Además de las autoridades municipales y de gobierno, ya no sólo son los medios televisivos, a ellos se suman los impresos y algunas radioemisoras, que piden -en sus espacios noticiosos y de opinión, como forma de penalizar la protesta- que “caiga todo el peso de la ley” sobre los conductores de microbuses detenidos el miércoles, cuando se enfrentaron a la policía luego de ser interrumpida una marcha de protesta protagonizada por el sector del transporte público, en la capital oriental, donde también resultaron afectados algunos periodistas y los propios efectivos del orden.

Según los fiscales asignados al caso, en entrevista a la emisora Radio Noticias, no importa la clase social “ni nada” de quienes cometen actos contra la ley, por lo que aseguran que su proceder es parejo en todos los casos, y consideran que los siete choferes que quedan detenidos desde el miércoles deben ser sancionados duramente por habérseles encontrado pruebas suficientes -como ser intento de homicidio- para que el juez los declare culpables.

Uno de los fiscales, al ser consultado por el periodista de ese medio radial sobre qué pasaría si se negocia la libertad de los detenidos, dijo que no permitirá que esa situación se dé, porque de lo contrario él se iba a su casa. En la misma entrevista otra de las conductoras de Radio Noticias, insinuando escarmiento para los detenidos, le dijo al fiscal que a los transportistas “además hay que darles una lección”.

Irónicamente, los fiscales aseguran que si los transportistas intentan otras medidas de presión como la toma de dependencias públicas, actuarán con todo el rigor de la ley para impedir esos actos “delincuenciales y de vandalismo”, ahora así calificados también por muchos medios de comunicación; situación que no se dio por ejemplo cuando en enero pasado, durante la denominada lucha autonómica encabezada por el Comité Cívico, las logias y el empresariado, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y algunos dirigentes universitarios tomaron “pacíficamente” varias instalaciones públicas como Impuestos Internos, la Prefectura y otros; además hubo un paro cívico de 48 horas donde se obligó por la fuerza a acatar dicha medida que era resistida por muchos. Estas medidas fueron ampliamente respaldadas por la dirigencia del transporte.

La “lucha por la autonomía” de enero en realidad tuvo su origen en la protesta de sectores sociales por el incremento del diesel y la gasolina que derivó en los intentos del alza en el pasaje del transporte público, lucha que en su inicio pedía la anulación del decreto del dieselazo, pero que fue hábilmente desplazada por la dirigencia cívica-empresarial, en un canal de televisión se reconoció que lo del “dieselazo era un pretexto nomás para la autonomía”.

Los mismos empresarios sostuvieron después que no era conveniente que el precio del diesel baje, por lo que incluso ofrecieron un bono de transporte a los trabajadores.

Sobre el conflicto del autotransporte, el presidente del Concejo Municipal cruceño, Oscar Vargas, paradójicamente aseveró que él respalda “la actuación de la policía que con valentía restableció el orden, y que los transportistas vulneraron la constitución”, Vargas sentenció además que “a la autoridad hay que respetarla”. El mismo Vargas, durante la llamada lucha autonómica fue partícipe respaldando abiertamente dicha lucha, que desconoció entre otras cosas la autoridad del Prefecto, lo que fue calificado por analistas como una violación a la Constitución Política del Estado.

En la jornada del miércoles la policía procedió a desbloquear violentamente las calles de Santa Cruz, reprimiendo con dureza a los transportistas, y destrozando los vidrios y parabrisas de los buses del transporte público. Los palazos y golpes llovieron sobre los cuerpos de los bloqueadores, que en su gran mayoría eran choferes, controles y marca tarjetas, no así propietarios y dirigentes.

La mayor parte de los canales de televisión registraron estas duras imágenes, por ejemplo los policías lanzaron una granada de gas lacrimógeno al interior de un microbús cuando había gente adentro y las puertas estaban cerradas lo que ocasionó la desesperación de los afectados que incluso no pudieron salir al instante.

Al medio día del jueves, las cosas parecieron revertirse, esta vez no sólo hubo afectados entre los transportistas, sino que también los policías fueron objeto de agresiones e incluso se quemaron dos motocicletas, debido a que la reacción fue diferente, incluso algunos periodistas resultaron heridos. De parte de los transportistas muchos que fueron con sus niños y mujeres fueron igualmente agredidos, lo que derivó en la detención de decenas de personas, para quienes en muchos medios se pidió las sanciones más ejemplares.

En más de una vez, se pedía (como lo hizo el alcalde Percy Fernández) que tropas del ejército ya desplazadas en la ciudad actúen para poner orden.

Respecto a las agresiones que sufrieron los periodistas durante los enfrentamientos del jueves entre policías y transportistas, un psicólogo invitado a un medio televisivo alertó que los periodistas son víctimas de su propio proceder, por lo que sugirió que dejen de ser amarillistas y sensacionalistas.

Por su parte la Federación de la Prensa cruceña, cuyo líder es además relacionador público del Comité Cívico, presentó una querella criminal contra los transportistas, pero no se pronunció para nada contra las condiciones en las que los trabajadores de la prensa son obligados a desempeñar funciones por los jefes, directores y propietarios de los medios, a quienes no les importa nada con tal de que el medio logre audiencia entre la competencia.

Mientras tanto, la población continúa padeciendo la falta de transporte, pese a que el municipio decretó Transporte Libre no se siente la normalidad en la ciudad, donde la gente no puede pagar más del 1.50 Bs., debido a la aguda crisis económica por la que atraviesa el país.