“Si el pueblo nos pide socialismo vamos a profundizar el socialismo”, prometió el fin de semana el Presidente Evo Morales, impresionado por una encuesta extranjera que vio por ahí según la cual la mayor parte de los bolivianos estaría de acuerdo con instaurar un régimen socialista en Bolivia. El Mandatario está dispuesto a recuperar y fortalecer formas de convivencia colectiva que perviven en su ayllu de origen, donde no existe propiedad privada sobre el ganado.

Las arengas radicales de Morales son bien aprovechados por la derecha, que en las últimas semanas hizo correr el rumor de que están en riesgo los ahorros y las propiedades de la clase media. El senador Luis Vásquez (Podemos) denunció que Morales intenta convertir a Bolivia en otra Cuba pobre con un socialismo dictatorial que destruye la iniciativa privada, el mercado, la libertad y la democracia.

¿El proyecto político del MAS tiene como horizonte la construcción de una sociedad socialista, por lo menos a mediano plazo? El mismo Evo responde: Los dos modelos económico políticos que se enfrentan en el referéndum del domingo son el neoliberalismo privatizador versus el nacionalismo bienhechor de las mayorías.

El diputado César Navarro (MAS) recalca que el plan masista no implica anular la propiedad privada sino lograr mayor participación del Estado en los excedentes económicos generados por la explotación de los recursos naturales.

El Vicepresidente Álvaro García señala que la victoria del MAS en el referéndum asegura la continuidad de un modelo comandado por el Estado que construyó en cinco años más carreteras que en 50 años, y que ha permitido financiar políticas sociales como la pensión vitalicia de vejez, el bono escolar Juancito Pinto y el programa nacional de alfabetización que hará de Bolivia un país libre de analfabetos este año.

Diversas organizaciones de izquierda consideran que el gobierno del MAS inaugura un nuevo período de estatización populista caracterizado por la pugna por el control del excedente, no para avanzar hacia una economía socialista sino tan sólo para dar vida a un proyecto indigenista conciliador.

El MAS apuesta por transformar el país sin tomar el poder; desplazar a la empresa privada sin eliminarla. Se trata de una nueva forma de convivencia pacífica cuyo norte es un necesario pacto empresarial.

La izquierda radical asegura que el nuevo paradigma del gobierno masista es la pugna por el excedente petrolero y una neo estatización que permite financiar un “populismo” prebendalista de bonos, cheques, escuelas, proyectos, campañas diversas, etc., que reporta un importante caudal electoral y simpatías en los sectores populares más atrasados políticamente.

Se trata de una forma novedosa de estatismo que recupera empresas de servicios capitalizadas como Entel, Transredes, Andina y Chaco a través de la “compra” de acciones.

La política hidrocarburífera expresada en la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 fue gestada por el MAS desde principios de 2005. Esta norma fijó un plazo de 180 días para la “migración” de contratos de las transnacionales y creó el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), fue algo así como la “salida legal” a la insurrección popular por la nacionalización de los recursos naturales que tumb ó a Sánchez de Lozada.

El MAS también apoyó el Referéndum por el Gas, una estratagema para quitar fuerza al “espíritu nacionalizador” del pueblo. Con la “nacionalización” del 1 de mayo de 2006, Morales dio fiel cumplimiento a la migración de contratos. Ese día el gobierno ocupó militarmente algunas instalaciones petroleras para luego firmar nuevos contratos con las transnacionales.

En los hechos, el “nuevo modelo económico” del MAS no desmontó todo el modelo neoliberal, no concretó nacionalización alguna, pero aumentó los impuestos a favor del Estado. (¿La política económica afecta la relación de clases, las relaciones de poder?; Cátedra Che Guevara – Zárate Villca; Análisis de coyuntura, 27 de junio)

La semana pasada, personalidades de la talla de Frei Betto, Ernesto Cardenal, Francois Houtart y Ramsey Clark analizaron las políticas que lleva adelante el Presidente Morales desde enero de 2006. Se cuidaron mucho de etiquetar como socialista el “proceso de cambio” en Bolivia y prefirieron describirlo como una búsqueda de “alternativas económicas y políticas al neoliberalismo”.

La Agrupación Marxista Revolucionaria de Bolivia dirigida por el Partido Obrero de Argentina (Coggiola y Rath) comentó hace poco que el gobierno del MAS sostiene un régimen económico capitalista y busca la negociación con los empresarios.

El trotskysta Partido Obrero Revolucionario (POR) pide no ilusionarse demasiado con el “reformismo del MAS” y su política conciliadora pro capitalista, y convoca a las masas a organizarse de manera independiente y luchar por la nacionalización sin indemnización de las empresas alimenticias; por una nueva ley de pensiones que obligue a la patronal y al Estado a aportar para las jubilaciones de los trabajadores; por la nacionalización sin indemnización de las empresas mineras y petroleras; por la toma de tierras y colectivización del agro, y por un salario mínimo vital con escala móvil.

Según distintas fracciones de la izquierda radical, el fortalecimiento de las posiciones pequeño burguesas que encarnan los deseos de construir una burguesía nacional bajo un proyecto capitalista sólo potencia la política burguesa.

Pero la Agrupación Marxista Revolucionaria de Bolivia hace un precisión: el MAS es el “mal menor” y por tanto hay que “actuar de acuerdo a las circunstancias que vivimos”. Por eso llama a apoyar a Evo, pero con un “voto sustentado en métodos revolucionarios de agitación y organización” y en un programa que impulse la nacionalización real del petróleo y las minas; expropiación de latifundistas y grandes capitales agrarios para hacer la revolución agraria; nacionalización de la banca y el comercio exterior; impugnación de la Constitución aprobada por el MAS; nueva Constitución y nueva Constituyente convocada por las organizaciones obreras y campesinas.

Nacionalismo indígena

La derecha no tiene nada que temer. En Bolivia se enfrentan un bloque ultrareaccionario al mando de la burguesía agroindustrial y un gobierno indígena que propugna una reforma nacionalista.

La “revolución democrática y cultural”, la “descolonización” y el “capitalismo andino” no es ni mucho menos un proyecto socialista. Al contrario, desvía el proceso revolucionario abierto por la insurrección popular de octubre de 2003.

La estrategia colaboracionista y la política de contención del MAS no toca a las trasnacionales, no afecta a la gran propiedad privada y habilita las autonomías reaccionarias de los neoliberales derrotados del MNR, MIR y ADN, que vuelven fortalecidos a través de prefecturas, comités cívicos y cámaras empresariales.

García Linera asegura que el gobierno del MAS no tiene ningún problema con la gran propiedad, siempre y cuando ésta sea productiva, tenga límites racionales y cumpla una función económica y social (FES).

El Vicepresidente desea encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a los empresarios en la controversia por la tierra. “El gobierno está dispuesto a dialogar y si fuera necesario a sugerir modificaciones a los constituyentes en torno a la extensión de la propiedad de tierra”, declaró a Televisión Boliviana hace algunos meses.

Es evidente que el gobierno ha chocado con los agroindustriales con prohibiciones para exportar y controles de precios, pero en el fondo cumple con su política del pacto. Prueba de ello es que hasta ahora ni una sola hectárea latifundista ha sido expropiada.

Para que no quede duda de su gran espíritu conciliador, el gobierno no tomó en cuenta las faltas de las petroleras en cuanto a inversiones y otros incumplimientos, lo que hubiera posibilitado una nacionalización con confiscación indemnizada.