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Actualizado el 2011-10-05 a horas: 17:52:17

La Fiscalía General crea la Coordinación Nacional para Delitos Sexuales, Trata y Tráfico de Seres Humanos, y Atención de Víctimas y Testigos

Las Defensorías de La Paz atendieron 4.337 casos de maltrato infantil

Desde enero hasta la fecha, las siete Defensorías de la Niñez de la Alcaldía atendieron 4.337 casos de maltrato infantil, informó la jefa interina de la Unidad de Atención Integral a la Familia Inés Aramayo. Por otro lado, la Fiscalía Generalcreó la Coordinación Nacional Para Delitos Sexuales, Trata y Tráfico de Seres Humanos, y Atención de Víctimas Y Testigos (CNDSTTSHAVT).

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Las siete Defensorías de la Niñez macrodistritales de La Paz asumen acciones legales, sociales y psicológicas a favor de los menores maltratados, y se constituyen en la parte denunciante y querellante contra los agresores.

Aramayo señaló que en los últimos años se incrementaron los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, al igual que el grado de maltrato. Un ejemplo son los varios casos que se presentan y que derivaron en la hospitalización y muerte de los menores. Las causas del maltrato hacia los niños por parte de sus progenitores y otros familiares, puede deberse a la ausencia del cariño de papás y mamás, pero también el estrés.

“Hay una ausencia de cariño, ya que se llega a extremos. Llegar a lastimar a una niña de dos años hasta dejarla inconciente, tiene que haber un tema de bloqueo sentimental. Estamos preocupados porque no estamos asumiendo lo que es ser madre y lo que es ser padre”, reflexionó.

“Cuando nosotros vemos un caso, dependiendo de la magnitud se define si se realizará la demanda. Por ejemplo, en los casos de niños que están hospitalizados en el Materno Infantil, se trata de violencia física explícita y que atenta contra la vida, se hace una demanda penal y los abogados de las Defensorías siguen el proceso”, explicó Aramayo.

Citó el caso de Adriana, una niña de dos años que fue golpeada por su padrastro hasta que perdió el conocimiento. Este hecho no quedará en la detención preventiva del padrastro, identificado como el presunto agresor, sino que podría ser ampliado a la madre toda vez que ella conocía de los maltratos hacia su hija. “Cuando una mamá calla que su hijo es golpeado por el papá, padrastro o tío, se convierte en cómplice de esta violencia, por lo tanto es igualmente imputable”, dijo.

Los equipos interdisciplinarios realizan un monitoreo y seguimiento permanente a los pequeños que fueron derivados a hogares o a sus familiares. Se efectúa un trabajo continuo para verificar el trato hacia los menores. Muchos niños maltratados requieren terapia psicológica, por lo que se recurre a la colaboración de instituciones como la Fundación La Paz y Ributra, entre otras, porque la Alcaldía no proporciona este servicio. Sin embargo, las Defensorías supervisan este tratamiento que siguen también padres y madres.

Por otro lado, el fiscal general Mario Uribe Melendres, conforme a su mandato constitucional (Art. 225 de la Constitución, con relación a lo establecido en el art. 15 de la CPE y a través de la Resolución Nº 174/2011) creó la Coordinación Nacional Para Delitos Sexuales, Trata y Tráfico de Seres Humanos, y Atención de Víctimas y Testigos (CNDSTTSHAVT), que estará bajo dependencia directa del Fiscal General de la República, y eb coordinación funcional y operativa con la Dirección de Gestión Fiscal y la Secretaria Técnica.

El Art. 225 de la CPE, señala con respecto al derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, desaparición forzada por causa o circunstancia alguna, así como la proscripción de la pena de muerte, la servidumbre y esclavitud, prohibiendo además la trata y tráfico de personas; por otro lado el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, en particular las mujeres; y la obligación como Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Asimismo, se tomó la decisión en consideración a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Boliviano, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, epecialmente Mujeres y Niños, así como la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para", entre otros, y en particular los compromisos asumidos por el Ministerio Público en el marco del Mercosur y la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público (AIAMP).

Temáticas de especial interés son los delitos de índole sexual, así como los relacionados a la trata y tráfico de seres humanos, y en particular contra víctimas vulnerables (mujeres, niños, niñas, adolescentes, etc.), además de la revalorización de la participación y atención a la víctima de delitos como uno de los elementos centrales del nuevo paradigma de trabajo del Ministerio Público; considerando finalmente la necesidad de que el Ministerio Público brinde sus servicios en estas temáticas atendiendo a criterios de Prevención, Persecución Penal Eficiente, y Protección Integral a víctimas y testigos.

Las funciones de la Coordinadora son efectuar el seguimiento y control de los procesos, de delitos de carácter sexual, trata y tráfico de seres humanos, así como la atención de víctimas y testigos; proponer las medidas institucionales internas necesarias para la persecución penal en dichas materias; organizar y regular el funcionamiento de las unidades o divisiones que en los distintos Distritos del País; promover una activa participación del Ministerio Público en procesos de sensibilización, prevención, y otros, vinculados a delitos de carácter sexual, trata y tráfico de seres humanos, así como la atención de víctimas y testigos; promover la coordinación interinstitucional necesaria para facilitar el avance procesal de los casos; coordinar con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) los estudios, pericias y actuaciones técnico científicas necesarias; y coordinar con el Instituto de Capacitación del Ministerio Público la capacitación y especialización de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

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