Como consecuencia de varias iniciativas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, se registraron mejoras en los servicios de salud y educación y en el reconocimiento del derecho a la tierra de los campesinos y los pueblos indígenas. El sistema judicial seguía debilitándose, lo que socavaba las garantías en materia de juicios justos.

Información general

En diciembre, el presidente Evo Morales gano por segunda vez las elecciones presidenciales y su partido obtuvo dos tercios de los escanos de la Asamblea Legislativa. En enero y febrero, respectivamente, se aprobo y promulgo una nueva Constitucion despues de mas de dos anos de negociaciones politicas. La Constitucion establecia como uno de sus fundamentos el caracter“plurinacional” de la mayoria indigena de Bolivia y contenia disposiciones para el desarrollo de los derechos economicos, sociales y culturales.

Disminuyo la violencia politica, pero la polarizacion politica siguio afectando a la vida publica. En abril, en la ciudad de Santa Cruz, baluarte de la oposicion, una unidad de elite de la policia mato a tres hombres presuntamente implicados en la organizacion de una trama golpista contra el gobierno central.

Posteriormente suscito preocupacion el modo en que se estaba llevando a cabo la investigacion del incidente.

Se inicio la investigacion de unos 140 presuntos casos de violacion en la comunidad menonita de Manitoba. Entre las victimas figuraban al parecer ninas de corta edad.

Sistema de justicia

Siguió suscitando preocupación la independencia del poder judicial. Las tensiones politicas socavaban la capacidad de algunas instituciones clave para debatir propuestas encaminadas a reformar la magistratura de manera coordinada.

En junio dimitio el ultimo magistrado del Tribunal Constitucional, dejando al pais sin un mecanismo de supervision de las garantias constitucionales y con mas de 4.000 casos sin resolver.

Preocupaba la posibilidad de que la persistente inestabilidad y politizacion del sistema de justicia menoscabara la aplicacion de las normas internacionales sobre juicios justos. En 2009 se inhabilitó y acusó formalmente de irregularidades procedimentales a numerosos jueces y funcionarios judiciales, incluidos varios magistrados de la Corte Suprema. Entre ellos figuraba el presidente de este organo, Eddy Fernandez, inhabilitado en mayo por presunta retardación deliberada de la justicia en el caso de Octubre Negro.

La presentacion de recursos obstaculizo el desarrollo de varias causas relevantes y dio origen a denuncias de injerencia politica. Por ejemplo, la interposicion de recursos por cuestiones de jurisdicción retraso el avance de la causa relacionada con el estallido de violencia que se registro en septiembre de 2008 en el departamento de Pando y que se cobró la vida de 19 personas, en su mayoria campesinos. Las denuncias sobre la parcialidad de los jueces encargados de algunas causas ocasiono la presentacion de varios recursos mas por cuestiones de procedimiento.

Dos comisiones especiales nombradas en 2008 por la Camara de Diputados presentaron sus conclusiones sobre la masacre de Pando y la violencia racista registrada en Sucre en mayo de 2008. Al finalizar el ano continuaba en Sucre el juicio contra varios cargos y dirigentes locales acusados de torturas y delitos de orden publico. Los diputados recomendaron que se procesara a mas de 70 personas, entre ellas a Leopoldo Fernandez, ex prefecto de Pando, por su implicacion en la matanza ocurrida en este departamento. Se preveia que el juicio comenzara a principios de 2010.

Impunidad

En mayo se inicio el juicio contra 17 altos cargos, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, en relacion con unos sucesos acaecidos en octubre de 2003, denominados “Octubre Negro”, en los que murieron al menos 67 personas y resultaron heridas mas de 400 en unos enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban por la intencion del gobierno de enajenar las reservas de gas del pais. Al finalizar el ano, Gonzalo Sanchez de Lozada seguía en Estados Unidos en espera del resultado de una solicitud de extradicion. Durante 2009, varios ex ministros implicados en el caso eludieron la accion de la justicia al abandonar el pais.

En noviembre, un tribunal estadounidense resolvió que existian motivos suficientes para juzgar en Estados Unidos a Gonzalo Sanchez de Lozada y al ex ministro de Defensa Carlos Sanchez Berzain en una demanda civil por danos relacionada con presuntos crimenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos extraditó a Bolivia al ex ministro de Gobierno Luis Arce Gomez, quien, tras su llegada al pais, fue condenado a 30 anos de carcel. En 1993 habia sido declarado culpable de delitos de desaparicion forzada, tortura, genocidio y asesinato perpetrados en 1980 y 1981.

En julio comenzaron en Teoponte, una zona rural situada a 300 km de La Paz, los trabajos para localizar los restos de los miembros de un movimiento armado de oposicion que fueron victimas de desaparicion forzada en 1970. Al finalizar el ano se habian encontrado nueve cadaveres y seguia la busqueda de los restos de unas 50 personas más, muertas al parecer en las mismas circunstancias.

El Ministerio de Defensa aprobó un procedimiento que permitia solicitar documentación a las fuerzas armadas sobre violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. El presidente Morales subrayo en un primer momento que no existia documentacion sobre desapariciones forzadas ocurridas durante gobiernos anteriores.

Derechos de los pueblos indígenas

En mayo, el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indigenas publico un informe en el que se reconocían los pasos dados por el gobierno boliviano para identificar situaciones de servidumbre, trabajo forzado, trabajo cautivo y esclavitud de familias cautivas. Se criticaban tambien los arraigados intereses imperantes en los comites civicos y las prefecturas de las tierras bajas que posibilitaban la continuacion de estos abusos.

En julio, el viceministro de Tierras anuncio un nuevo plan para el asentamiento de unas 2.000 familias de los departamentos de Cochabamba y La Paz en 200.000 hectareas de tierras identificadas como fiscales (tierras del Estado) en el departamento de Pando. En agosto se efectuaron los primeros traslados, pero posteriormente se canceló el plan debido a la preocupación que suscitaba la falta de servicios e infraestructuras.

Derechos de las mujeres

En mayo, el gobierno puso en marcha una iniciativa para reducir la mortalidad materna mediante la concesion de un incentivo en metalico a las madres con objeto de que se sometieran a revisiones médicas gratuitas antes y despues del parto. Se recibieron numerosas solicitudes, pero las mujeres que no tenian una partida de nacimiento encontraban al parecer obstaculos a la hora de acceder a este servicio médico. Los profesionales de la salud senalaron que se habia registrado un aumento del numero de abortos clandestinos y embarazos de adolescentes durante el ano, pero no se disponia de datos globales fiables que confirmaran esta afirmacion.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Bolivia en agosto.