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Área: Opinión >> Periodismo ciudadano
Actualizado el 2012-08-07 a horas: 00:11:05

Los maestros en total indefensión

El decreto 1302 para el magisterio es igual que la Ley 1008 para el narcotráfico

Miguel Lora Ortuño

El gobierno acaba de promulgar el decreto supremo 1302 de “Erradicación de la Violencia en las Unidades Educativas”. El objetivo es –dice la fundamentación de este instrumento legal- “luchar contra el abuso, maltrato, acoso sexual y casos de violación que sufren las/los estudiantes…”. La norma muestra una vez más la acentuación de una tendencia autoritaria del gobierno en todos los niveles de la administración del Estado, con la complicidad de un órgano judicial manipulado desde el Poder Ejecutivo.

Miguel Lora Ortuño

Es maestro y dirigente sindical.

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Está bien que el Estado se preocupe por la seguridad de los niños y jóvenes que concurren al sistema educativo nacional y también de aquellos otros que no han sido asimilados por las unidades educativas del país. Lo que es condenable es que ponga en situación de total indefensión a los maestros.

El decreto en cuestión señala que una vez sean imputados por los fiscales por delitos de acoso sexual y violación, los acusados serán inmediatamente suspendidos de sus funciones con la privación de sus sueldos. Esto quiere decir que la sanción les llegará antes de que puedan defenderse en los tribunales de justicia, y antes de que se hubiera dictado sentencia ejecutoriada contra ellos.

De esta manera, el gobierno ha borrado de un plumazo el principio jurídico universal de la presunción de inocencia, que significa que toda persona imputada es considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad dictada por un tribunal imparcial, un derecho que también está inscrito en la Constitución Política vigente y que constituye una garantía elemental para las personas acusadas de algún delito.

El decreto 1302 es exactamente igual que la Ley 1008 que los masistas, antes de llegar al poder, combatieron furiosamente. A raíz de la aplicación de este decreto, los maestros se encuentran inermes frente a los padres de familia, cuyas direcciones se encuentran burocráticamente controladas por el oficialismo, y de autoridades que fácilmente pueden constituirse en acusadores de manera irresponsable, como ocurre frecuentemente.

Hay casos en los que directores desesperados de librarse de un maestro rebelde, sindicalista o respondón, manipulan a estudiantes y padres de familia para que lo acusen de acosador o violador; se dan también casos en los que padres de familia, molestos porque sus hijos han obtenido malas calificaciones, recurren al recurso de acusar al maestro de abusivo, acosador o violador, todo con la finalidad de que sea apartado de la unidad educativa. Esta conducta dolosa de muchos padres de familia es secundada por las oficinas de defensa del niño y del adolescente.

Las organizaciones sindicales de La Paz y Cochabamba se han pronunciado rechazando el decreto y, al mismo tiempo, han señalado que no están protegiendo la violación de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes; exigen que los infractores sean sancionados ejemplarmente, pero después de haber sido sentenciados en un proceso penal objetivo. Contrariamente, los dirigentes oficialistas de la Confederación del sector hasta ahora han mantenido un silencio sepulcral. El Congreso educativo de Cochabamba los ha conminado a pronunciarse.

Este decreto está mostrando una vez más la acentuación de una tendencia autoritaria del gobierno, que imprime en todos los niveles de la administración del Estado con la complicidad y los servicios de un órgano judicial manipulado desde el Poder Ejecutivo.

Todo este panorama pone al maestro en una situación extremadamente vulnerable y el decreto supremo 1302 será un instrumento para legalizar impunemente actos de injusticia execrables. Los maestros no tienen otro camino que organizarse y movilizarse para impedir que sus derechos y garantías personales más elementales sean vulnerados.

* Dirigente del POR y de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba.

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