El gobierno finalmente escuchó y resolvió rescindir el contrato con Aguas del Illimani (la francesa Suez) luego de amenazas de medidas más radicales como la toma de instalaciones de esa empresa en El Alto. Pero más allá, hay varias enseñanzas y muchas tareas urgentes luego de esta contundente medida social.

El gobierno finalmente escuchó y resolvió rescindir el contrato con Aguas del Illimani (la francesa Suez) luego de amenazas de medidas más radicales como la toma de instalaciones de esa empresa en El Alto. Pero más allá, hay varias enseñanzas y muchas tareas urgentes luego de esta contundente medida social.

Edgar Ramos Andrade (*)

El Alto.- El segundo día del indefinido paro alteño que exige la expulsión de la multinacional Lyonnaise des Eaux – Suez (de capitales franceses) y su subsidiaria local Aguas del Illimani demostró la “militancia social” de la mayoría de los ciudadanos y tuvo su primer resultado: El gobierno decidió rescindir el contrato de concesión del irregular servicio de agua y alcantarillado.

Solo así se explica que la ciudad haya sido totalmente paralizada con excepción del transporte aéreo cuyos pasajeros tuvieron que caminar más de un kilómetro para ingresar o salir del aeropuerto internacional de El Alto. No hubo transporte terrestre interdepartamental por segundo día consecutivo y los comercios atendieron en mínima proporción.

No hubo violencia aunque tampoco provocación de la Policía, tan ausente como el gobierno municipal que si bien ganó con 53 por ciento de votos en diciembre reciente, no parece tener la legitimidad esperada porque en el sensible tema del agua, el reelegido alcalde intervino casi de relleno. Las que gobiernan en El Alto son las juntas vecinales.

Kilométricas caminatas de ciudadanos por calles y avenidas, cientos de bicicletas, “carritos” que trasladan mercadería para las escasas ferias, venta de refrescos ambulantes, marchas de grupos de vecinos en varias zonas, fueron la característica de la jornada del martes 11.

Marchas y contramarchas del gobierno

Antes de comenzar el paro, los portavoces gubernamentales se apresuraron a aclarar que debía revisarse el contrato y no rescindirlo, en clara “defensa de las inversiones” según el acostumbrado discurso de quienes tienen aún el poder político y económico. Lo que el gobierno no informó fue el contenido de tres cartas que el gerente de Aguas del Illimani al Presidente y al Superintendente de Saneamiento Básico (el 29 y 30-11-2004 y el 7-1-05) en las que trata a las autoridades bolivianas como a sus empleados domésticos. La reacción de la Cancillería es muestra de ello.

Y fueron dos hechos los que, a media tarde del martes, determinaron la decisión gubernamental de echar de Bolivia a Suez. 1) La Federación de Juntas Vecinales de La Paz anunció un paro como apoyo a su similar de El Alto. 2) Grupos de vecinos comenzaron a rodear las instalaciones de Aguas del Illimani, en El Alto.

Entonces, el prefecto de La Paz se apresuró a entregar a la FEJUVE de El Alto una carta en la que se anuncia la rescisión del contrato con Aguas del Illimani. Eso no fue suficiente y los dirigentes vecinales, que ya tienen experiencia en negociaciones con el gobierno, deliberaron por Distrito y decidieron exigir un Decreto Supremo que ratifique esa decisión.

Tareas

1. Es urgente iniciar la consolidación de una cooperativa de servicios que sea sostenible pero no en el sentido econométrico de la “sostenibilidad financiera” por encima del servicio social de servicios elementales como son el agua potable, el alcantarillado y el drenaje de aguas de lluvia. Esta cooperativa debiera estar a cargo de expertos alteños (que los hay) con un fuerte control social-vecinal porque ambos (técnicos y dirigentes sociales) tienen experiencia de haber sufrido las penurias de no contar con ese servicio. Obviamente, los gobiernos municipales no debieran participar de este emprendimiento, ya demostraron no estar habilitados social ni políticamente.

2. Es importante tomar en cuenta que Suez es el tercer caso de salida forzosa de multinacionales de Bolivia: La oscura Bechtel (Agua-Cochabamba el 2000) y la misteriosa Allied Deals (Estaño-Huanuni el 2002) ya fueron echadas. En ambos casos existen socios bolivianos y ahí están miristas como Samuel Doria Medina o Carlos Saavedra Bruno, claro está, con la connivencia del jefe de ese partido, don Jaime Paz el socio de Sánchez de Lozada.

3. Sobre la base de esas experiencias, comenzó un camino de recuperación de nuestros recursos naturales y servicios públicos estratégicos. Por ello, los reclamos vecinales no debieran quedarse en simples exigencias de servicios municipales, sino en demandas políticas como cambios estructurales en el Estado por medio de una real Asamblea Constituyente y no la pantomima de la Delegación Presidencial a cargo de Ricardo Paz.