José Luis Ríos Cambeses es diputado por La Paz. Integra la Expedición Madidi desde el año 2003 y es su coordinador institucional. En el caso que nos ocupa, que destapa un sinnúmero de acciones y omisiones catastróficas, nuestro entrevistado no duda en afirmar que “hay que aplicar todo el peso de la ley ya que nuestro futuro como país y como departamento está en entredicho”.

Diputado: usted ha conocido nuestros informes sobre el saqueo de los
recursos naturales dentro del Parque Nacional Madidi. ¿Cuál es su opinión al
respecto?

Creo que es una situación muy grave y que aunque no es nueva, asume ribetes
escandalosos ya que se trata también de un problema de fronteras, de un
conflicto internacional. Ya no sólo se trata de cuestionar la ineficiencia y la
corrupción que puede haber dentro de la estructura del parque Madidi, del
Servicio de Áreas Protegidas o del propio Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Se trata de indagar por qué nuestras fronteras son tan vulnerables y por qué
llegamos a una situación tan crítica.

Más madera

Más madera aserrada esperando ser transportada en la playa
del río Tambopata, a la altura de la comunidad peruana de
Pampa Grande. Esta madera es cortada en Bolivia, en el
sector del río Lanza, al sur, y en el sector del río
Cachimayu, al norte. (Foto: Pere Comas)

En los hechos, ¿sobre quien recae la responsabilidad?
Mira, lo fácil sería echarle la culpa a los que están sacando la madera pero
ya sabemos que nuestras comunidades campesinas no son pobres, sino
extremadamente pobres. Eso es una vergüenza que todavía como país, como nación
en construcción, no hayamos podido mejorar la calidad de vida de los habitantes
de nuestras áreas rurales y de nuestras áreas fronterizas. Por eso, los
taladores no deberían ser el chivo expiatorio. Donde yo veo con claridad que
empieza la responsabilidad por el saqueo de los recursos naturales del Madidi es
con los guardaparques que en vez de preservar, están facilitando que sucedan los
terribles hechos que se han documentado. De allí, para arriba, es preciso
preguntarse: ¿qué hace el Jefe de Protección del área al cual los ciudadanos
bolivianos le pagan su salario a través de los impuestos? ¿Qué hace el Jefe de
Protección que es el directo responsable de todos los guardaparques que trabajan
en el Madidi? Está claro que esa persona o es negligente o también es un
encubridor?
El Jefe de Protección del Madidi es el mismo desde que éste fue
fundado hace diez años?

Por eso, se supone que un funcionario de su jerarquía, administrando un
territorio tan extenso, debería saber que ocurre en su interior y qué acciones
realizan sus subordinados. De lo contrario, o está de adorno o está ocultando lo
que sucede. Lo mismo pasa con el director del parque. Han existido muchos
directores y muchas denuncias pero nunca hemos visto que se sancione a algún
culpable. Lo mismo sucede con el ministerio a cargo, es decir Desarrollo
Sostenible. La señora Bozo debería saber de estos hechos y haber llevado
adelante las acciones correspondientes para remediarlos. Pero, por lo visto, no
se ha hecho nada y eso debe ser investigado de inmediato y si se encuentran
fallas en las responsabilidades de las autoridades, estas deberían ser
sancionadas de manera ejemplar ya que el Madidi es mucho más que un patrimonio
natural, es nuestro futuro como departamento y como sociedad organizada.
¿Qué tipo de acciones se piensa desarrollar para alcanzar una solución
justa?

Ante todo, el Congreso, como el poder fiscalizador del estado y a través de
sus comisiones, debe citar a estos funcionarios a que brinden informes orales
sobre lo actuado o lo que no se hizo. El pueblo boliviano debe saber qué clase
de funcionarios trabajan dizque preservando nuestros recursos naturales a través
del sistema de áreas protegidas. De esos informes, y de los que sean necesarios,
se establecerá si son suficientes o no las explicaciones que den los mismos ante
un desastre ecológico de la magnitud que se denuncia. A partir de allí, el
Congreso mismo puede solicitar la destitución de estos funcionarios por
incumplimiento de sus deberes como tales.
Sin embargo, y como decía, dadas la magnitud catastrófica del saqueo y su
imprevisible repercusión internacional, habría que ser más drásticos, más
ejemplares, y buscar de llevar a la justicia ordinaria a los responsables. Lo
que está ocurriendo en el Madidi es un delito y no es un delito menor. Si
queremos ser un país serio y responsable en su manejo ambiental, debemos empezar
por acabar con la corrupción en el Madidi y en el resto de nuestras áreas
protegidas.
El sistema de áreas protegidas es fuertemente cuestionado,
especialmente por los grupos indígenas y originarios que viven dentro de ellas,
¿cómo sería deseable intervenir al respecto?

Las áreas protegidas han nacido bajo un concepto de protección de la
naturaleza ajeno a las comunidades que residen dentro de su territorio. Es una
visión ambientalista importada e impuesta y que viene amarrada a la labor de las
también cuestionadas ONGs y al financiamiento externo de la mano de la
cooperación internacional. Está claro que los intereses de estas ONGs son
diversos y distintos a los intereses de las comunidades indígenas, está claro,
para empezar, por qué ahí vemos lo que sucede en San Fermín no sólo no han
cuajado sino ni siquiera existe presencia de estas ONGs en la región?
Es que es difícil llegar hasta allí. No hay aeropuerto ni camino para
que lleguen en sus vagonetas?

Sí, aceptando la ironía, de eso se trata. Ellos vienen a dizque estudiar la
biodiversidad y hasta tienen juicios acusados de biopiratas y lo que la inmensa
mayoría de los bolivianos quiere es salir de la pobreza, es desarrollar las
potencialidades y vocaciones productivas de la república, con áreas protegidas
incluidas, desde ya. Pero para eso, es preciso bolivianizar las áreas protegidas
y el estado y la sociedad civil bolivianas ?y no las ONGs extranjeras- deben
asumir el reto de un manejo responsable, racional y sobre todo nacional de las
mismas o éstas, en el mediano plazo, van a terminar desapareciendo. Ya no habrá
más Madidi. O vendrá algún gobierno que las privatice a la mala con el argumento
de siempre: que no sabemos administrar, algo de lo que ya sucede en Santa Cruz
con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
¿Quién debería administrar las áreas protegidas?
Creo que es un deber analizar y sería un acto de justicia que las propias
comunidades originarias de las áreas, sean quienes las administren. Allí tenemos
el invalorable ejemplo de Chalalán, un albergue ecoturístico de renombre
internacional, situado dentro del Madidi. Han sido los propios quechua-tacanas
de la comunidad de San José de Uchupiamonas quienes han identificado su
potencial, lo han concebido, lo han construido y lo están administrando. No veo
por qué ellos no puedan hacerse cargo de la administración del Madidi, al menos
de su sector. Otra alternativa sería involucrar más a los municipios y a
instituciones, incluso fundaciones y empresas pero todas bolivianas, en su
administración. El Madidi debería ser nuestro, de los paceños, y no de un
grupito de ONGs.
¿Cuándo empezaran las acciones en el Parlamento?
De inmediato. La gravedad del caso debe motivar una acción urgente. Esto es
una tragedia pero también una vergüenza para Bolivia. No podemos dejar que como
siempre los responsables no sean sancionados, que exista impunidad. Somos un
país soberano, orgulloso de su patrimonio natural y cultural y si deseamos un
futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, es preciso
defenderlo.