Una de las ciudades más pobres de Bolivia da otra lección de dignidad en la defensa de la soberanía. Lucha organizada y pacífica donde no se recurrió ni al disparo de cápsulas de gas logro asestar una herida significativa a las trasnacionales. Supuestos conductores de octubre fueron arrinconados por nuevos dirigentes. La Fejuve logró articular movimiento contundente que cerco a la ciudad sede de gobierno. Los alteños discuten cómo hacer una empresa donde se erradique el asalto de los partidos políticos.

Una de las ciudades más pobres de Bolivia da otra lección de dignidad en la defensa de la soberanía. Lucha organizada y pacífica donde no se recurrió ni al disparo de cápsulas de gas logro asestar una herida significativa a las trasnacionales. Supuestos conductores de octubre fueron arrinconados por nuevos dirigentes. La Fejuve logró articular movimiento contundente que cerco a la ciudad sede de gobierno. Los alteños discuten cómo hacer una empresa donde se erradique el asalto de los partidos políticos.

Julio Mamani Conde

El Alto, (APA).- La denominada Guerra del Agua, movimiento que fue bautizado el paro cívico que se inicio el pasado lunes, donde no se disparo ni una sola cápsula de gas ni hubo heridos, concluyó con la salida de la empresa transnacional Aguas del Illimani (subsidiaria de la empresa francesa Lyonnaise Eaux), el cual se constituye en una herida muy significativa que le asestan a las empresas transnacionales en Bolivia, porque consideran que la siguiente será Electropaz y otras subsidiarias internacionales.

Bastaron sólo dos días para que el gobierno encabezado por el presidente de la República, Carlos Mesa que había amenazado con renunciar si es que los movimientos se tornaban violentos, doble el brazo para ceder ante el principal pedido de los alteños. La decisión fue precipitada por una inusual prepotencia de los ejecutivos de Aguas del Illimani, que se resistieron a rebajar el costo de la instalación de agua y alcantarillado.

Si bien no hubo confrontación para que el movimiento de los alteños sea catalogado como una guerra, fue considerada como tal por el hecho de que los vecinos estaban dispuestos a sacar si o si a la empresa transnacional.

Pese a un gran despliegue de una campaña donde se pretendía marcar el movimiento de los alteños como una tendencia de desestabilización de Mesa y que estaba al servicio del ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, los únicos que salieron maltrechos fueron los representantes del gobierno, como el director de Prevención de Conflictos Gregorio Lanza.

La propia administración de Mesa comenzó a articular un frente organizado en su contra con la aprobación del alza de los carburantes, ya que todas las organizaciones sindicales y vecinales, comenzaron a agruparse alrededor de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

La expulsión de Aguas del Illimani de El Alto, la reversión del decreto que dispone el alza del precio de los carburantes, la aprobación de las Ley de Hidrocarburos con nacionalización, el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y las demandas que no fueron respondidos, lograron que las organizaciones alteñas se unan, pese a las diferencias de sus dirigentes.

Heridas profundas

Desde que se hizo cargo en El Alto, la empresa Aguas del Illimani cuidadosamente fue abriendo heridas profundas en los alteños, cuyo odio se fue expresando en apedreaduras a sus oficinas. Sin embargo, una muestra del repudio contundente de los alteños a la presencia de la empresa transnacional se dio en las jornadas de febrero de 2003, donde sus oficinas de la Av. 6 de Marzo fueron saqueadas y quemadas.

Durante la permanencia de la empresa, fueron los vecinos alteños que urgidos por el servicio de alcantarillado pluvial se resignaron a conformar cooperativas con sus propios recursos económicos. Los pobladores de las villas de reciente asentamiento se resignaron vivir comprando agua de cisternas porque el contrato de Aguas del Illimani no permitía que se amplíen instalaciones.

Las tarifas fijadas al cambio de la moneda estadounidense y el pago elevado por la instalación de los servicios de agua y alcantarillado, fueron causas permanentes de reclamo que se perdieron en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) que instalaron la Superintendencia de Servicios Básicos.

Enero, octubre con dirección

Los alteños volvieron a constatar que uno de las “armas mortales” que tienen para conseguir sus demandas es el paro cívico indefinido, medida que en octubre del año 2003 logro revertir la venta del gas a costa de una virtual masacre donde perdieron la vida 80 bolivianos y que provocó la caída del ex presidente considerado icono del neoliberalismo de América Latina, Gonzalo Sánchez de Lozada.

El paro de las jornadas de enero del 2005 tiene su diferencia de octubre del 2003 en que los dirigentes tanto de la Fejuve como de la COR no dejaron la conducción en ningún momento. Además, el actual gobierno no sacó a las calles al ejército ni ordeno que se aplaque la medida a balas, ni los dirigentes tuvieron motivos para apelar a la violencia para hacer acatar la medida de presión. Sin embargo, el repliegue del autotransporte sindicalizado, apoyo significativamente para que se paralice a El Alto sin apelar a la violencia.

Nuevamente como en octubre del 2003, los cruces y las ex trancas se convirtieron en centro de debate y fortalecimiento de los piquetes de bloqueo.

La conducción de los dirigentes, evitó que corrientes oportunistas que se autodenominan como conductores de octubre y los gonistas, que se dispersaron para poner su toque sutil de la renuncia inmediata de Mesa, hayan influido en la movilización.

Sobre la base de que no se de ninguna oportunidad de que los partidos políticos ni las agrupaciones ciudadanas obtengan un gran botín sobre el organismo que administrará el servicio de agua y alcantarillado en El Alto, los alteños deben optar por una empresa nacional o una cooperativa con un control social rígido, para no repetir las amargas experiencias de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) y del Consejo de Desarrollo Institucional (CDI) de la Universidad Publica de El Alto (UPEA).

El Alto, reducto de la defensa de la soberanía

El Alto que en el pasado fue considerado como una barrio más de la ciudad de La Paz, hoy con sus más de 700 mil habitantes y que está considerada como una de las poblaciones más pobres de Bolivia, se ha constituido en un nuevo centro de defensa de la soberanía del país, donde sindicalistas y políticos de izquierda acuden para aprender de la unidad y fortaleza de lucha que tienen.

Una de las ciudades más pobres de Bolivia acaba de dar otra lección de dignidad en la defensa de la soberanía y de los recursos naturales: que es posible en base a la unidad doblar el brazo a un gobierno sin cegar ninguna vida.