"En relación al acceso y tenencia de la tierra, con conocimiento de causa, debo afirmar que la mayoría de la alta jerarquía religiosa de las colonias menonitas sus ministros, son parte importante de la cadena del tráfico de tierras en el oriente boliviano", aseguró. Según Núñez, una gran parte de las tierras que poseen fueron adquiridas de forma "ilegal" y que dichas ocupaciones afectaron, principalmente, a las demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia. Además dijo que es lamentable que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) haya consolidando el derecho propietario a favor de los menonitas, argumentando que tenían contratos de compraventa de tierras y que ya habían realizado inversiones en la construcción de viviendas, desmontes mecanizados, siembras, alambradas y deslindes. "Las seis colonias menonitas asentadas en el municipio de Charagua, en Santa Cruz, poseen más de 60 mil hectáreas de tierras dentro de las demandas de una TCO del pueblo Guaraní. Son tierras adquiridas sin previo proceso de saneamiento y en el momento de su adquisición no cumplían con la función económico social (FES)", señaló. El Gobierno anunció la expulsión de la comunidad menonita de tierras están compuesta por 53 familias que viven en el municipio de San Javier, de la provincia Cercado, al noreste de Beni. Los menonitas se verán afectados así por el proceso de "saneamiento" que impulsa el Gobierno y que consiste en la verificación por parte del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA) de la "función económica y social" de las propiedades rurales. Les corresponde la aplicación de la medida porque se asentaron después de la promulgación de la ley de reforma agraria de 1996. Desde su llegada a Bolivia, los menonitas se dedican a la agricultura intensiva y al comercio. La comunidad no tendrán derecho a indemnización ya que el Gobierno aplicará la figura de la reversión.