El Comité pro Santa Cruz condenó la "persecución política" y el "terrorismo de Estado"

Imputan a Marinkovic por terrorismo y alzamiento armado

(ABI y agencias).- El fiscal Marcelo Soza que investiga los nexos de la célula terrorista del croata-boliviano Eduardo Rózsa, desbaratada en abril de 2009 en Santa Cruz, imputó formalmente al ex dirigente cívico y empresario Branco Marinkovic por los cargos de terrorismo y alzamiento armado.

A primera hora del lunes hemos presentado la imputación formal en contra de Branco Marinkovic, luego publicaremos el edicto y lo declararemos en rebeldía", precisó a los periodistas.

Anunció también que procederá con la anotación preventiva de los bienes del ex dirigente cívico, que según la investigación, financió a la célula terrorista integrada por los extranjeros y bolivianos Mario Tadic, detenido en la operación antiterrorista de abril, junto al húngaro Elod Tóasó, ambos encarcelados en el penal de San Pedro.

Además del rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Dwyer Michael Martin, abatidos junto a Rózsa Flores durante el choque armado con la Policía en la madrugada del 16 de abril de 2009en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

El director funcional de la investigación, aseveró que Marinkovic está sindicado de entregar 200.000 dólares para la compra de armas.

Soza anunció también que habrán otras imputaciones contra varias personas, entre ellas, Guido Náyar, ex dirigente de los ganaderos cruceños, acusado de estar vinculado con el grupo irregular de mercenarios extranjeros que planeaba la secesión de Bolivia.

El Comité pro Santa Cruz condenó y rechazó la "persecución política contra los líderes cívicos cruceños" y denunció que el gobierno central ejecuta "terrorismo de Estado a través de los operadores de justicia serviles".

"Nos solidarizamos con el ex presidente cívico Branko Marinkovic y el primer vicepresidente del Comité, Guido Náyar, que están siendo perseguidos por los operadores judiciales del gobierno", expresó la entidad cívica cruceña en un comunicado.

El Comité pro Santa Cruz demandó un juicio justo, imparcial y transparente que respete la jurisdicción natural, los derechos y garantías de las personas, "y que también incluya al hermano del vicepresidente, a los pilotos venezolanos, a los supuestos testigos claves, al capitán Andrade, al señor Clavijo y la cantidad de videos, que demuestran la manipulación contra Santa Cruz".

El Comité pro Santa Cruz, la institucionalidad cívica y la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia advirtieron que "asumirán las acciones que el caso amerite a fin de evitar que la persecución política continúe".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.