La guerra del gas en Bolivia Luto en Bolivia Treinta días de convulsión social, más de 80 personas fallecidas, casi dos centenares de heridos y dos ciudades virtualmente paralizadas, no parecen suficientes para que el Poder Ejecutivo y, sobre todo, el Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, comprenda que el malestar social, la crisis económica y la exclusión política ha confluido en lo que hoy se ha transformado en la consigna unificadora de todos los movimientos sociales: el gas es de los bolivianos y para los bolivianos y, cualquier proyecto de explotación de este recurso debe ser concertado con la población.

La guerra del gas en Bolivia

Luto en Bolivia

(CEDLA).- Treinta días de convulsión social, más de 80 personas fallecidas, casi dos centenares de heridos y dos ciudades virtualmente paralizadas, no parecen suficientes para que el Poder Ejecutivo y, sobre todo, el Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, comprenda que el malestar social, la crisis económica y la exclusión política ha confluido en lo que hoy se ha transformado en la consigna unificadora de todos los movimientos sociales: el gas es de los bolivianos y para los bolivianos y, cualquier proyecto de explotación de este recurso debe ser concertado con la población.

Es importante recordar que con las leyes de Capitalización y de Hidrocarburos, los recursos hidrocarburíferos fueron enajenados en favor de las empresas transnacionales.

Cumpliendo hace unos días veintiún años de democracia, Bolivia se enfrenta a su peor trance. Una prolongada crisis económica, social y política -que tiene su sustento en la profundización de la desigualdad social de características estructurales- se ha sumado a un proceso de ruptura entre los movimientos sociales y el gobierno, precipitando los hechos que hoy vivimos con mayor violencia en El Alto y La Paz.

De las demandas sectoriales agudizadas por la recesión económica, se ha transitado hacia un discurso unificador en torno a la propiedad del gas boliviano. Esta demanda, expresada por varios sectores y organizaciones sociales, se ha enfrentado a la indolencia del gobierno quien, asumiendo una posición intransigente, refuerza su visión con la vía represiva.

Así, luego de un mes de protesta social, el gobierno responde con la masacre de campesinos y vecinos de barrios pobres, lo que ha desencadenado que en la actualidad las demandas se transformen en una exigencia común: la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como la única vía para reiniciar el canal de negociación entre el gobierno y los sectores sociales.

Gran parte de los sectores sociales coinciden en una salida constitucional a la renuncia del presidente, que implicaría la sucesión del gobierno en cuatro niveles jerárquicos: en primera instancia, el vicepresidente de la república; en segunda y tercera, los presidentes de la cámara de Senadores y Diputados respectivamente (quienes podrían cumplir el periodo de mandato) y, en último caso, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien, asumiendo la presidencia interina, llamaría a nuevas elecciones en un periodo de 120 días.

Acompañando estas propuestas, varias organizaciones sociales demandan una Asamblea Constituyente o un Referendum bajo el postulado de que las bases fundamentales del actual Estado no responden a la concepción de nación de los actores sociales.

La coalición de gobierno, que hasta el medio día de ayer lunes 13, parecía derrumbarse con la salida de sus principales socios, MIR y NFR; gracias al apoyo del gobierno norteamericano y de grupos empresariales, ahora, sólo presenta el alejamiento de algunos políticos que han discrepado con las acciones represivas del poder ejecutivo. El vicepresidente Carlos De Mesa, aludiendo motivos de conciencia y ética social, rompe con el ejecutivo aunque no renuncia a su cargo. En el seno del MIR tambien se presentan discrepancias; el Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres, dimitió a su cargo y el Alcalde alteño José Luis Paredes, acompañó la marcha de los vecinos de esa ciudad hacia La Paz exigiendo la renuncia del primer mandatario. A este grupo se van sumando varios diputados de los partidos de gobierno, amenazando incluso con asumir medidas de presi un como la huelga de hambre.En ese marco, el Presidente en su discurso al país dejó en claro que no renunciar·, aislando el conflicto a las ciudades de La Paz y El Alto, movilización supuestamente dirigidapor los líderes Evo Morales y Felipe Quispe a quienes calificó de "subversivos". Con este pronunciamiento se cerraron todas las puertas al di·logo y una posible salida pacífica ya que tanto el ejecutivo como los líderes y de la oposición y dirigentes de base negaron otundamente la posibilidad de conciliación en el estado actual en el que se encuentra el conflicto.

La percepción del Presidente y de varios de sus ministros, de que todo el conflicto responderÌa a un movimiento aislado, impulsado por afanes conspirativos de la oposición (supuestamente financiados por países como Libia), estaría desestimando la movilización masiva de decenas de miles de personas en las ciudades del Alto y La Paz, quienes, ante las masacres de sus compañeros, han logrado articular un movimiento altamente organizado, que ha logrado mantener cohesión y control sobre los discursos de sus dirigentes. Los sectores movilizados están conformados por una diversidad de actores sociales como son las juntas de vecinos, comités de barrio, gremiales, mineros cooperativistas, campesinos del altiplano, movimientos colonizadores, campesinos de yungas, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto - UPEA, transportistas, productores de alimentos (panaderos y carniceros), entre tros; representados por sus dirigentes locales, sectoriales e incluso vecinales, todos ellos dirigentes de base no visibilizados en el campo político y de los movimientos sociales del pais. Bajo la dirección de la COB y el apoyo de varias organizaciones, la defensa del gas iniciada or el pueblo continúa vigente. En la actualidad ha logrado paralizar actividades en las ciudades de El Alto y La Paz. A esto se van sumando el paro cívico en Potosí, marchas en la ciudad de Sucre, marchas de gremiales y mineros de la ciudad de Oruro, bloqueos en la zona se San Julián en Santa Cruz, movilizaciones y bloqueos en Cochabamba y una escalada de protestas y acciones de solidaridad que se extiende por todo el país.