CEJIS
El Comité Cívico y la Asociación de Ganaderos de Concepción y San Javier secuestraron a los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA que se encontraban efectuando los replanteos y desalojo a terceros ilegales en el territorio Monteverde ubicado en la provincia Ñuflo de Chávez, y decomisaron los equipos técnicos y documentación que portaban los funcionarios.

Manuel Peña, secretario de tierra de la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) denunció que el Sub Prefecto Nataniel Castedo se ha parcializado a favor de los grupos de poder encubiertos en el Comité Cívico provincial, los mismos que desacatando el cumplimiento de la ley 1715 se niegan a aceptar los recortes de sus predios como resultado del proceso de saneamiento y procedieron a secuestrar e incautar el equipo técnico del INRA para evitar que se efectivice el desalojo y recorte de predios ilegales, obstaculizando el proceso.

La demanda de los chiquitanos de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Monteverde, ha sido planteada ante el INRA conforme a los requisitos legales exigidos por la ley 1715, razón por la que ha sido admitida y sustanciada en el proceso de saneamiento. Esta petición se halla enmarcada en el reconocimiento constitucional a favor de los pueblos indígenas, según el artículo 171 de la Constitución Política del Estado y tiene como sustento jurídico el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), puntualizó Anacleto Supayabe, dirigente indígena de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

De acuerdo al informe de saneamiento realizado por el INRA, hasta el momento existen 58 fundos sujetos al proceso de replanteo y 55 para el desalojo. Por su parte los particulares que detentan predios que deber ser recortados y desalojado por no cumplir con la Función Económica Social (FES) como lo indica la ley agraria, se resisten a acatar los resultados del saneamiento de tierras expresados en resoluciones administrativas que tienen que ejecutarse en este territorio comunitario.

Asimismo los indígenas chiquitanos, denunciaron la parcialización del responsable de la brigada del INRA, Jorge Justiniano por tener parentesco con algunos ganaderos afectados por el saneamiento. Además, acusaron al subprefecto de permitir actos irregulares y de apoyar a los propietarios, puesto que en gestiones anteriores él ocupó el cargo de presidente del Comité Cívico de Concepción

Las organizaciones indígenas chiquitanas, se declararon en estado de emergencia y exigen al prefecto y al jefe de Estado que dé las garantías para que el INRA continúe ejecute los desalojos y recortes como resultados del proceso de saneamiento y decidieron dar plazo de cinco días al Gobierno para que garantice el cese de hostilidades por los Cívicos, ganaderos y Sub Prefecto contra los funcionarios del INRA.