Hay razones para dudar de que el ex presidente duerma una sola noche tras las rejas. Él mismo diseñó la Ley que norma los juicios de responsabilidades y olvidó adrede mencionar plazos para determinar la sentencia. Aunque perdió en el Congreso, el jefe del clan en desgracia todavía tiene influencia en el Poder Judicial. Se superó la fase política, ahora viene la chicana legal ¿Se reserva una celda para Goni en Chonchocoro? Miguel Lora Entre septiembre y octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada reprimió a balazos a todos los “vándalos” insurrectos de El Alto con el argumento de que prefería ser el peor que el último presidente de Bolivia, un país en riesgo de “balcanización”. Y un año después pasó a la historia como el primer presidente constitucional sometido a un juicio de responsabilidades por el delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta.

Hay razones para dudar de que el ex presidente duerma una sola noche tras las rejas. Él mismo diseñó la Ley que norma los juicios de responsabilidades y olvidó adrede mencionar plazos para determinar la sentencia. Aunque perdió en el Congreso, el jefe del clan en desgracia todavía tiene influencia en el Poder Judicial. Se superó la fase política, ahora viene la chicana legal

¿Se reserva una celda para Goni en Chonchocoro?

Miguel Lora

Entre septiembre y octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada reprimió a balazos a todos los “vándalos” insurrectos de El Alto con el argumento de que prefería ser el peor que el último presidente de Bolivia, un país en riesgo de “balcanización”. Y un año después pasó a la historia como el primer presidente constitucional sometido a un juicio de responsabilidades por el delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta.

Sánchez de Lozada y los 15 colaboradores que lo acompañaron hasta el último día de su vida política serán enjuiciados en la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentará juzgarlos no sólo por asesinato, lesiones leves, lesiones gravísimas, lesiones seguidas de muerte o resoluciones contrarias a la Constitución, sino también por delitos económicos como malversación de fondos y daño económico al Estado.

Será un juicio largo, complicado jurídicamente y lo que es peor, sin plazos. Sánchez de Lozada diseñó a su medida la Ley 2445 que norma los juicios de responsabilidades y olvidó mencionar adrede cuánto debe durar este tipo de procesos.

Todavía queda mucho por delante antes de que los responsables de la masacre sean sancionados. La autorización del Congreso fue la primera fase del juicio y ahora viene la fase penal. El Congreso remitirá todos los obrados y su resolución al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la Sala Penal comenzará el sumario, es decir la investigación de los sucesos desde cero. Sólo si se comprueban las denuncias habrá acusación porque de no encontrarse suficientes indicios de responsabilidad la sala se pronunciará por el sobreseimiento. Luego, el resto de los magistrados de la Corte procesará la fase del plenario del juicio y concluida esta etapa recién emitirá sentencia.

Planteadas así las cosas, ¿alguna vez el ex presidente dormirá en una celda de la cárcel de Chonchocoro? Sólo la vigilancia social garantizará que el juicio se mueva, explica Sacha Llorenti, presidente de la APDH, en esta conversación con el Juguete Rabioso.

P. ¿En qué se parece este juicio al de García Mesa?

R. Es distinto porque la Ley 2445 del 13 de marzo de 2003, que norma el juicio de responsabilidades, fue elaborada por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) precisamente para poner trabas a la posibilidad de un juicio de responsabilidades. La diferencia radical es que antes el Congreso era responsable de elaborar la fase del sumario y hoy sólo autoriza el juicio y el desafuero, y después el proceso se ventila en la Sala Penal de la CSJ.

Además, la Ley diseñada por GSL tiene muchos vacíos. Por ejemplo, no establece claramente qué tipo de procedimiento se va a utilizar, si el antiguo o el nuevo del juicio oral. El otro vacío es que no fija plazos, es una barbaridad que una ley que tramite un proceso penal no tenga plazos, no es casual, no es un olvido. Hemos sorteado el obstáculo político, pero ahora queda el obstáculo procedimental.

Hay que marcar otras diferencias entre los procesos contra García Mesa y GSL. Una de ellas es que el ex dictador no contaba con el aval de la Embajada de Estados Unidos, había perdido el apoyo de las Fuerzas Armadas y no tenía un aparato político partidario. Goni todavía tiene un aparato afincado en Poder Judicial y además es uno de los mimados de la Embajada. Le han negado asilo político en Europa, pero se le abrió la puerta en Estados Unidos.

P. Es difícil creer que el juicio avanzará sabiendo que Goni es un empresario poderoso

R. Todo dependerá de cómo se organiza el movimiento popular para encarar el juicio. En el caso de García Mesa la movilización de la gente fue clave para que se logre una sentencia condenatoria. La COB, la Federación de Mineros y la UMSA conformaban el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades que tenía una visión estratégica muy clara. Si existe un movimiento popular con esas características existen mayores posibilidades de que el juicio vaya adelante. El control y la vigilancia social son fundamentales.

P. ¿Y la influencia de Carlos Sánchez Berzaín en el Poder Judicial?

En el plano vinculado entre lo legal y lo político existen obstáculos que vemos con mucha atención. Por ejemplo, a quiénes se designará en la CSJ y quién será el fiscal general, los dos actores fundamentales en el juicio de responsabilidades, pues es el fiscal quien acusa y la CSJ la que procesa el juicio. Por eso es clave que en la designación de magistrados y del Fiscal General se garantice idoneidad. La única posibilidad de garantizar eso es la movilización popular.

Se ha denunciado cuoteo en el Tribunal Constitucional, que Sánchez Berzaín ha puesto a su gente de forma descarada. Pese a las designaciones interinas, lo que necesitamos ahora es vigilancia social. Hay que trabajar con el fiscal no sólo en la acusación sino también en la investigación y determinación de responsabilidades materiales e intelectuales, y en la identificación de cómplices y encubridores.

P. ¿Qué posibilidades tiene Sánchez de Lozada de evadir el juicio? ¿En qué consistiría su estrategia de defensa?

R. Los vacíos legales de la actual Ley que norma el juicio de responsabilidades van a ser un obstáculo. Existen varias formas de resolverlo, una puede ser una interpretación legislativa, otra que la CSJ tome una decisión sobre el tema, pero (los abogados de GSL) ya han utilizado recursos ante el Tribunal Constitucional para dilatar el proceso. Uno de los temas clave es cuánto tiempo durará el juicio. Si es que se utiliza el nuevo Código de Procedimiento Penal estamos hablando de tres años y uno ya ha pasado; nos quedaría dos para tener sentencia. Probablemente GSL intente hacer lo mismo que García Mesa y trate de ampliar el juicio a las Fuerzas Armadas. Obviamente, en el banquillo de los acusados no están las Fuerzas Armadas, deberían estar algunos militares, pero no la institución. También será importante definir cuál será el rol de la gente que se convoque para testificar. El proceso será complejo.

P. ¿El hecho de que sea un colectivo amplio el que va a juicio podría obstaculizar el proceso?

R. No es tan grande. Si comparamos con el juicio de García Mesa, hay menos gente. Son sólo 16 personas, mientras que en el juicio contra el ex dictador se juzgó a su primer gabinete y a los autores materiales de muchos delitos. De todas maneras, elaboramos una estrategia jurídica para evitar que se entrabe el juicio por el número de imputados.

P. Además del gabinete de Goni, ¿podrían convocarse a más personas a declarar?

Se convocará a mucha gente, incluso al Presidente Mesa, y ahí también se pueden establecer otro tipo de responsabilidades sin lugar a dudas. Ese es el trabajo de la investigación de la Fiscalía General para determinar contra quiénes hay materia justiciable y contra quienes no. Todo depende de la estrategia jurídica. Lo que no hay que hacer es caer en la estrategia de GSL. Un juicio contra 100 personas no procederá.

Existe otra investigación en curso, ordenada por el ex Fiscal Oscar Crespo, para personas que no se acogen a la ley del juicio de responsabilidades, que pretende criminalizar la protesta social y va contra dirigentes sociales por los delitos de terrorismo, sedición, instigación pública a delinquir y alzamiento armado. Esta es la estrategia jurídica de GSL, que consiste en responsabilizar a todos para que nadie sea culpable. Creemos que como principio elemental del derecho penal, a mayor autoridad, mayor es la responsabilidad. Y aquí no hay donde perderse, el responsable en primer grado de los 67 muertos y 413 heridos no es otro que Sánchez de Lozada.

P. Se nota desconfianza manifiesta en la opinión pública, la gente opina que el poderoso, aunque pierda ahora, tal vez termine ganando?

R. Yo creo que fue una derrota, el MNR pretendía evitar el juicio de responsabilidades, pero le salió el tiro por la culata. Pretendió el juzgamiento de todo el gabinete pensando que el MIR y NFR no votarían en contra de sus militantes, pero gracias a la presión del momento, una circunstancia impredecible, se concluyó en la autorización del juicio. Incluso algunos parlamentarios sugirieron postergar la sesión para rearmar la estrategia, pero la presión impidió eso y en la segunda votación ya había un control social muy fuerte que les obligó a votar a favor del juicio. Muchos parlamentarios, como Marlene Fernández, desaparecieron, una actitud absolutamente vergonzosa porque ella era una de las que hizo lobby en los pasillos del Congreso por la segunda opción, es decir por enjuiciar a todos.

P. ¿Cuál es la estrategia que planteará la comunidad de Derechos Humanos?

R. Hemos conformado el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra Sánchez de Lozada, que tiene el mismo nombre del Comité que trabajó en el juicio contra García Mesa. No sólo está conformado por organizaciones de derechos humanos sino también por agrupaciones sociales y familiares de las víctimas. La idea es concentrar la estrategia jurídica en un grupo de cuatro abogados que lleva adelante el caso. De dispersarse la línea jurídica se favorecería a GSL, por eso hacemos un llamado a las organizaciones para ponerse de acuerdo al menos en esto. Ese acuerdo tiene que ser la elaboración de una estrategia jurídica, política y de vigilancia social común. Por otra parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos realiza una investigación por su cuenta. Se han hecho necropsias de los cadáveres que fueron enterrados sin haber sido sometidos a una autopsia legal.

P. Hace un tiempo se planteó la conformación de una Comisión de la verdad que investigue la masacre, ¿todavía marcha esta propuesta?

En octubre dijimos que era imprescindible conformar esta comisión con personas idóneas. En principio, Mesa apoyo la propuesta, pero luego replegó su apoyo. Ahora creemos que no es lo más aconsejable porque dilataría o entorpecería el juicio y la investigación. La Fiscalía, con el control de la CSJ, tiene que llevar adelante el juicio.

P. ¿El juicio autorizado por el Congreso también incluye el caso de febrero de 2003?

Se investigará lo sucedido entre el 20 de septiembre, la masacre de Warisata, y el 17 de octubre de 2003. Se presentaron otras dos proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades por los sucesos de febrero que luego fueron archivadas por el anterior fiscal Crespo, designado por Sánchez de Lozada. Hace dos semanas se presentó un recurso de amparo y ambas proposiciones están otra vez vigentes. Es posible, entonces, que puedan acabar en un requerimiento y que el Congreso autorice otro juicio por los hechos de febrero.

El fin del gonismo

P. García Mesa fue juzgado gracias a que la hegemonía militar y empresarial que lo respaldaba estaba en decadencia y ahora se observa un fenómeno parecido con el gonismo?

R. Definitivamente. La autorización del juicio es producto de los sucesos de octubre, de la crisis del Estado boliviano, del agotamiento del sistema político y del modelo económico. El representante de todo eso era Sánchez de Lozada, y ahora en el banquillo de los acusados no sólo está él sino también el modelo y el sistema político.

P. Eso quiere decir que Goni va a juicio junto con la megacoalición?

R. Hay que recordar que probablemente no todos sean procesados. Se autorizó un juicio para todos, pero cuando se elabore el pliego acusatorio se definirán responsabilidades. De todos modos, es un hito histórico en el país porque es la primera vez en los últimos 20 años que se autoriza un juicio de responsabilidades y es la primera vez en la historia que se autoriza un juicio en contra de un presidente constitucional.

P. Goni solía justificar la masacre con el argumento de que un golpe narcoterrorista atentaba contra la institucionalidad democrática. ¿Ese discurso fue quebrado ahora que la misma institucionalidad democrática lo juzga por genocidio?

R. Hay que reconocer que después de la decisión del Congreso se fortalece el Estado de Derecho y se profundiza la democracia. Esa cortina de humo que pretendía desplegar Sánchez de Lozada cae por su propio peso justamente porque son las instituciones democráticas las que lo van a procesar, la Fiscalía General, que requiere por el juicio, el Congreso que autoriza el juicio por dos tercios y la Corte Suprema. Lo que ha hecho el Parlamento es emitir una sanción política contra Sánchez de Lozada y su gabinete. Ahora toca la fase del juicio penal estrictamente y Goni continuará con la teoría del golpe de Estado para tratar de protegerse.

En términos políticos, ¿el gonismo ha fracasado?

La autorización del juicio es un fracaso del gonismo. La noche de la votación se vio una escena muy interesante: cuando Filemón Escóbar fue a justificar su voto leyó Nacionalismo y Coloniaje y luego de bajar de la testera regaló el libro a Oscar Sandoval. El MNR se ha dado cuenta de que la única forma de sobrevivir es enterrando parte de su historia. En términos políticos hasta el Congreso se ha dado cuenta de la crisis estructural del Estado boliviano.

P. Parecería que Bolivia va a la cabeza en la administración de justicia; salda el período dictatorial con un presidente preso y resuelve el período neoliberal con un presidente enjuiciado?

R. En la lucha contra la impunidad, Bolivia marca la línea a seguir en la región porque es el único país que tiene un ex presidente en la cárcel y ahora tiene a un ex presidente procesado.

P. ¿Será que los parlamentarios autorizaron el juicio por temor a lo que podría venir en adelante más que por convicción?

R. Hay una frase que es clave. El Presidente del Congreso dijo que si no se conseguían los dos tercios “murió la flor y habrá archivo de obrados”. Yo le dije a Jerjes Justiniano que si eso ocurría no habría archivo de obrados sino archivo del Congreso. Entonces, sí había un temor, creo que la votación fue producto de la presión social, pero también de un instinto de conservación.

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Un decreto que autorizó la masacre será la prueba central contra elex presidente

Además de los muertos, existen varios argumentos para enjuiciar a Sánchez de Lozada, como el Decreto Supremo 27209 que autoriza el genocidio y la masacre. Dicha norma fue promulgada el 11 de octubre de 2003, poco antes de la etapa más brutal de la masacre alteña de los días 12 y 13, y ahora es considerada una de las pruebas preconstituidas del juicio.

El Decreto que declara emergencia nacional para garantizar el normal abastecimiento de combustibles, en el artículo tercero referido a las garantías, estipula que “cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano”.

En otras palabras, el gobierno de entonces emitió un Decreto anunciando que pase lo que pase el Estado se responsabilizaba de todo, incluso del resarcimiento a los muertos y heridos, con el objetivo de tranquilizar a las Fuerzas Armadas.

Según Llorenti, el Decreto no sólo viola la Constitución y las leyes sino que constituye el elemento material que permite establecer un vínculo directo entre el delito, los muertos y el ex Presidente. “Esto prueba la premeditación porque las autoridades sabían que morirían personas. Por eso, con este decreto se puede sentenciar a Sánchez de Lozada y a todos sus ministros pues la Constitución señala que las decisiones del Consejo de gabinete son de responsabilidad solidaria de todos los firmantes”.