y la exportación de minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales, que constituyen el sustento económico de sus países.

Así, el extractivismo de bienes naturales sigue siendo el motor fundamental del desarrollo y el crecimiento económico de países periféricos, inclusive de las naciones en transición hacia el “socialismo del Siglo XXI” alternativo al capitalismo, que aún no trasciende el plano discursivo.

La dependencia económica de los países de la región en su condición de proveedores de materias primas inviabiliza cualquier iniciativa liberadora, como por ejemplo el modelo civilizatorio del “buen vivir” propuesto por los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa.

Es paradigmática la experiencia del gobierno boliviano, que ha decidido desarrollar el país con un plan económico quinquenal denominado “salto industrial”, el cual contradice y vulnera varios principios de la nueva Constitución Política del Estado.

La Carta Magna adopta los valores comunitarios de los pueblos originarios preexistentes a la conquista española como sustento del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, y reconoce el derecho de estas comunidades a ser consultadas antes de realizar cualquier actividad en sus territorios. El gobierno boliviano incumplió ese mandato constitucional e inició varios proyectos extractivistas en territorios indígenas y campesinos sin consultar a sus ocupantes.

En los últimos meses, el CONAMAQ, la CIDOB y otras organizaciones indígenas y campesinas denunciaron que el gobierno de Evo Morales viola derechos indígenas consagrados en la Carta Magna y no practica lo que predica en su condición de “Defensor de la Madre Tierra”.

El Presidente Evo Morales se niega a debatir sobre las contradicciones de su gobierno y no reconoce los derechos de organizaciones afectadas por proyectos extractivistas de nuevo cuño.

Al principio, el gobierno ignoraba o menospreciaba sus críticos tildándolos de infantilistas y soñadores: “Amazonía sin petróleo piden algunas ONGs que no quieren que haya gas ni petróleo para los bolivianos; algunos dirigentes sindicales o el movimiento indígena se oponen y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo… ¿entonces de qué vivirá Bolivia”, comentó el Presidente.

Ahora Morales opina que el derecho a la consulta “es una pérdida de tiempo”, no descarta autorizar proyectos extractivistas en territorios indígenas y áreas protegidas por decreto, y amenaza con investigar y sancionar a los “contrarevolucionarios contratados por Usaid” que obstaculizan el “desarrollo” y el “progreso” nacional.

El gobierno busca chivos expiatorios para culparlos de sus propias contradicciones. “Se averiguará, acudiendo a la legalidad, la intromisión de extranjeros y de comprobarse se penará por ley, es un acto que no lo vamos a tolerar, ningún ciudadano debe permitir injerencia externa en temas internos”, amenazó el ministro de la Presidencia Oscar Coca a ONGs y activistas.

El Presidente advirtió al Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) Rafael Quispe que lo denunciará públicamente por oponerse al “desarrollo” de Bolivia.