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Área: Economía >> Agricultura
Actualizado el 2013-01-12 a horas: 04:48:34

Queremos ampliar la frontera agrícola, incentivar la producción de alimentos y aumentar las agroexportaciones, justifica el Presidente Evo Morales

El gobierno legitima desmontes ilegales y suspende la reversión de más de 5 millones de hectáreas

Redacción Bolpress

El Presidente Evo Morales promulgo ayer la Ley 337 que legitima la deforestación y suspende la reversión de millones de hectáreas desmontadas ilegalmente en los últimos 15 años. “Estamos contentísimos porque son más de 5 millones de hectáreas que van a ser libres de reversiones y multas exageradas”, celebró el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Julio Roda.

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El gobierno de Evo Morales concretó una “alianza productiva” con la burguesía agroindustrial y desde 2010 cumple al pie de la letra las demandas del empresariado para ampliar la frontera agrícola y “aprovechar” la crisis alimentaria mundial como una “oportunidad de negocio”.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Agropecuaria de Industrias, Comercio y Servicios (CAINCO) presentaron al gobierno un pliego con tres demandas básicas: Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones; eliminación de las fijaciones de precios y de las restricciones a la exportación, y legalización de los cultivos transgénicos.

En el 22 de enero de 2011 Morales y la burguesía agroindustrial consolidaron su “alianza” y comenzaron a diseñar un plan estratégico para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas.

En 2011 el Presidente Morales promulgó la Ley de la Revolución Productiva que autoriza la diseminación, internación, producción, distribución y comercialización de organismos transgénicos en Bolivia, y en 2012 concretó nuevos programas de apoyo financiero para el sector. Además, el Vicepresidente Álvaro García Linera informó que, una vez garantizado el abastecimiento interno, se autorizó la exportación de carne, soya, azúcar y arroz. [1]

En octubre de 2010 el Presidente Morales suspendió mediante decreto 0671 la exportación de azúcar y caña de azúcar, pero levantó el veto en diciembre de 2011 y liberalizó la venta de 650 mil quintales al exterior. En agosto de 2012 autorizó la exportación de 12.515 toneladas del endulzante y el 22 de septiembre permitió la venta de 50 mil toneladas adicionales. El 11 de enero de 2013 Morales autorizó por decreto 1461 un cuarto cupo de exportación de 42 mil toneladas de azúcar.

Por otro lado, el gobierno del MAS cerró con broche de oro la gestión 2011 concretando una nueva Alianza Estratégica con el Grupo del Banco Mundial para el periodo 2012-2015, a fin de brindar mayor apoyo financiero a la actividad agrícola y ganadera. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) fomenta las agroexportaciones y la construcción de carreteras con un financiamiento de 530 millones de dólares.

Adicionalmente, el Ejecutivo logró “el compromiso del sistema financiero para que al menos un 15% de los recursos del sistema bancario puedan dirigirse para apoyar en buenas condiciones a la actividad agrícola y ganadera”, resaltó el Vicepresidente, y también destinó a la agroindustria recursos provenientes del Fondo de Inversión de la Revolución Productiva (FINPRO). [2]

En 2012 el Vicepresidente ratificó que el gobierno está dispuesto a flexibilizar las normas agrarias referidas a la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra y a los desmontes ilegales con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. El área cultivada en Santa Cruz “es muy poca", dijo García Linera y pidió a los agroindustriales que amplíen sus cultivos hasta igualar las 8 millones de hectáreas sembradas en Paraguay.

“Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, recalcó el ministro de Economía Luis Arce.

Es así que el 22 de septiembre del año pasado el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dos anteproyectos de ley para declarar una pausa de cinco años en la verificación de la FES y legalizar los desmontes no autorizados, para de esta manera garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria.

Legalización de desmontes

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estiman que en Bolivia existen 5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente (3,3 millones identificadas y 2,2 millones abandonadas), de las cuales 38% pertenece a ganaderos, 28% a agroindustriales, 15% a colonizadores extranjeros, 12% a campesinos, 2% a colonizadores japoneses y 5% a pueblos indígenas.

La Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques promulgada ayer por el Presidente en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes realizados sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, excepto los que se encuentren al interior de Áreas Protegidas y Reservas Forestales.

La Ley 337 tiene por finalidad la rehabilitación de los predios deforestados ilegalmente como áreas de producción de maíz, trigo, arroz, yuca, plátano y caña de azúcar. El director del INIAF Lucio Tito estima que la norma permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de toneladas a 13,6 toneladas anuales.

La Ley 337 beneficiará a propietarios de predios titulados por el INRA, a dueños de tierras en proceso de saneamiento o sin sanear, y a titulares con procesos administrativos sancionatorios que no cuenten con Resolución Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Esos propietarios están obligados a acogerse al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques” para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado. El empresario que acceda al programa pagará una multa de 60 dólares por hectárea; las empresas medianas de uso forestal, 40 dólares; las medianas de uso múltiple, 30 dólares; y las pequeñas propiedades y comunidades indígenas 10 dólares por hectárea.

La Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10 y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios con superficies mayores a 50 hectáreas. Si los beneficiarios incumplen los requisitos sus tierras serán revertidas de inmediato y pagarán multas elevadas.

El director del INIAF Lucio Tito aclaró que el Estado no pretende aplicar una “política de castigo”, sino de “premio” para aquellas personas que deforestaron alguna parcela. “Quien se adhiera al programa va a recibir un beneficio grande siempre y cuando recupere una parte del bosque con la producción de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar”, declaró Tito a la agencia ABI.

En criterio de la directora de la Liga de Defensa del Medioambiente (Lidema) Jenny Gruenberger, la ampliación de la frontera agrícola no garantiza la seguridad alimentaria nacional; “al contrario, socava los medios de vida de las poblaciones locales y acrecienta propiedades y capitales privados, la mayor parte extranjeros, grandes consorcios y empresas brasileras, argentinas y menonitas”.

“Resulta inconcebible que se ceda a las pretensiones de uno de los sectores que mayor depredación ecológica ha ocasionado al país, un sector que aporta divisas volátiles, que paga impuestos irrisorios, que no genera renta a pesar de sus exorbitantes ganancias, que recibe una generosa subvención de carburantes, y que además abre gustosamente las puertas a la extranjerización de la tierra”, consideró Gruenberger.

Cabe recordar que los monocultivos de algodón y soya dejaron casi dos millones de hectáreas en proceso de degradación en el área de expansión y en la zona integrada de Santa Cruz. En esa zona se deforestaron al menos 80 mil hectáreas en 1975; 160 mil hectáreas en 1992, 270 mil hectáreas en 2000, y casi 300 mil hectáreas en 2004. Los grandes productores de soya fueron responsables del 75% de la deforestación en ese departamento.

Más beneficios para el agronegocio

El presidente de la CAO Julio Roda agradeció al Presidente Morales por la promulgación de la “tan esperada” Ley 337, que evita la reversión de miles de propiedades y además “salva” a muchos productores del pago de multas elevadas y de procesos judiciales por haber realizado desmontes sin autorización.

“Debemos señalar que la mencionada Ley no resuelve todo el problema; sin embargo, es un primer paso importante y seguiremos trabajando hasta dar una solución total y definitiva a este problema”, comentó Roda antes de recordar que aún están pendientes otras normas importantes para el sector.

“Tenemos dos proyectos de leyes en carpeta, como son la Ley sobre la FES y la Ley sobre los Avasallamiento de Tierra que estamos trabajando de forma consensuada con el gobierno”, precisó el dirigente empresarial.

El anteproyecto de ley “de ajuste temporal de la verificación de la FES” presentado por el Ejecutivo a la ALP declara una pausa excepcional por cinco años en la verificación de la FES de predios con vocación forestal o áreas de desmonte no autorizado, excepto en casos comprobados de acaparamiento de tierras improductivas, relaciones servidumbrales y delitos de narcotráfico.

Notas:

[1] El 27 de abril de 2012 el Vicepresidente prometió la liberalización de las exportaciones de grano y derivados de girasol y la ampliación del cupo para la exportación de maíz, reconociendo que el sector privado “forma parte del motor de la economía agrícola boliviana”. Sobre las exportaciones de soya, “entiendo la preocupación del presidente de Anapo y quiero decir que no hay restricción alguna al grano de soya, se puede exportar la cantidad que se vea conveniente. Comprometemos a la Ministra (Achacollo) a que ningún permiso para exportar soya de un pequeño, mediano o intermediario va a tardar más de 24 horas y para ello se contratará más personal y se viabilizarán los procedimientos”.

[2] Según la ASFI, en el primer semestre de 2011 los créditos otorgados al empresariado privado ascendieron a 299 millones de dólares; los préstamos a pequeños y medianos empresarios sumaron 182 millones; los créditos hipotecarios de vivienda bordearon los 135 millones; los créditos de consumo sumaron 113 millones y los microcréditos alcanzaron los 105 millones de dólares. En el primer semestre de 2012 los créditos otorgados a productores agrícolas aumentaron a 285 millones de dólares; los créditos para el sector ganadero ascendieron a 168 millones de dólares, y la silvicultura y pesca obtuvo nueve millones. La mayor parte del financiamiento al sector agropecuario se concentra en los departamentos Santa Cruz (65,7%), Cochabamba (14%) y La Paz (10,6%).

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