García Linera opina que los prefectos opositores necesitan un "baño de realidad"

Que la derecha no se ilusione: Las minorías no pueden modificar la Constitución de las mayorías

Redacción Bolpress

septiembre 25, 2008Publicado el: 7 min. + -
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Los prefectos autonomistas retomaron el diálogo con el gobierno de Evo Morales el 18 de septiembre en Cochabamba, repudiados dentro y fuera del país por encabezar una fracasada intentona golpista. Los derechistas tres veces derrotados en las urnas y condenados por la comunidad internacional, como si nada hubiera ocurrido, exigieron el reconocimiento de sus ilegales estatutos autonómico-federales y propusieron redactar un nuevo proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) más liberal y menos "comunitarista".

En una nueva correlación de fuerzas y ante la mirada mundial, la derecha conservadora no tuvo otra opción que asumir un reto que siempre eludio: enfrentar con ideas al nacionalismo indígena de Morales, un proyecto político moderado, respetuoso de la propiedad privada y de la inversión extranjera, y que busca convertir a los pequeños productores en la nueva burguesía nacional.

Se conformaron tres mesas de trabajo para resolver la controversia por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para compatibilizar la nueva CPE y los estatutos autonómicos, y para alcanzar un pacto institucional que permita elegir en el Congreso a autoridades del Poder Judicial.

El gobierno propuso que el 1 de octubre el Congreso convoque al referéndum constitucional y dirimitorio de la tierra. Los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) plantearon extender las negociaciones por un plazo de 30 días.

En el tercer día de diálogo, el Vicepresidente Alvaro García Linera propuso suscribir de inmediato un acuerdo más flexible de tres puntos: 1. Devolución y normalización inmediata de instituciones públicas e instalaciones petroleras en presencia de notarios públicos; 2. Conformar mesas de trabajo para los temas del IDH y la compatibilización de CPE y estatutos, y 3. Viabilizar hasta el 1 de octubre la convocatoria congresal al referéndum constitucional y dirimidor sobre la extensión máxima de la propiedad agraria (5 mil o 10 mil hectáreas).

A nombre del Conalde, el prefecto de Tarija Mario Cossío respondió que la oposición no se niega a aprobar una nueva Constitución, pero no "a ojo cerrado y sin que hubiera concluido el trabajo de las comisiones establecidas". En su criterio, "resulta muy difícil que hoy (domingo) se pueda fijar fecha para convocar a referendo porque eso supondría que se clausura la posibilidad de discutir otros temas de alta relevancia para el país en ese texto constitucional, que no sea solamente la autonomía".

Cossío dijo que los prefectos del Conalde están dispuestos a continuar dialogando en el marco de "los plazos alcanzados en el documento de bases para instalar un diálogo y construir un gran acuerdo nacional", en el cual el gobierno se compromete a no convocar a ningún referéndum hasta concluir el diálogo en el plazo de un mes.

Autonomía

El Presidente Morales reiteró su disposición a debatir sobre las competencias y atribuciones de las autonomías: "Esas diferencias estamos dispuestos debatir, esa es la compatibilización, cómo juntar estatutos autonómicos con la nueva Constitución concerniente al tema de las autonomías".

El gobierno aceptó modificar el capítulo de autonomías del proyecto de CPE y superar las contradicciones internas, pero preservando la integridad y contenido del proyecto.

La oposición autonomista reclamó "autonomía plena", es decir facultades absolutas para las prefecturas y que el Estado central administre sólo los servicios de meteorología y correos.

Los prefectos del Conalde no se ponen de acuerdo en el tema de autonomías. Tarija tiene una posición más flexible; Santa Cruz y Beni son más radicales, y los representantes de Chuquisaca son neutrales.

Finalmente, se acordaron tres niveles autonómicos: departamental, municipal e indígena con competencias exclusivas, compartidas, concurrentes y privativas e indelegables del Estado plurinacional.

Se elaboró una matriz de asignación competencial de al menos tres categorías: 1. competencias privativas de Estado nacional en legislación, reglamentación y ejecución; 2. competencias legislativas exclusivas del Estado y reglamentación o ejecución departamental, y 3. Competencias compartidas del nivel nacional y del nivel subnacional..Queda pendiente la discusión sobre los temas duros: las competencias en tierras y recursos naturales. No se descartan cambios en la pregunta del referéndum dirimitorio sobre el límite de la propiedad agraria.

Se alarga el diálogo

El Presidente Morales esperaba firmar este jueves un documento que delinee la negociación con la oposición en base a los informes de las comisiones de autonomías regionales e IDH. Pero el esperado acuerdo no llegó porque no se lograron resolver las principales controversias.

El Ejecutivo y la oposición reconocen de manera unánime que lo avanzado en el tema autonómico es "significativamente sustantivo", pero la comisión acordó que se requiere algunos días más de trabajo y que vale la pena darse más tiempo para consensuar un capítulo pleno en la Constitución, informó el ministro de Desarrollo Rural Carlos Romero.

Esta mesa consensuó una metodología y un sistema de asignación competencial, y llegó a acuerdos en torno a los principios, alcances y modalidades, pero continua el debate sobre materias compartidas y régimen fiscal. Se mantienen al menos tres temas en discenso.

"Necesitamos 3 o 4 días más para redondear temas pendientes en las comisiones, para que en los primeros días de la proxima semana se concluya el trabajo", informó Romero. El diálogo continúa sin condiciones y sin la presión de movilizaciones sociales. La propuesta del Presidente que sigue en curso.

El prefecto Cossío coincidió que en una semana de diálogo se avanzó bastante en el tema de las autonomías, pero el trabajo no ha concluido. En la mesa del IDH quedan discrepancias en torno a las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad. En su criterio, las dos comisiones acabarán su tarea hasta el lunes.

El prefecto tarijeño recalcó que el Conalde no ha suscrito ningún documento, como pidió Evo Morales: "Todavía no sabemos cómo van a terminar las mesas de diálogo; los prefectos suscribiremos sólo un documento que de por finalizado el proceso de diálologo".

Chacota política

Cossío aseguró que el Conalde tiene voluntad de construir un acuerdo, pese a las dificultades del diálogo. Sin embargo, pide más flexibilidad en la discusión de una nueva CPE que represente al conjunto nacional.

El prefecto Cossío dijo que la prioridad es analizar todo el proyecto de CPE y no sólo limitarse a las autonomías departamentales. "Lo que debemos hacer más allá de cualquier medida de presión es lograr construir acuerdos de verdad, que sinteticen la voluntad de dos partes y sea de beneficio para Bolivia".

El gobierno propone cambiar un capítulo de autonomía, devolver una parte del IDH y que se acepte toda la Constitución. Pero no se puede concertar una Constitución que no garantiza la igualdad entre todos los ciudadanos porque clasifica a la gente por razas. Bolivia necesita una Constitución concertada para de esta manera lograr la paz, estabilidad y la unidad, declaró el presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos).

Al principio de las charlas, el gobierno aceptó enriquecer el capítulo de autonomías en la nueva Constitución con correcciones puntuales, pero nunca dijo que abriría una discusión sobre aspectos generales del proyecto constitucional.

"Esto es una chacota política, es una exageración y un abuso político pensar que toda la Constitución ahora tenga que ser modificada por el interés o el capricho de fuerzas políticas regionales. No se puede ganar en una mesa de diálogo lo que se perdió delante del pueblo mediante el voto", respondió el Vicepresidente García Linera.

Necesitan un "baño de realidad" algunas autoridades regionales que pretenden introducir en el diálogo temas que nada tienen que ver con el IDH y las autonomías. Eso "está fuera de lugar, es irresponsable, además de ilusorio", advirtió el Vicepresidente.

"No es posible que fuerzas políticas regionales que tenían dos o cuatro constituyentes ahora quieran aparecer con una fuerza y con un poder para modificar la Constitución. No es posible que con cuatro o 10 constituyentes quieran imponer o chantajear a un documento que fue aprobado por 168 constituyentes", recalcó García Linera.

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