El ministro de Defensa Walker San Miguel lamenta la “actitud soberbia y rabiosa” del prefecto cruceño

Rubén Costas se desmarca del Conalde, no dialoga y comienza “legislar” la autonomía en Santa Cruz

Redacción Bolpress

agosto 13, 2008Publicado el: 6 min. + -
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Mediante “ley” departamental, el prefecto Rubén Costas convocó a elecciones de asambleístas, subgobernadores y corregidores de gobierno autónomo de Santa Cruz para el 25 de enero de 2009, mientras sus aliados del Consejo Nacional Democrático (Conalde) instalaban el diálogo con el gobierno en La Paz.

Los prefectos Ernesto Suárez de Beni, Leopoldo Fernández de Pando, Mario Cossío de Tarija, Savina Cuéllar de Chuquisaca y el secretario General de la prefectura de Santa Cruz Roly Aguilera, en representación de Costas, comenzaron a dialogar con el gobierno en el Salón de los Espejos del Palacio de Gobierno, junto a los prefectos Alberto Aguilar de Oruro y Mario Virreira de Potosí.

El ministro de Defensa Walker San Miguel lamentóla “actitud soberbia y rabiosa del prefecto Costas”, quien no asistió al diálogo por problemas de salud, pero emitió una resolución ilegal y anticonstitucional, pues sólo el Poder Legislativo puede emitir leyes, según la Carta Magna en vigencia.

El Presidente Evo Morales, ratificado con más del 67% de votos en el referéndum revocatorio, convocó a los prefectos opositores también legitimados por el voto a conciliar el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado en la Asamblea Constituyente con los proyectos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

El alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado recomendó que el diálogo sin condiciones ni presiones debería buscar tres tipos de pactos: el constituyente – autonómico; un pacto fiscal que incluya la temática de los recursos económicos y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y un pacto institucional que permita elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional Electoral (CNE) y al Fiscal General.

Si queremos lograr un acuerdo nacional es importante que primero nos pongamos de acuerdo en cómo sería el proceso de concertación, cuáles serían las temáticas, las modalidades y quiénes serían los facilitadores internacionales de Argentina, Brasil, Colombia y de la Unión Europea; no podemos arriesgarnos a desgastar las convocatorias al diálogo, comentó el presidente del Senado Oscar Ortiz de la alianza opositora Podemos.

El gobierno propone acelerar el trabajo de compatibilización del texto constitucional y los estatutos autonómicos. Ortiz está de acuerdo con conciliar los proyectos de autonomías departamentales y las demandas de inclusión social e indígena, pero no quiere “atarse” al proyecto de Constitución aprobado en Oruro “manchado con sangre”.

Ortiz plantea sentarse a la mesa del diálogo con facilitadores externos para redactar una nueva Constitución. “El proyecto de Constitución aprobado en Oruro es insalvable porque no es legal y concentra el poder en manos de una sola persona y de un solo partido. Por eso creo que si de verdad queremos avanzar tenemos que plantear una nueva Constitución”. El jefe de bancada de Podemos en el Senado Roger Pinto aseguró que mientras no se redacte una nueva Constitución difícilmente se llegará a acuerdos.

El gobierno reiteró que ya no es posible revertir la renta para los ancianos financiada con una parte del IDH. Según Ortiz, el referéndum ratificó la voluntad autonómica de cuatro departamentos y la posibilidad de administrar recursos. Si el gobierno “confisca” los recursos del IDH, en el fondo imposibilita la ejecución de las autonomías y eso va a llevar a una confrontación en el país, dijo. Pinto añadió que el gobierno tiene que entender que las regiones no renunciarán a esos recursos que les pertenecen. Algunos analistas ven que la oposición de derecha o no entiende el mensaje que ha dado el pueblo en el referéndum revocatorio o se ha dejado embaucar por los grandes medios de comunicación y sus empresas encuestadoras que minimizan el triunfo electoral del gobierno.

En base a sondeos parciales realizados por encuestadoras privadas –que no aciertan casi nunca y pareciera que su verdadera tarea es confundir a la población–, los medios informaron que Evo perdió en cinco departamentos y dieron por revocado al prefecto de Oruro Alberto Luis Aguilar.

Sin embargo, los cómputos oficiales de la Corte Nacional Electoral (CNE) confirman que Morales ganó en seis de los nueve departamentos, en uno quedó con 49,83 por ciento de apoyo, mantuvo a todos sus prefectos y recibió el respaldo del 67% de los bolivianos a nivel nacional. El 52.5 por ciento de los pandinos ratificó al Presidente Morales. Evo obtuvo 53.8% de respaldo en el departamento de Chuquisaca, donde el MAS aumentó su votación con relación a anteriores elecciones. Los cochabambinos ratificaron a Morales y al Vicepresidente con el 70.9% de votos, seis puntos más de lo que obtuvieron en las elecciones de 2005 (64.82%).

La delegación del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) del Parlamento europeo que acompañó el referéndum del 10 de agosto considera que la victoria de Morales constituye una importante legitimización de las políticas emprendidas por su gobierno para recuperar el control de los recursos naturales a favor de todos los bolivianos, para permitir la participación de los más pobres en la economía y en la política, para la promoción del uso de la hoja de coca con fines no narcóticos, y para construir una integración regional alternativa al neoliberalismo junto con otros gobiernos progresistas de la región. La delegación del Parlamento europeo estima que los resultados dan una importante autoridad al gobierno para avanzar en la reforma constitucional y para propiciar un diálogo que permita organizar las autonomías sin dejar que estas lleven a la división del país.

El prefecto Costas y sus seguidores hacen otra lectura de la realidad y por ello comienzan a aplicar el estatuto autonómico de Santa Cruz que se arroga 53 competencias nacionales, dejando la administración del correo y otras tareas de menor importancia a un gobierno respaldado por dos tercios de la población nacional.

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