El derecho a consulta y al consentimiento previo de las naciones y pueblos indígenas en torno a la explotación de los recursos naturales en sus territorios es una de las principales conquistas de las organizaciones indígenas en todo el mundo. Lo es, en la medida que pone un freno legal, asumido en el marco de la democracia representativa, al avasallamiento permanente que sufrían las comunidades indígenas de todo el planeta frente a la voracidad del capitalismo, depredador, saqueador y expoliador de la riqueza natural, allí donde se encuentre, pero especialmente en los países que se convirtieron en el escenario de su expansión imperialista y globalizadora durante el siglo XX y esta primera década del siglo XXI: el llamado Tercer Mundo.

En los hechos, el derecho de consulta es una frágil línea que separa las prácticas aberrantes del pasado (que incluyeron el genocidio de multitud de pueblos indígenas y el etnocidio de poblaciones enteras) con las buenos deseos de inclusión y respeto con los que nos llenamos la boca en el presente.

La triste experiencia y los sucesos de Baguá, que conmovieron hace poco a la Amazonía peruana, demuestran que lejos estamos que el derecho de consulta no sólo sea respetado, sino al menos ejercido de manera conveniente.

Al mencionar a Baguá, entramos de lleno a un drama medular de este presente conflictivo, caracterizado por una crisis profunda del modo de producción capitalista en todo el planeta y la identificación del territorio amazónico como una de las fronteras a superar, abriéndolo a la voracidad desarrollista, en aras de explotar indiscriminadamente sus recursos naturales, y convertirlo en uno de los soportes para la reconfiguración del modelo de acumulación vigente.

Está claro que los "amos del mundo" han decidido que la Amazonía debe ser sacrificada al altar del capital, bajo el manto encubridor e hipócrita del tan proclamado desarrollo y el alabado progreso que, entre otras virtudes, sacaría a la región del olvido y el abandono estatal y a sus poblaciones indígenas, del primitivismo y la pobreza.

Esa es la Amazonía como la quieren Alan García o Mario Vargas Llosa o como ya la está imponiendo a la fuerza, el ex obrero metalúrgico y actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.

Según declaraciones registradas en un periódico, Lula dijo en el municipio de Alta Floresta, en el norte del estado de Mato Grosso, que está "orgulloso" que productores rurales que antes tenían apenas 50 hectáreas en el estado de Río Grande del Sur "hoy tengan 2.000 hectáreas (en la selva amazónica), posean casa y auto. Están bien con la vida porque produjeron, trabajaron". (1)

Lo dijo la misma semana donde aprobó una ley para legalizar la usurpación hecha por empresarios privados de 67,4 millones de hectáreas de selva amazónica, ya arrasada para cultivar soya y criar ganado. O sea una Amazonía para otros, no para los amazónicos.

Lo dijo en Matto Grosso, uno de los estados más devastados por el agronegocio.

Lo dijo, por encima de los derechos de decenas de pueblos indígenas de la Amazonía brasileña que hoy enfrentan un dilema de hierro: someterse, asimilarse o desaparecer.

El tan mentado "derecho de consulta", insistimos, es tan elusivo y tan tenue que, en la triste realidad que referimos, no existe.

Por ello, lo que está en el fondo de la discusión y en el primer lugar en la agenda de la lucha, más allá del incumplimiento de las leyes, es el modelo de desarrollo que se busca imponer, y con violencia, sin dudas.

Ese modelo de desarrollo tiene dos consecuencias irreversibles: la destrucción de la floresta, la abolición de la selva como el último ecosistema en su tipo en el mundo, y la desaparición física o la asimilación definitiva de sus pueblos indígenas, incluyendo los últimos pueblos aislados que existen sobre la faz de la Tierra.

Frente a ello, está claro que hay que elegir y que no hay soluciones intermedias: o se está con la naturaleza y con los indios, o se está en contra de ellos. O se está con la vida en la Amazonía o se promueve la muerte de la selva y de su gente.

Alerta en Bolivia

Sabrán disculpar toda esta introducción pero es necesaria y urgente para enmarcar un hecho emblemático que acaba de suceder en Bolivia, el pasado 2 de julio.

Ese día, dirigentes de la CPILAP -Central de Pueblos Indígenas de La Paz-, la OPIM -Organización del Pueblo Indígena Mosetén- y la PILCOL -Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja- presentaron un memorial a Oscar Coca, ministro de hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitando la nulidad del proceso de consulta y participación en el Proyecto Sísmica 2D, Bloque Lliquimuni, Fase 2, a nombre de las comunidades indígenas mosetenes de Simay, Santa Ana y San Pedro y a las comunidades lecas y originarias de Larecaja de Michiplaya, Mariapu, Nueva Generación, Santa Rosa de Carura, Carura, Candelaria, Barompamapa, Tutilimundi, Alacarani, Pelera, Chabarría, Wituponte, Tres Arroyos, San Julián, Aguas Blancas, Flor de Mayo, Alto Chijini, San Miguel, La Aguada, Polopata, Pajonal Vilaque, Cotapampa, Challanapampa, Salacala, Yolosanai, Wacacala, Trapichiponte, Kelequelera, Santa Rosa de Challana y Chushuara.

Anoté los nombres de todas las comunidades indígenas porque es un deber que todos las conozcamos, al menos así, porque, como decíamos, pueden desaparecer avasalladas por los impactos de la actividad petrolera que se pretende impulsar; de ahí, la impugnación presentada por los dirigentes.

Anoté también sólo tres nombres de las ocho comunidades mosetenes: son las únicas tres que han resistido las maniobras y los sobornos ya denunciados (2) y que han dividido, como es visible, al pueblo Mosetén, constituyéndose, en sí misma, esta primera denuncia hecha por los dirigentes, en una prueba evidente del etnocidio que también ya se denunció. (3)

Más allá de la fría elocuencia del lenguaje de los abogados (acusa al ministerio de "acciones de mala fe con directa interferencia, intromisión e influencia", etc., etc. y de violar abiertamente tanto la Constitución Política del Estado Plurinacional, como la Declaración Universal de los Derechos Indígenas -Bolivia fue el primer país en darle rango de ley-, así como el Convenio 169 de la OIT y las propias leyes nacionales del sector), la denuncia de la CPILAP-OPIM-PILCOL es desesperada: muestra el grado de angustia y avasallamiento en la que se están debatiendo los hermanos mosetenes y lecos.

Esta claro que si esto no se detiene, si esta fiebre petrolera- desarrollista inexplicable no cesa, seguirán los Quechua-Tacana, los Tacana, los Ese Eja, los Chimane y los Toromona.

Seguirán todos los pueblos indígenas de la Amazonía Sur boliviana.

Bolivia: el primer país del mundo en convertirse en Estado Plurinacional, proclamando al Vivir Bien como paradigma de una sociedad nueva.

Bolivia: el país más reconocido en el mundo por la defensa de los derechos indígenas que hace su presidente, Evo Morales, el primer indígena en la historia en asumir la primera magistratura.

Bolivia y Evo Morales: el que propuso y lograr aprobar en la ONU, para orgullo de todos, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Hermano, compañero, querido Evo: ¿qué está pasando en el Ministerio de Hidrocarburos? ¿Por qué hacen llorar y sufrir a los hermanos lecos y a los hermanos Mosetenes?

Son interrogantes que deberían ser escuchados, así como el memorial presentado al Ministro Coca por las organizaciones.

No es un papel más: es el clamor de las comunidades indígenas, es el clamor de los pueblos.

Notas

(1) Ver Eleonora Gosman: Lula traspasa a manos privadas una gran parte del Amazonas. Clarín.com, Buenos Aires, 26 de junio de 2009. En: http://www.clarin.com/diario/2009/06/26/um/m-01946887.htm

(2) Ver Comunicado de prensa del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), La Paz, 3 de julio de 2009. En: http://www.kaosenlared.net/noticia/bolivia-senor-ministro-coca-quien-dice-verdad

(3) Ver Pablo Cingolani: ¿Petroandina comete delitos de etnocidio contra el pueblo Mosetén? En: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009070707&PHPSESSID=7a51b9313c38b09a0c8db0907fc60510