Los movimientos sociales advirtieron al Presidente Carlos Mesa que sólo un giro efectivo de la política económica le permitiría sobrevivir hasta 2007, año en el que culmina su mandato. Pero el jefe de Estado les respondió desafiante que para cambiar el modelo primero “debían ganar las elecciones”, mientras que uno de sus ministros comentó que enterrar al neoliberalismo era como pedir el cambio de la órbita lunar. Dicho y hecho. Aprovechando la distracción popular por las fiestas de fin de año, el 30 de diciembre de 2004 Mesa recurrió a una típica estrategia neoliberal para contrarrestar el déficit fiscal y anunció el alza de precios de los carburantes sin imaginar siquiera que el nuevo golpe al ciudadano provocaría un remezón popular que divide al país y amenaza con tumbar a su gobierno.

Miguel Lora Los movimientos sociales advirtieron al Presidente Carlos Mesa que sólo un giro efectivo de la política económica le permitiría sobrevivir hasta 2007, año en el que culmina su mandato. Pero el jefe de Estado les respondió desafiante que para cambiar el modelo primero “debían ganar las elecciones”, mientras que uno de sus ministros comentó que enterrar al neoliberalismo era como pedir el cambio de la órbita lunar. Dicho y hecho. Aprovechando la distracción popular por las fiestas de fin de año, el 30 de diciembre de 2004 Mesa recurrió a una típica estrategia neoliberal para contrarrestar el déficit fiscal y anunció el alza de precios de los carburantes sin imaginar siquiera que el nuevo golpe al ciudadano provocaría un remezón popular que divide al país y amenaza con tumbar a su gobierno.

Inmediatamente después de que el gobierno elevara el precio del diesel en 23% y el de la gasolina en 10%, protestas cívicas paralizaron Santa Cruz y El Alto, dos de las cuatro principales ciudades del país. Los agricultores cruceños organizaron huelgas de hambre, bloqueos y ocupaciones de oficinas públicas, mientras que los vecinos alteños suspedieron actividades por completo durante tres días consecutivos.

Mesa tuvo que terminar el contrato de provisión de agua con la transnacional Suez en un intento de parar en seco las protestas alteñas y el 19 de enero ordenó una rebaja de 6% en el precio del diesel. Con esas medidas logró desactivar la protesta en el occidente del país, focalizada en El Alto, pero no pudo contener la convulsión callejera en Santa Cruz, en el oriente boliviano, propiciando de esta manera un profundo quiebre entre los movimientos de ambas regiones.

La fractura

La fractura entre los movimientos sociales de regiones occidentales del país, como La Paz, El Alto y Cochabamba, y los de Santa Cruz se ha profundizado en los últimos tres días. El reciente gasolinazo golpeó por igual a ambos sectores, pues los costos del transporte público y de la canasta familiar han aumentado en todo el país. Pero algunas organizaciones sindicales paceñas y alteñas sospechan que la beligerancia cruceña es impulsada por la oligarquía interesada en desestabilizar el proceso democrático. Es evidente que los grupos empresariales más poderosos tienen mucho que ver con la rebelión si se considera que son los principales consumidores de diesel, pero todo indica que no son los únicos responsables de la escalada de violencia en Santa Cruz.

Esa división se traslada también a otros departamentos del país. Mientras el Comité Cívico de Tarija –aliado político de la oligarquía cruceña– se mantiene a la espera de lo que sucederá en Santa Cruz para decidir si se sumará o no a las movilizaciones, la Federación de Campesinos anunció que defenderá la democracia y la gobernabilidad. El máximo dirigente de los campesinos tarijeños, Luis Alfaro, declaró que siu sector “no se arriesga a la renuncia del Presidente”, sino que da un respaldo institucional.

En La Paz, el ampliado de emergencia de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo dio plazo hasta el lunes de la próxima semana para que las autoridades reviertan el alza del precio de los carburantes, aunque precisó que su posición podría flexibilizarse luego de que el Presidente anunciara la reducción del costo del diesel. Una posición similar mantienen los campesinos del altiplano paceño, liderados por Román Loayza.

Por otro lado, el Movimiento sin Tierra (MST) postergó la ocupación de latifundios para no desestabilizar aún más al régimen, mientras que el dirigente de las Juntas vecinales de El Alto, Abel Mamani, anunció que la población alteña se organizará para defender la institucionalidad democrática y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno referentes a la “terminación” del contrato con Aguas del Illimani. En caso de que se desetabilice al actual gobierno, se pondría en riesgo el cumplimiento de dicho acuerdo, considera Mamani.

Sin bien el gobierno ha cometido errores, se debe apelar al diálogo para solucionar los problemas; poner en riesgo la institucionalidad sólo se beneficiará a grupos oligárquicos que perdieron sus privilegios en las jornadas de octubre de 2003, asegura Mamani.

Siguiendo los pasos de Goni

Es por demás conocido que la ortodoxia neoliberal cavó la tumba del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado del país por una insurrección popular, y que Mesa le reemplazó con la promesa de enderezar la fracasada política económica aplicada en el país desde hace 18 años. Sin embargo, a 14 meses de la asonada el Presidente insiste en aplicar los principales postulados del Consenso de Washington.

La administración Mesa apuesta por la eliminación del abultado déficit fiscal a través de la reducción del gasto público; está en sus planes la ampliación de la base y de la presión tributarias; se esmera en mantener un tipo de cambio competitivo que promueva las exportaciones, y se empeña en facilitar la inversión extranjera directa a través de acuerdos comerciales. Y no otra cosa podía esperarse, pues el jefe de Estado se ha rodeado de la misma pléyade de tecnócratas neoliberales que gobernaron con Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga. Basta mencionar que Carlos Miranda Pacheco y Juan Cariaga, dos prominentes defensores del libre mercado, le ayudaron a elaborar su propuesta de Ley de Hidrocarburos.

Una reciente investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) indica que el Presupuesto General de la Nación 2005 elaborado por el gobierno mantiene una estructura que privilegia el pago de la deuda pública antes que la inversión social. “El gran gasto del PGN 2005 es la deuda; todos los demás egresos previstos están adecuados a la sostenibilidad del pago de la deuda pública que hasta junio de 2004 superó los 7.070 millones de dólares, equivalente casi al total del Producto Interno Bruto, es decir, casi todo lo que se produce en Bolivia”, advierte el informe.

La consecuencia directa de priorizar el pago de la deuda es la reducción de la inversión pública. En 2000 se invirtió en educación 83 millones de dólares, 14% del total de inversión pública, mientras que en 2005 la cifra bajó a 29 millones de dólares, 5% de la inversión total (584 millones de dólares). En 2000 se invirtió en salud 60 millones de dólares, 10% del total de inversión pública, mientras que en 2005 esa cifra disminuyó a 39 millones de dólares, equivalente al 6% de la inversión total. Ségún el Cedla, en los últimos cinco años se dobló el monto del gasto por concepto de deuda contemplado en el PGN: de 481 millones de dólares se pasó a 963 millones de dólares.Lo preocupante es que esos créditos sirven para pagar deuda si se advierte que en 2000 y 2005 se programaron 5.913 millones de dólares en los PGN, de los cuales el 80% (4.232 millones de dólares) se destinó al pago de la deuda.

Por otro lado, en los ingresos del PGN la tributación al consumo tiene un peso muy importante. El promedio de aporte de los consumidores al PGN en el periodo 2000 al 2004 fue de 1.090 millones de dólareso 71% del total. Esto significa que las familias sustentaron al Estado a través del Impuesto al Valor Agregado, mientras que las empresas privadas, incluidas las extranjeras, aportaron sólo 415 millones de dólares (29%). Eso quiere decir que de cada 10 dólares que se recaudan, 7 son pagados los consumidores y menos de 3 dólares por el conjunto de las empresas, entre ellas las petroleras. En consecuencia, la reformulación de los mecanismos de recaudación de impuestos (está en vigencia un nuevo Código Tributario que contempla duras medidas contra la evasión), la eliminación de subsidios a los hidrocarburos y la aparición de nuevos tributos, como el Impuesto a las Transacciones Financieras, todavía son herramientas fundamentales para el gobierno actual.

Y a pesar de la oposición popular, las autoridades aún apuestan por la exportación de recursos naturales como materia prima –anunciaron que sigue en pie la venta de gas a Estados Unidos– y por la suscripción deacuerdos de libre comercio coneconomías mucho más sólidas que la boliviana, cuyo espíritu contradice abiertamente al decreto de compras estatales destinado a reactivar el mercado interno privilegiando la compra de productos bolivianos y la contratación de empresas nacionales. Por todo eso, es natural que Mesa se halle al centro de la tormenta y de dos sectores polarizados igualmente golpeados por las recetas fondomonetarias.