Una prueba de la trágica crisis del Estado boliviano es la confusión de idiomas legales que se superponen en la vida nacional. Abogados y magistrados deben estar muy confundidos porque no tienen seguridad de qué ley se ha de aplicar a cada caso; y los pleitistas más avispados ya deben estar soñando con juicios inéditos que les permitirán ganar jugosos aranceles.

El Estado es un ser lacónico porque tiene una sola lengua para expresarse, que es la ley. Se expresa también gestualmente, ya reprimiendo ya repartiendo golosinas a manos llenas; pero cuando habla, de sus labios salen leyes. Pero esas leyes no son caprichos monárquicos porque corresponden a correlaciones de fuerzas que se dan en el escenario social, donde se enfrentan intereses de clase, cívicos, regionales, institucionales, gremiales y de otros grupos de presión, a veces con guerras civiles y víctimas. Pero como la palabra Estado es de la misma familia que la palabra estabilidad, todo tiende a una negociación que comprobará la correlación de fuerzas resultante y la expresará en una ley que dará por finalizada la contienda.

En esa lógica podemos entender la actual crisis del Estado entendida como confusión legal porque hay en particular un grave enfrentamiento entre las fuerzas sociales defensoras de la nueva Constitución y las fuerzas regionales que propugnan el movimiento autonómico. Como ninguna prevalece con claridad, hay múltiples faltas contra la ley vigente que, sin embargo, no son sancionadas porque la ley vigente no está respaldada por una masa coercitiva suficiente para poner a buen recaudo a los infractores, tal como ocurre en tiempos normales, es decir, bajo un Estado de Derecho. Hay un margen de falta de control de la ley sobre la conducta ciudadana que los expertos llaman anomia: ausencia de leyes; lo que nosotros diríamos enmudecimiento y perplejidad del Estado frente a diversos sectores que quieren desconocerlo.

Si el gobierno central, en representación legal del Estado, aplicara la letra estricta de la ley, probablemente no tendríamos estabilidad, como parece lógico, sino una inestabilidad próxima a la guerra civil. Supongamos, por ejemplo, que el Tesoro General de la Nación suspendiera sus remesas a las Prefecturas, hoy llamadas Gobernaciones por los estatutos autonómicos aprobados regionalmente. Quizá no faltan argumentos legales para hacerlo; pero, ¿tendrá el gobierno central la fuerza coercitiva suficiente para hacer cumplir la ley tomando esa determinación? Como quizá no la tiene y entonces actúa con prudencia para no agravar la confrontación, estamos ante una evidente crisis del Estado expresada en una relatividad o enmudecimiento de la ley.

Otro ejemplo: es posible que bastantes actos de los nuevos gobernadores estén viciados porque no se amparan en la Constitución vigente; pero, entonces, ¿no se abre una enorme posibilidad de plantear cientos de demandas de inconstitucionalidad contra esos actos? Quizá el gobierno central no se atreva a hacerlo, pero cualquier ciudadano que se sienta damnificado puede recurrir al Tribunal Constitucional para hacer prevalecer sus derechos. Hasta ahí bien; pero ¿hay la masa coercitiva suficiente como para hacer cumplir la ley? Estamos, pues, viviendo una crisis muy seria.