Primer “territorio libre de injerencia norteamericana”

Expulsan a USAID del Chapare

En un congreso realizado el pasado domingo en Chimoré, el movimiento cocalero, alcaldes y concejales conminaron a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) a abandonar el Chapare, departamento de Cochabamba, máximo hasta este jueves. Los funcionarios de la agencia norteamericana, acusada de financiar planes conspirativos, salieron del trópico cochabambino este miércoles.

Los cocaleros estaban dispuestos a echar a USAID por la fuerza. Acusan a la entidad de financiar a grupos de choque de extrema derecha como la Unión Juvenil Cruceñista, los cuales habrían intentando asesinar al Presidente Evo Morales. Denuncian que en los últimos años USAID se ha dedicado a asesorar a los prefectos de la “media luna” y al prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa.

USAID tiene mala imagen en el país. El gobierno, los movimientos sociales y varias instituciones del extranjero aseguran que USAID conspira en muchos países y se mete en asuntos internos. El alcalde de Villa Tunari Feliciano Mamani reveló que gran parte del financiamiento de la agencia se destinaba a proyectos de la Prefectura que no son de gran impacto.

La agencia ABI informó que el personal de USAID salió del Chapare este miércoles y que se retiraron sus letreros en diferentes poblaciones. “Me complace que haya decidido irse de manera voluntaria y lamentamos mucho que desde los diferentes proyectos que manejaban en esta parte del país se dedicaban a maniobrar y desprestigiar a nuestro gobierno”, declaró el dirigente cocalero Asterio Romero

Ejecutivos de las seis federaciones de cocaleros y representantes de la Mancomunidad de Municipios del Trópico declararon al Chapare “territorio libre de injerencia norteamericana”. Decidieron tomar los activos y equipos de USAID y continuar con los proyectos en marcha.

Romero denunció que continúan operando en el Chapare otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a USAID que “son las más radicales como agentes del imperio y de la extrema derecha”.

El viceministro de Relaciones Exteriores Hugo Fernández aclaró que la administración de Evo Morales acepta cualquier cooperación siempre que se enmarque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El Vicepresidente Alvaro García Linera anunció que no se firmarán más convenios con USAID, pero los proyectos vigentes continuarán hasta su conclusión.

USAID en Bolivia

La ayuda de USAID tiene dos componentes: La cooperación bilateral oficial, en la que el Estado participa de alguna manera en la identificación de áreas de trabajo, pero no en la administración de recursos, y la cooperación unilateral extraoficial, que se ejecuta sin contraparte ni controles del Estado. USAID utiliza este último tipo de recursos de manera discrecional.

La ayuda bilateral oficial representa el 30 por ciento del total de la cooperación norteamericana, mientras que la ayuda unilateral significa el 70 por ciento. En términos económicos, el monto total de cooperación en 2007 fue 120 millones de dólares, lo que quiere decir que 81 millones fueron para planes de cooperación unilateral.

El 40 por ciento de la cooperación se pierde en comisiones que las ONG americanas cobran por administración de recursos; el 30 por ciento se destina a sueldos de funcionarios norteamericanos, y solo el 30 por ciento se invierte en proyectos, incluidos los salarios para los bolivianos. Los niveles salariales son diferenciados: Un norteamericano gana 25 mil dólares al mes; un ejecutivo boliviano de alto nivel, 5 mil dólares.

Dado que la cooperación de Estados Unidos no trabaja directamente con las ONG bolivianas, intermedia con ONG americanas que subcontratan a fundaciones alineadas a la potencia del norte y a profesionales que trabajaron para los gobiernos neoliberales del pasado.

Según una investigación del periodista Reed Lindsay publicada en El Juguete Rabioso en noviembre de 2005, Estados Unidos fomentó la construcción de partidos políticos "moderados y pro democráticos" que sirvan como una balanza al MAS de Evo Morales.

“Moderación” es la palabra preferida de los programas de “promoción de la democracia” que siempre favorecen a los partidos y dirigentes que apoyan el mantenimiento del statu quo. Entre 2002 y 2004, el Instituto Nacional Democrático en Temas Internacionales (NDI por sus siglas en inglés) incluyó a Bolivia en su “programa de dirigencia política” con una beca de la Fundación Nacional para democracia (NED), famosa por su apoyo a la oposición a Chávez en Venezuela.

Según documentos obtenidos por FOIA, el programa llevó 13 líderes del MNR, ADN, MIR y NFR a Washington para que asistan a talleres y después distribuyó fondos para sus proyectos de fortalecimiento de sus partidos.

También financiado por USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI) estableció una oficina en Bolivia pocos meses después para “fortalecer a la sociedad civil” incluyendo un proyecto para distribuir 20 mil manuales en colegios que se titula “Hacia una cultura democrática: autoridad y responsabilidad”. Otro proyecto del IRI incluyó una serie de reuniones entre políticos y periodistas para estimular a la prensa a que “muestre la buena cara del sistema político y los partidos políticos, tan desacreditados ahora”.

En marzo de 2004, USAID abrió una rama de la Oficina de Iniciativas Transitorias (OTI) en La Paz. OTI fue fundada en 1994 para “tender un puente entre la ayuda coyuntural y el desarrollo a largo plazo a los países en crisis”. OTI tiene un enfoque “abiertamente político” y da prioridad al trabajo con grupos locales que pueden tener un impacto político. Según su literatura, OTI “trabaja en proximidad con el Departamento del Estado, que muchas veces usa los instrumentos programáticos de OTI para traducir sus metas diplomáticas y políticas extranjeras en mejoramientos tangibles en el país”. Hasta finales de 2005, la contratista privada Cassals y Asociados administraba sus fondos en Bolivia a través de una oficina en La Paz que se denomina Iniciativas Democráticas Bolivianas (IDB).

A través de IDB se financió un programa gubernamental de instalación de conexiones de gas para los residentes de El Alto, esto con el objetivo de “despolitizar el tema de gas natural dando gas, al mismo tiempo que se promueve la exportación”. Otra subvención de 31 mil dólares financió un programa gubernamental para instalar tuberías de agua y alcantarillado para “desarmar las demandas de los sectores radicales que pedían la nacionalización de los servicios de agua”.

La OTI entregó silenciosamente montos abultados de dinero para crear movimientos indígenas favorables a Estados Unidos. Uno de los beneficiados fue la Fundación Brecha, dirigida por Marcial Fabricano, acusado por comunidades indígenas de aceptar “pegas” en 1997 de un maderero a cambio de árboles ilegalmente talados.

Walter Reynaga creó una organización política e indígena pro Estados Unidos que se denomina Movimiento Tierra y Libertad (MTL) gracias a una subvención de 190 mil dólares de OTI en 2004. Durante 11 meses, Reynaga entrenó a 80 dirigentes jóvenes indígenas.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.