Historiador, periodista, explorador. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1963. Reside en La Paz, Bolivia, desde 1987.
Como historiador, realizó estudios sobre los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y los problemas de tierras en la puna de Jujuy, la explotación cauchera en la Amazonía y la historia minera de Los Lípez potosinos.

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Es precisa una acción urgente y necesaria, nacional e internacional, para sancionar a los culpables del genocidio de Porvenir. Tal proceder ―practicado por los yanquis y los neoliberales― debe quedar definitivamente atrás, sepultado por una conciencia nacional, social y global que ya no permita mas crímenes contra indios y campesinos, que ya no permita mas que los más débiles, los más vulnerables, los siempre olvidados y humillados, sean los que siempre paguen las facturas de la política, el poder, la economía y toda esa vorágine que es el mundo que hoy nos toca vivir.
Nunca más crímenes de lesa humanidad. Nunca más crímenes contra la humanidad. Nunca más, crímenes contra la parte sensible y más bondadosa de la humanidad: los indios y los campesinos.
Los campesinos de Pando no tienen la culpa de querer vivir con dignidad. Los indígenas de Pando no tienen la culpa de querer ser respetados y que sus derechos sean reconocidos. La gente humilde, sana y simple del área rural de la Amazonía no tiene la culpa que, desde hace siglos, los vengan invadiendo, abusando, explotando, violando, torturando, escupiendo, humillando, degradando, matando, asesinando, masacrando. ¿Hasta cuando?
¿Hasta cuando la humanidad seguirá negando que en lo que ahora se considera “el pulmón del planeta” y provoca y produce toneladas y millones de dólares de celuloide y video y miles de discursos con palabras bonitas pero que no dicen nada, se continúe matando, asesinando, masacrando a la gente, a los campesinos, a los zafreros, a los indios? ¿Hasta cuando vamos a seguir siendo cómplices de lo que sucede al interior de la selva, en la tan famosa Amazonía?
En Porvenir, a orillas del río Tahuamanu de los ya casi extinguidos Araona, en Pando, el departamento amazónico de Bolivia, hemos vuelto a asistir a una matanza, a una premeditada acción para aniquilar a los pocos dirigentes que se animan a sacar la cara por su pueblo, una matanza signada por los mismos afanes de siempre: sometimiento por el terror, terror para la explotación despiadada del hombre amazónico, explotación para generar fortunas y poder a quienes organizan las matanzas. Eso fue así en el siglo XIX y a principios del novecientos con el caucho. Eso siguió siendo así con el petróleo, las piedras preciosas, el oro, el narco, a lo largo del siglo XX. ¿Hasta cuando vamos a seguir asistiendo a esa tragedia sin intentar detener a los culpables del drama?
Leopoldo Fernández Ferreira es el símbolo de eso que denunciamos. Y el culpable de lo que ahora nos enluta. Desde hace 29 años, es el ser omnipresente y todopoderoso de ese cautivo rincón de la Amazonía boliviana que es el departamento de Pando, al cual este triste personaje, considera como su hacienda, su patrimonio, suyo. Van ya tres décadas que “El Cacique” ―como él mismo se ufana en proclamarse― hace y deshace a su antojo sobre el destino de miles de seres humanos, indios, campesinos, pobres, humildes habitantes de la Amazonía, en base a un terror que ciega, un terror que enmudece, un terror que manda. El terror que Leopoldo Fernández Ferreira ha impuesto, a punta de amenazas y de balas.[1] La Masacre de Porvenir lo ha desnudado como lo que es.
Es urgente que un equipo internacional ―encabezado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas― venga a la selva amazónica boliviana a investigar y esclarecer el tamaño de los crímenes, de los abusos y la ferocidad que con este hombre subyugó a su pueblo por tres décadas. Evo debe hacer todo lo que esté a su alcance para encarcelarlo y exponerlo al mundo como símbolo de lo que la furia conservadora y genocida contra los cambios a favor del pueblo boliviano puede concebir y ejecutar pero también para que el mundo sensible y comprometido entienda lo que cuesta acabar con los que destruyen e inmolan nuestro futuro común.
Debemos defender como si fueron nuestros, los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía. Debemos proteger como la propia, la vida de los campesinos extractivistas de la Amazonía. No más Chicos Mendes, no más Bernardinos Racua, no queremos sólo y más mártires: debemos pelear todos juntos para que haya justicia. Ya no queremos segur llorando a nuestros muertos, queremos que ellos le devuelvan, con su memoria, dignidad al pueblo de la Amazonía.
Pero no habrá Bolivia digna y menos un mundo conciente si no se hacen todos los esfuerzos para detener a Leopoldo Fernández Ferreira: símbolo del oprobio y responsable del último genocidio amazónico. Ese es el clamor. Esa es la verdad.
[1] En Pando, se escondió la familia Alves, los ejecutores del crimen que segó la vida de Chico Mendes, y muchos de los sicarios que aniquilaron a la dirigencia campesina del Estado limítrofe do Acre, Brasil. Ironía del destino: el puente binacional que une Cobija, capital de Pando, con la ciudad brasileña de Brasileia, lleva el nombre de uno de los mártires. Wilson Pinheiro. Leopoldo también debería explicar porqué protegió a los asesinos de Chico y a tanto criminal brasileño, su fuerza de choque para matar campesinos bolivianos.
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A pesar de las denuncias y el prolongado desgaste de sus fuerzas en Afganistán, el Congreso acaba de aprobar el presupuesto solicitado por Obama para luchar contra el terrorismo islámico y a favor de la industria bélica. Las graves denuncias que se filtraron en Internet –en el sitio WikiLeaks− sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas estadounidenses y sus aliadas, lo tienen a Obama preocupado. Más por advertirle a la prensa vía email que no consideren objetivos los 92 mil informes que revelan delitos y graves hechos cometidos en el territorio del país asiático, que abocado a dirimir la disyuntiva en la que se encuentra su gobierno tras una década guerrerista signada por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la población civil afgana.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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