El 82% de las tierras de Santa Cruz está en poder de 17 familias. Muchos de esos predios no cumplen una función social y productiva y tendrán que se revertidos y redistribuidos, afirmó la diputada del MAS Elizabeth Salguero en una entrevista con canal 7.

Según Salguero, alrededor de 4,5 millones de hectáreas, la mayor parte concentrada en el oriente, son tierras ociosas que no cumplen ninguna función social. En Santa Cruz, 17 familias cuentan con el 80% de las tierras. Por ejemplo, la familia Cazal tiene en su poder 11 mil de hectáreas; la familia Saavedra Bruno 19.900, Andrés Petricevic y Branko Marinkovic poseen 14 mil hectáreas. En total son sólo 17 familias las que retienen 203.843 hectáreas. Petricevic, dueño del Banco Unión, hipoteca sus grandes extensiones de tierra y se presta dinero a sí mismo.Lo mismo ocurre en Pando y Beni, donde se ha detectado la repartición de tierras de manera alegre e ilegal en los gobiernos de Hugo Banzer y García Meza. Existen algunos ex parlamentarios y otros que están en función, que no son latifundistas, pero que defienden el latifundio."Con el proceso de saneamiento podremos conocer y demostrar qué tierras se están produciendo y cuáles no. Si cumplen función social y productiva serán respetadas". El 72% de las 4,5 millones de hectáreas identificadas como tierras ociosas o destinadas a la especulación será saneado en nueve meses. Salguero advirtió que los campesinos que tengan tierras y no las utilicen para producir también serán afectados.Por otro lado, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) Gabriel Daboubd demandó al gobierno el desalojo inmediato de los campesinos que avasallaron propiedades en la provincia de Guarayos de Santa Cruz. "Estamos esperando que se aplique la ley (...) lo que nos preocupa es que las tomas se vayan incrementando. Se tiene que conservar las tierras que están produciendo para el país", reclamó el líder empresarial. El director departamental del INRA informó que se prepara una comisión que ingresará a la zona para determinar los derechos propietarios de las tierras en disputa.

El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz denunció que existen sicarios y matones a sueldo en algunas tierras del oriente boliviano, ubicadas en la frontera con Brasil, que están dispuestos a matar para la defender sus latifundios improductivos. "Recibimos varias denuncias en este sentido de grupos de extranjeros armados que impiden el libre tránsito y acceso a algunas determinadas zonas de Santa Cruz", reveló Almaraz.