Un día antes de la visita a Bolivia del secretario adjunto de EE.UU. para Latinoamérica Arturo Valenzuela, el Presidente Evo Morales denunció que varios gobiernos de Estados Unidos “en vez de erradicar el narcotráfico, sólo protegen, encubren y fomentan el narcotráfico”. Para sustentar su denuncia, el mandatario reveló que algunos jueces bolivianos que reciben sueldo de Washington liberaron en varias oportunidades a un conocido narcotraficante, secuestrado hace pocas semanas en un sangriento “ajuste de cuentas” en el que perdieron la vida seis personas.

“De verdad yo no creía que era tan grande el narcotráfico, no pensaba que tenía tal poder económico no sólo en Bolivia sino también en el resto del mundo”, admitió Morales y confesó que el narcotráfico se infiltró en estructuras del Estado y de la Policía

El Mandatario llegó a la conclusión de que “hay mucha complicidad de algunas instituciones como la justicia y también la Policía Nacional”, luego de realizar una “breve investigación” sobre el lamentable y repudiable enfrentamiento entre narcotraficantes registrado semanas atrás en la localidad cruceña de San Ramón.

En el sangriento ajuste de cuentas suscitado el 14 de mayo fue secuestrado el narcotraficante William Rosales Suárez, y sus guardaespaldas acribillados, entre ellos tres serbios y el policía Diego Guardia. El policía Dagoberto Burgos fue herido y dado de baja por su vinculación con el grupo de Rosales. El ex capitán Orlando Araujo fue informante de la DEA durante 10 años y entrenado en Estados Unidos, pero acabó protegiendo a traficantes. El teniente de policía Dagner Paz fue detenido y encarcelado por sus relaciones con narcotraficantes.

El Presidente se mostró sorprendido porque Rosales, detenido en tres oportunidades en los últimos 16 años, fue liberado por jueces y fiscales que reciben sueldo de la NAS (División Antinarcóticos) de Estados Unidos. “¿Cómo es posible que puedan liberar a esta clase de narcotraficantes?”, cuestionó.

Rosales fue detenido en 1994 y condenado a 10 años de cárcel, pero salió en libertad pagando una fianza. En 2000 fue detenido nuevamente y otra vez fue liberado por un juez antinarcóticos. En un operativo realizado en 2008, Rosales fue detenido y procesado por tercera oportunidad y otra vez fue liberado por el juez de narcóticos Roque Leaños, quien recibe ocho mil bolivianos de remuneración de la NAS de Estados Unidos.

Todo esto despierta muchas sospechas, dijo Morales y denunció que los gobiernos de EE.UU., en vez de erradicar el narcotráfico, sólo protegen, encubren y fomentan el narcotráfico, y lo usan para condicionar, chantajear y controlar políticamente a los países.

Evo Morales recordó que en 2009, Estados Unidos asignó a Bolivia 24 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, mientras que a Colombia le otorgó 469 millones de dólares. A pesar de ello “Colombia sigue siendo primer exportador de cocaína. Si desde el 1952 había presencia militar de Estados Unidos, cooperación, recursos, Colombia debía ser país modelo y ejemplo, sin narcotráfico, sin cocaína”.

En papel de la Policía y de EE.UU. en narco escándalos

A fines de 1984, el gobierno de Hernán Siles nombró como jefe antidroga al coronel Carlos Fernández González, quien había sido relevado como subsecretario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Lidia Gueiler en 1980 debido a su vinculación con el narcotráfico.

En la gestión de Fernández se incautaron bienes y dinero a los peces gordos, pero no se detuvo a ninguno de ellos. Su mayor golpe al narcotráfico fue coordinado con la DEA, que infiltró agentes en una organización que pretendía transportar una tonelada de cocaína en una avioneta presidencial.

El 2 de abril de 1985 fue interceptado en el aeropuerto de Cochabamba un avión de la empresa Tauro, cargado con 1.161 kilogramos de cocaína. Entre los detenidos figuró el oficial de policía Alejandro Pacheco Sotomayor, involucrado en el negocio del acopio de droga desde 1975 y nombrado inspector General del Ministerio del Interior en la dictadura de Luis García Meza.

El matutino Los Tiempos informó que el precipitado operativo policial facilitó la huída de los peces gordos. Un día después del operativo fugó del Comando Departamental de la Policía Rogelio Suárez Cabrera, identificado como el principal nexo de los narcotraficantes.

Once de los otros 12 detenidos, entre ellos el Jefe Departamental de Operativos el Tcnl. Gustavo Céspedes, y el Jefe de Seguridad del Aeropuerto de Cochabamba Cnl. Víctor Hugo Marcowsky fueron declarados inocentes y luego liberados.

En septiembre de 1986, el asesinato del científico Noel Kempff Mercado y de otras dos personas en la Meseta de Caparuch, cerca de una gigante fábrica de cocaína, destapó el escándalo conocido como caso Huanchaca.

El funcionario de Narcóticos Ricardo Armaza Garrido reveló que personal de Narcóticos y de la DEA ya sabían de la existencia de las narco fábricas de Huanchaca siete meses antes del triple asesinato. Se supo que el 19 de agosto de 1986, funcionarios de UMOPAR encabezados por el Tcnl. Germán Linares Iturralde y dirigidos por Jimmy Bradley de la DEA intentaron aterrizar un avión DC-3 en la misma pista del complejo. Luego explicaron que habían “fracasado” por el reducido ancho de la pista, afirmación desmentida posteriormente por pilotos que lograron aterrizar en la pista aviones de tamaños iguales o mayores.

El caso Huanchaca evidenció la profunda penetración del narcotráfico en altas esferas del Estado. El subcomandante de UMOPAR de entonces y otros oficiales de la Policía implicaron al propio ministro del Interior Fernando Barthelemy en el caso.

Seis días antes de ser asesinado en noviembre de 1986, el diputado Edmundo Salazar miembro de la primera comisión parlamentaria que investigó el caso requirió el procesamiento de varios involucrados, entre ellos Jorge Roca Suárez, Tita Roca, Sergio Vaca y Alejandro Pacheco, presuntos propietarios de la narco fábrica de Huanchaca.

Otro implicado en el caso Huanchaca fue Humberto Nicanor Gil Suárez, ex oficial de la Armada que fue dado de baja en 1973 por narcotráfico, quien fue sobreseído por la Corte Superior de Santa Cruz antes de que concluyan las investigaciones de Criminalística y de la comisión parlamentaria.

Un documento de inteligencia militar de febrero de 1992 involucró a Gil Suárez en el escandaloso caso de los “narconavales” abierto en enero de 1995, en el que fue detenido el Capitán de Fragata Pablo Oswaldo (Sacate) Justiniano Vaca, presunto organizador de una red de protección al narcotráfico en la Fuerza Naval desde 1975.

Ya en 1987, la prensa denunció la existencia de estructuras de protección al narcotráfico en el Centro de Operaciones Especiales (COE) de la Fuerza Naval. Se logró establecer que la droga almacenada en el cuartel del COE alimentó durante mucho tiempo los requerimientos de la factoría de Huanchaca.

El caso narcoavión

El 15 de septiembre de 1995, la policía antidroga de Perú detuvo en Lima un avión de la empresa Aerobol que transportaba poco más de cuatro toneladas de cocaína. El escándalo conocido como el “caso narcoavión” implicó a jefes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) que coordinaban actividades de inteligencia con funcionarios estadounidenses.

El principal acusado del caso narcoavión fue Luis Amado Pacheco, alias Barbaschocas, hijo del prontuariado narco Alejandro Pacheco Sotomayor.

Las autoridades bolivianas celebraron su gran “golpe al narcotráfico”, pero pocos días después comenzaron a surgir las contradicciones. El embajador de Estados Unidos en Bolivia Curtis Kamman destacó “la cooperación estrecha entre Bolivia, Perú y Estados Unidos”, pero el entonces Subsecretario de Defensa Social Víctor Hugo Canelas aseguró que “el operativo es mérito de la FELCN”. Luego se conoció que fue la DEA la que dirigió el operativo.

A pesar de la negativa del ministro de Gobierno de entonces Carlos Sánchez Berzaín, la Cámara de Diputados conformó una Comisión de Investigación del caso narcoavión. Comenzaron a surgir revelaciones y denuncias que implicaban al propio Carlos Sánchez, a Víctor Hugo Canelas, y al presidente de la Cámara de Diputados Guillermo Bedregal.

Durante las investigaciones, el diputado del Eje Pachacuti Ramiro Barrenechea denunció la existencia de un “comando de ajusticiamiento” en la FELCN que protegía a los narcos de los delatores, asegurando que desde 1990 al menos 25 oficiales habrían sido “eliminados en forma casual y sospechosa”.

Barrenechea dijo que “policías, militares y civiles bolivianos son socios activos de fábricas de químicos instalados en Chile” y que “los informes al respecto están en manos de Inteligencia, la DEA y el Ministerio de Gobierno”. El Ministro Sánchez Berzaín respondió que Barrenechea “intimida a la FELCN a nombre del narcotráfico”.

A fines de octubre de 1995 el diputado Ernesto Machicao (MNR), quien hasta entonces dirigía la Comisión Parlamentaria, renunció a su cargo para irse como Embajador a Corea del Sur, como ocurrió en 1987, cuando el Presidente de la Comisión Parlamentaria que investigaba el caso Huanchaca fue enviado a la URSS como Embajador.

El periodista Carlos D. Mesa denunció la existencia de un “grupo de élite” en la FELCN a la cabeza del director de Inteligencia Gonzalo Butrón Sánchez, que trabajaría directamente con la DEA. Este grupo habría tenido información sobre el avión desde el día 13 de septiembre y sin embargo habría permitido su salida. Luego se conoció que la DEA seguía los pasos de Barbaschocas desde mayo de 1995.

Según declaraciones de algunos agentes, Butrón y agentes de la DEA se encontraban en el aeropuerto 25 minutos antes de la salida del avión, sin que nadie hubiera hecho nada para detenerlo.

El Barbaschocas figuraba en las listas de la DEA por sus vínculos con el narcotráfico por lo menos desde 1994, y sin embargo contaba con visa indefinida para entrar a Estados Unidos.

En 1997, el Juzgado Primero de Sustancias Controladas de La Paz dictó sentencia en el caso narcoavión. El requerimiento fiscal de 25 años de reclusión para Barbaschocas fue reducido a 13 años, en mérito a su “arrepentimiento y cooperación con las autoridades en el esclarecimiento total del caso”.

Mientras tanto, Alejandro Pacheco, padre de Barbaschocas, dirigía la campaña política del MNR durante las elecciones de 1997 en el penal San Pedro de La Paz, y al mes siguiente recobró su libertad.

* Con datos de la investigación “De narcoaviones y protección policial en Bolivia”, Theo Roncken, TNI, 1997.