(Agencias).- La realidad de extrema pobreza de las comunidades autóctonas y la usurpación de territorios indígenas son temas centrales en los debates del IX Foro Permanente de Asuntos Indígenas (FPPI) que sesiona en Naciones Unidas con la participación de alrededor de dos mil delegados de diversas comunidades del mundo.

La ONU declaró el “Decenio Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas” en 1994 con el fin de establecer nuevas formas de protección de los comunidades originarias. Se crearon espacios internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982 y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en 2000.

En 2007, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El primer artículo de ese cuerpo legal señala que “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El Consejo Económico y Social de la ONU estableció el Foro Permanente de Asuntos Indígenas en julio de 2000, integrado por 16 expertos en la materia, ocho designados por los gobiernos y el resto por organizaciones indígenas regionales.

Ahora, durante dos semanas de trabajo, el IX FPPI de la ONU debatirá sobre el impacto de las políticas de desarrollo sobre la cultura e identidad de los pueblos autóctonos. Uno de los puntos principales girará en torno a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, texto que, se espera, garantice la participación plena y efectiva de esos conglomerados en los procesos de desarrollo y en el diseño de sus políticas.

La agenda incluye una amplia variedad de temas, entre ellos las consecuencias de la crisis económica mundial para los pueblos indígenas y la interrelación de esas comunidades con las empresas transnacionales.

La reunión recibirá los resultados de un estudio sobre las consecuencias de la teoría jurídica internacional conocida como la Doctrina del descubrimiento, que ha servido de fundamento para la violación de sus derechos humanos de los indígenas.

Un cuadro de miseria

En la apertura del XI FPPI, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon dijo que la tercera parte de las personas más pobres del planeta pertenecen a los conglomerados nativos. Las culturas, lenguas y modos de vida de ese segmento demográfico están bajo constante amenaza por el cambio climático, los conflictos armados, la falta de oportunidades y la discriminación.

En enero pasado, la organización mundial publicó un informe que constituyó una severa denuncia sobre las pésimas condiciones de vida de los pueblos originarios, reflejada en alarmantes indicadores de salud, pobreza, educación, desempleo y abusos de sus derechos.

El reporte titulado “La situación de los pueblos indígenas del mundo”, presentado en México y elaborado por siete expertos a petición de la ONU, resalta la permanencia de varios asuntos pendientes de resolución. La pobreza, el derecho al territorio y la protección de los recursos naturales asentados en zonas de dichas comunidades se cuentan entre ellos.

En el planeta hay unos 370 millones de originarios, que equivalen al cinco por ciento de la población mundial, y de los 900 millones de personas pobres de áreas rurales representan una tercera parte.

Ser indígena equivale a ser pobre y con el tiempo esa situación se ha perpetuado. Se demostró que los trabajadores nativos cobran de media la mitad que los no indígenas, en gran parte a causa de la discriminación y la brecha en la calidad de la enseñanza.

“Pese a los esfuerzos, no se ve solución en el futuro previsible”, admite el estudio. “Nunca fuimos pobres, los colonizadores nos llevaron a esta situación”, afirmó el líder aborigen brasileño Marcos Terena, en una de las presentaciones del informe de la ONU.

Unos 34 millones de indígenas viven en América Latina. Un originario en Paraguay tiene una probabilidad 7.9 veces más alta de ser pobre que el resto de la población; en Panamá, 5.9; en México, 3.3, y en Guatemala 2.8.

La ONU asegura que la pobreza “extrema y omnipresente” de los indígenas en México es 3,3 veces superior a la registrada en el resto de la población. Según reconoce el Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, esas comunidades “viven los mayores rezagos en materia de bienestar y acceso a servicios básicos, y enfrentan una profunda desigualdad”.

A escala nacional, de los 17 millones de mexicanos residentes en municipios con alta y muy alta marginación, 6,1 millones son indígenas; es decir, ellos representan el 10 por ciento de la población nacional y constituyen el 60,4 por ciento de los que viven esas condiciones de precariedad.

En materia de salud, el estudio regional señaló la mala nutrición, el acceso limitado a la asistencia, la escasez de medios fundamentales y la contaminación de los recursos naturales como factores que agravan la situación. Los pueblos indígenas padecen altos niveles de mortalidad materna e infantil, malnutrición, enfermedades cardiovasculares, VIH-Sida y otras enfermedades contagiosas como la malaria y la tuberculosis.

En Estados Unidos, los nativos están expuestos a contraer la tuberculosis 600 veces más que el resto de la población, mientras que en Australia y Nepal los niños indígenas tienen una esperanza de vida de 20 años, índice que cae a 13 en Guatemala y a 11 en Nueva Zelanda.

Entre los males que sufren las comunidades originarias están la violencia, las políticas de asimilación, la expropiación de sus tierras, la marginalización, los traslados forzados o reubicaciones, los abusos de las fuerzas militares y la negación del derecho a la tierra.

El territorio para los indígenas mantiene la condición de ser fuente de identidad, de sustento material y espiritual, de derechos y de vida. El desplazamiento de sus tierras, territorios y recursos es uno de los peligros más graves que encaran; ello se materializa, según expertos, especialmente en Malasia, Indonesia, Tailandia, Hawai, Rwanda, Burundi, Uganda, República Democrática del Congo y Colombia.

Apunta el estudio de la ONU que en Colombia, durante los últimos tres decenios, miles de indígenas se han visto desplazados. Tal realidad ha incrementado aún más el número de refugiados entre la población de países vecinos, como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

El boliviano Carlos Mamani, elegido nuevo presidente del FPPI, subrayó que los indígenas ni siquiera son una clase social, sino pueblos que han sido víctimas de una invasión y cuyos derechos fueron ignorados. Históricamente, los indígenas han sido despojados de sus tierras para que otros se beneficiaran de sus riquezas, afirmó al reclamar la devolución de lo robado, en especial por empresas mineras y petroleras.

Nuevas amenazas

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI ) enfrenta continuas agresiones a los pueblos indígenas en sus territorios; su peor amenaza es el modelo de desarrollo extractivista y neoliberal.

Los pueblos indígenas fueron constantemente desplazados de sus comarcas durante la etapa colonial, y en la actualidad enfrentan nuevas formas de colonización denominadas “concesiones” que, otorgadas por los Estados para la extracción de los recursos naturales, amenazan sus espacios.

En los últimos años se ha hecho más intensa la promoción de proyectos extractivos y el impulso de tratados y leyes que privatizan los bienes naturales y favorecen el saqueo y la depredación de la naturaleza, al tiempo que militarizan territorios y criminalizan las luchas sociales.

En el II Congreso de la CAOI celebrado entre el 11 y 13 de marzo, aproximadamente 400 delegados de organizaciones indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Argentina y Chile señalaron con claridad que las amenazas que hoy sufren los pueblos indígenas del continente son principalmente las políticas neo desarrollistas y los proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales y agroindustriales que saquean, depredan y contaminan a la Pachamama.

La crisis ha agudizado la dependencia económica de los países andinos de los mercados foráneos, provocando un “crecimiento empobrecedor”, como define el economista Alberto Acosta. El capital busca resolver la crisis por sobreacumulación del capital a través de procesos de acumulación por desposesión, dice David Harvey.

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade advirtió que más de 62 pueblos indígenas de Colombia están en peligro de extinción y sus territorios son entregados a transnacionales petroleras, mineras y madereras.

En Perú, el gobierno de Alan García impone proyectos mineros y petroleros contra la voluntad de los pueblos indígenas. La mayor parte del territorio amazónico peruano ha sido concesionado a empresas petroleras y pervive el recuerdo de la Masacre de Bagua.

Semanas atrás, un informe de monitoreo de la OIT respecto al cumplimiento del Convenio 169 cayó como balde de agua fría al gobierno peruano, pues le exhorta a suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales mientras no se asegure la participación y consulta de los pueblos indígenas afectados.

El artículo 6 del Convenio 169, ratificado en 1994 por Perú, obliga al gobierno a consultar a los pueblos indígenas cada vez que se ejecuten medidas legislativas o administrativas que los afecten, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento. Sin embargo, a casi un año de la Masacre de Bagua no existe una ley que regule este derecho. Por el contrario, el informe de la OIT observa la promulgación de leyes sectoriales que desvirtúan el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

El Reglamento de participación ciudadana en actividades de hidrocarburos señala que la consulta es una forma de “llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus beneficios”, es decir que no cumple con los requisitos del Convenio 169. Lo mismo ocurre con el Reglamento de participación ciudadana en el Subsector minero.

Según la OIT, la consulta no solo debería ser informada, previa y libre, sino efectiva. Esto no quiere decir que los indígenas pueden vetar proyectos sino que la ley de consulta debe otorgarles la oportunidad de influir en la decisión adoptada.

Los pueblos mapuches de Argentina y Chile denunciaron la imposición de proyectos extractivos, forestales y energéticos. En Ecuador, los pueblos indígenas luchan por la reformulación de las leyes minera, del agua, de soberanía alimentaria, entre otras, para que sean coherentes con los principios de su nueva Constitución. Pero los indígenas ecuatorianos no ven voluntad política en algunos sectores del gobierno.

En Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera reiteró el lunes que no se discutirá los graves problemas medioambientales causados por la política neodesarrollista del gobierno en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Madre Tierra (CMPCC), como pidió el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Los pueblos indígenas bolivianos sufren en carne propia los efectos de la contaminación minera y petrolera, y quieren debatir este problema en la Conferencia con el fin de buscar soluciones. “No estoy seguro si es CONAMAQ, creo que detrás de ella hay algunas ONGs (…) Parece que algunos compañeros no están entiendo cuál va a ser el cuestionamiento de los pueblos para defender la Madre Tierra frente a la vorágine de la destrucción capitalista”, comentó García Linera.

Lo cierto es que la creciente la demanda de energéticos y otros bienes naturales como materias primas para sostener el desarrollo capitalista amenaza los territorios y la pervivencia de pueblos indígenas en todo el mundo.

Según el dirigente ecuatoriano y ex presidente de la Ecuarunari Humberto Cholango, “la disputa es por los bienes naturales, gran parte de ellos en territorios indígenas (…) hoy más que nunca está vigente la lucha por la tierra y por el territorio; no es posible el Buen Vivir sin procesos de redistribución de la tierra”.

Con información de Prensa Latina (periodistas Victor M. Carriba, Reina Magdariaga Larduet, María Julia Mayoral Tatiana) y Roa Avendaño, Ambientalistas en Acción – Censat Agua Viva: www.censat.org