Las transnacionales europeas que operan en América Latina amenazan a los servicios básicos esenciales, al derecho a la tierra, a la soberanía y a la seguridad alimentaria, a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos ambientales y a los derechos políticos y civiles de los latinoamericanos, concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Transnacionales Europeas, que deliberó en Viena, Austria, del 10 al 12 de mayo.

El Tribunal, que se realizó paralelamente a la Cumbre Presidencial Europa- América Latina, cumplió tres sesiones en las que recibió documentación, así como estudios de caso y denuncias sobre el impacto de las actividades de las transnacionales europeas en América Latina y el Caribe.

Una de las empresas enjuiciadas es la Suez de Francia, que administra servicios privatizados de agua en cinco países; la petrolera española Repsol; la farmacéutica alemana Bayer por los daños agroquímicos en Perú; seis empresas de forestación y celulosa, por las plantaciones en Uruguay y en el sur de Brasil; y la Telefónica de España que viola derechos laborales.

El Tribunal recibió testimonios de unas 30 personas de 11 países de América Latina y el Caribe e identificó elementos y amenazas comunes de las transnacionales europeas.

Elizabeth Peredo del Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA denunció que en Bolivia el agua ha sido transformada en una mercancía, por encima de su consideración como derecho básico. Las políticas de comercialización y distribución privada, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, impiden que amplios segmentos de la población (principalmente los pobres) accedan a un derecho humano fundamental, reclamó Peredo. Otros participantes denunciaron que la privatización y la liberalización de la electricidad han tenido resultados similares.

Se denunció también que la expansión de las plantaciones de monocultivo para la exportación (fundamentalmente soya y pulpa de madera) está destruyendo las formas de vida de los campesinos y pequeños productores rurales al impedirles el acceso justo y equitativo a la tierra.

Amenazas a la soberanía, seguridad alimentaria y derechos laborales

La producción industrial de alimentos para la exportación y la privatización de la biodiversidad y las semillas, promovidas por intereses corporativos y las inequidades del comercio internacional, están destruyendo la capacidad de los países latinoamericanos para satisfacer tales derechos.

La llamada “flexibilidad” laboral la búsqueda de altas ganancias para las inversiones privadas, la necesidad de producir bienes baratos para mercados globales, junto a la represión de los sindicatos de América Latina. Las transnacionales usan proveedores baratos de fuerza de trabajo para mantener los costos bajos, expandiendo un sector informal ya muy grande.

Por otro lado, las transnacionales europeas y gobiernos latinoamericanos colaboran en la invasión y explotación de los territorios de los pueblos indígenas sin que se cuente con el consenso o la participación de las comunidades afectadas, violando en consecuencia sus derechos fundamentales y su identidad cultural.

La negligencia y el abuso por parte de las corporaciones transnacionales europeas en ecosistemas frágiles en términos de biodiversidad y vida silvestre (hotspots), así como en bio-regiones claves para la estabilización climática, han aumentado la deforestación por razones económicas, contaminado las aguas y expandido la infraestructura, resultante en una sustancial deuda ecológica que contradice el compromiso público de la UE con el desarrollo sustentable.

Finalmente, las corporaciones transnacionales europeas pueden desarrollar sus actividades sin ser perturbadas gracias a la complicidad de gobiernos locales y nacionales. Todo esto puede ocurrir a pesar del rechazo popular, dado que los mismos gobiernos no dudan en reprimir la disidencia y la movilización ambiental, social y sindical.

Conformaron el Tribunal por Elmar Altvater (Presidente, Alemania), Miren Etxezarreta (España), Susan George (Francia), Lilian Manzella (Estados Unidos), Francesco Martone (Italia), Freda Meissner-Blau (Austria), Sandra Quintela (Brasil), Roberto Schiattarella (Italia) y Gianni Tognoni (Secretario General, Italia).