El MAS propone recuperar el control de 10 empresas capitalizadas no expropiando ni indemnizando a los capitalistas privados sino subiendo su participación en el paquete accionario hasta el 51%, ya sea a través de la compra de los títulos que le falta para obtener mayoría en los directorios o asumiendo decisiones políticas. Si lo consigue, el gobierno deberá cambiar también el sistema de pensiones.

El ministro de Planificación Carlos Villegas anunció que el gobierno de Evo Morales tiene previsto tomar el control de las 10 empresas capitalizadas, que en la actualidad detentan el 50 por ciento de las acciones, el 45 por ciento está en poder de las Administradoras de los Fondos de Pensiones, en representación de los bolivianos, y el 4,5 por ciento han sido adquiridas por trabajadores de las compañías.

Según un reporte del diario La Prensa, las empresas Chaco S.A. Transredes, Andina, Entel, Valle Hermoso, LAB y Guaracachi, siete de las 10 capitalizadas, están dispuestas a dialogar, aunque dejan en manos de los accionistas cualquier decisión de venta de sus títulos. El resto considera que no se puede imponer la compra de las acciones, pero dejan abierta la posibilidad de vender sus valores en un ámbito de concertación. Las AFP esperan que el gobierno recurra a la concertación para ejecutar su plan de controlar las capitalizadas y confían en que el Ejecutivo seguirá con el pago del Bonosol.

“Tenemos que atenernos a un proceso que naturalmente será dialogado, ojalá consensuado”, dijo el presidente de la AFP Futuro de Bolivia, Gonzalo Bedoya. “Queremos conocer con detalle lo que plantea el Gobierno; queremos, como afectados, poder discutir el planteamiento. Podemos entender una visión de estrategia para darle a la compañía, perspectivas de mantener una empresa eficiente y competitiva”, dijo el gerente general de Valle Hermoso, Enrique Herrera.

Los analistas encuentran al menos dos grandes dificultades para que el Estado retome el control de las empresas: se va a requerir mucho dinero y ¿cómo mantener el interés de los inversores si es que el Estado controla las compañías?

El analista Alberto Bonadona considera factible la propuesta del gobierno, pero en relación a los contratos con dichas transnacionales. “No es tan importante comprar el 51% de las acciones, como renegociar el contrato. El contrato que se firmó entre el Estado boliviano y cada una de las empresas señala que la administración, todo el control de la gestión y la parte operativa deberían estar bajo la empresa capitalizadora. Entonces, lo que habría que negociar, y le podría salir más barato a Bolivia, es negociar ese contrato”, explicó. La ex autoridad de pensiones pidió al Gobierno tener cuidado en el momento que el Estado tome las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva, administrativo por las AFP, porque si se da esa situación eliminará el fondo que otorga el Bonosol y gastos funerarios.

“Los capitales externos y los capitales nacionales precisan tener un ámbito de seguridad jurídica, no se pueden cambiar las leyes, sino que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Tiene que haber seguridad para los objetivos económicos puedan desarrollarse dentro de un cause normal”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores Guillermo Morales.

El Vicepresidente Alvaro García Linera dijo que la nacionalización de los hidrocarburos es un tema que el gobierno está trabajado con mucho detalle y seriedad. Adelantó que en un par de meses se tomará un conjunto de decisiones respecto al tema. “No habrá sorpresas en el sentido estratégico (recuperación de la propiedad de los hidrocarburos) y todas las medidas que vamos a tomar serán pactadas con las empresas petroleras. No habrá intervención estatal, ni expropiación… Si las empresas no han cometido contrabando y han cumplido con el país no habrá intervención estatal”, afirmó. Se iniciaron ya negociaciones con las petroleras Petrobras, Total y Repsol, cuyos ejecutivos de alto nivel expresaron la voluntad de adecuarse al plan del Presidente Morales. “Si todo marcha, así será una nacionalización pactada y eso es bueno para el país, porque le dará certidumbre”.