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Área: Economía >> Empresa
Actualizado el 2009-01-29 a horas: 17:00:21

Involucrados el Presidente del Senado, la CRE y ex autoridades municipales

La Contraloría denuncia que la alcaldía de Santa Cruz perdió ingresos millonarios por favorecer a industriales privados

El contralor general de la República interino Gabriel Herbas denunció que la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) de Santa Cruz suspendió el cobro de la alícuota del alumbrado público al sector industrial, ocasionando un grave daño económico al Estado. La autoridad involucró en la irregularidad al presidente del Senado Oscar Ortiz.

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Herbas informó que el 6 de noviembre de 1992, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GMSCZ) y la CRE suscribieron un contrato de operación, mantenimiento, reposición, expansión y suministro de energía eléctrica para alumbrado público de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y servicio de recaudación de la Tasa Municipal (10% sobre el consumo de energía eléctrica) destinada al alumbrado público a través de las facturas mensuales de la CRE.

En enero de 1997, la CRE informó al ex Alcalde de Santa Cruz que los socios de las Categorías Industrial y Comercial reclamaron por las elevadas tasas, y anunció que se vería forzado a suspender los cobros en dicha categoría al no encontrar disposición legal que imponga el tributo a los industriales privados.

El Oficial Mayor Administrativo del GMSCZ respondió a la CRE que la Ordenanza Municipal N. 023/93 de 27 de abril de 1993 ratifica la alícuota del 10% de alumbrado público sobre el consumo de energía eléctrica. Sin evaluar la respuesta, la CRE suspendió unilateralmente el cobro del tributo a partir de abril de 1997 hasta octubre de 2001, privando al Municipio de Santa Cruz de ingresos que ascienden a 17,7 millones de bolivianos, equivalentes a 3,4 millones de dólares, montos establecidos en el Informe Legal N. LS/A044/A07, basado en el Informe de Auditoria N. GS/EP01/N06 R1 de la Contraloría General de la República.

El 27 de septiembre de 2001, la ex alcaldesa Gina Méndez Hurtado, el ex director de Alumbrado Público del GMSC Luis Alberto Orellanos Bello y los entonces presidente y gerente de CAINCO Zvonko Matkcovic Fleig y Oscar Miguel Ortiz Antelo, respectivamente, informaron al gerente General de la CRE Alan Duran Tarabillo que la Dirección de Alumbrado Público del Municipio y la CAINCO acordaron aplicar a partir de septiembre de 2001 y de manera provisional tarifas diferenciadas por consumo Kwh/mes a las empresas industriales de la categoría mayor, hasta que la OM de la tasa de alumbrado público cumpla con el Art. 66 inc. 4 de la Constitución. Según la Contraloría, esta discrecionalidad privó al Municipio de Santa Cruz de recibir ingresos por más de 22 millones de bolivianos equivalentes a 2,8 millones de dólares, según el Informe Legal N. LS/A047/A07, basado en el Informe de Auditoria N. GS/EP01/N06 R2 de la CGR.El cobro diferenciado de tarifas con consentimiento de las propias autoridades municipales y miembros de la CAINCO vulnera el principio de igualdad jurídica y de aplicación objetiva de la ley; ya que no es posible que la OM cuestionada sea legal y válida para los consumidores domésticos, e inaplicable para los consumidores industriales, observó la Contraloría.La Contraloría continuará la auditoria y complementará los informes respecto de la responsabilidad de autoridades municipales que no obligaron a la CRE a cobrar de manera uniforme la tasa de alumbrado público a todos los asociados y usuarios, conforme estipula la cláusula novena del contrato que establece que los recursos principales destinados al pago de los servicios de suministro de energía para alumbrado público provienen de la Tasa Municipal.

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