Un error de procedimiento impidió que la ley Transitoria de Autonomias sea promulgada hoy por el presidente Evo Morales. En la víspera, tras 20 horas de sesión, los diputados se sintieron tan cansados que apenas la ley fue aprobada en detalle abandonaron el hemiciclo parlamentario, dejando a la oposición el recurso de reconsideración con el que finalmente lograron frenar a la ley, aunque con 80 de 130 curules en su control, el oficialismo da por descontada su reatificación.

“Algunos diputados de la oposición han hecho uso de un recurso de reconsideración para poder revisar y reconsiderar la Ley Transitoria de Autonomías y lo que corresponde es que se vuelva a convocar a una sesión de la Cámara de Diputados, exclusivamente, para el tratamiento de esa ley y, en tanto no ocurra eso no se la puede promulgar”, explicó el vicepresidente de esa instancia legislativa, el opositor Víctor Hugo Zamora.

“Una vez que se plantea la reconsideración y no existe la aceptación por parte de los dos tercios de los asambleístas de la Cámara de Diputados ya tiene un candado para posibilitar una nueva reconsideración y dejar cerrado el debate”, argumentó Zamora. Parlamentarios opositores atribuyeron el error procedimental a la inexperiencia de los legisladores oficialistas.

Según las normas parlamentarias, el recurso de consideración o revisión de una ley aprobada puede ser presentado hasta 48 horas después. El recurso fue solicitado ayer, apenas la norma fue aprobada por los diputados.

Es previsible que la norma sea aprobada finalmente esta tarde.

La oposición espera eliminar los artículos 8, 9 y 10 de la ley, los mismos que establecen los mecanismos para la suspensión de los gobernadores sobre los cuales pesen imputaciones penales y su reemplazo.

Según la oposición, la norma es inconstitucional debido a que en la Constitución sólo se prevé la destitución de autoridades cuando exista una sentencia ejecutoriada. El oficialismo considera que la oposición sólo quiere defender a los tres gobernadores opositores sobre los cuales pesan indicios de corrupción. Para dos de ellos ya existen imputaciones penales formales por lo que de no modificarse la ley serán suspendidos casi de forma inmediata a su posesión.