El gobierno peruano quiere modificar las normas de la CAN sobre propiedad intelectual

Bolivia en contra de extender la vigencia de patentes y de conceder más derechos a farmacéuticas

Redacción Bolpress

El Presidente Evo Morales rechaza la propuesta de su homólogo peruano Alan García de modificar la Decisión 486, normativa andina sobre propiedad intelectual, para adecuarla a las reglas de los tratados de libre comercio. Enmendar la norma sentaría un antecedente desfavorable para el futuro de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El solo hecho de proponer modificaciones para beneficio de un país constituye una violación de la Decisión 598, la cual establece que “toda negociación de acuerdos comerciales a nivel bilateral debe primero preservar el ordenamiento jurídico andino”.

Las modificaciones propuestas por Perú buscan textualmente “ampliar el nivel de protección de los derechos de la propiedad intelectual”, es decir mayor protección para las  transnacionales que controlan el 90 % de las patentes en el mundo. Además, crean derechos y procedimientos especiales en Perú que afectan procedimientos y derechos de los otros países de la región andina.

Dichas modificaciones dificultan el acceso a medicamentos y tecnologías medicas; otorgan mayores protecciones a los titulares de las patentes, amplían tipos de materia patentable y dificultan la divulgación de las patentes.

Pretenden convertir en normativa andina, es decir aplicable en todos los países que aún permanecen en la Comunidad Andina, aquellas concesiones hechas por Perú a Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, acuerdo del que no forman parte ni Ecuador ni Bolivia.

Foros internacionales a todo nivel y organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran que el sistema de propiedad intelectual perjudica la innovación y el acceso a los medicamentos.

La Decisión 486 procura reflejar un justo equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho constitucional a la salud.

El Canciller David Choquehuanca viajó de inmediato a Lima para expresar su oposición a la propuesta que no hace más que profundizar las políticas de libre mercado que hicieron mucho daño al país en los últimos 20 años.

Morales solicitó al presidente pro témpore de la CAN, el Presidente colombiano Alvaro Uribe, convocar a una reunión extraordinaria de jefes de Estado para discutir esta y otras iniciativas relativas a los recursos naturales, la cooperación y los servicios básicos. “Se que tenemos diferencias. Como jefes de estado debemos debatirlas y llegar a conclusiones”, comentó el Mandatario boliviano.

“Denunciamos que mediante estas presiones el Perú estaría, en los hechos, obligando a todos los países andinos a entrar sutilmente en su TLC firmado con EEUU. No podemos permitir la modificación de la Decisiónla Sociedad Civil de ese país”, dice un pronunciamiento de organizaciones bolivianas. 486, ya que la liberalización de su contenido favorecerá a las empresas transnacionales de medicamentos, entre otras, permitiéndoles un amplio margen para el patentamiento, introduciendo reglamentos que son nocivos para la salud pública y atentando contra el bien común, más aun, si dicha propuesta no ha sido consultada con autoridades sanitarias y menos con autoridades sanitarias y menos con la Sociedad Civil de ese país”, dice un pronunciamiento de organizaciones bolivianas.

Se oponen a las modificaciones propuestas por Perú la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS), Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, Marcha Mundial de Mujeres, Movimiento Grito de los Excluidos, Plataforma de propiedad intelectual y acceso a medicamentos, Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos-contra el TLC y el ALCA, Centro de Apoyo y Promoción del Campesinado de Bolivia, Acción Internacional por la Salud, Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, Centro cultural Café Semilla Juvenil, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Bolivia, Comité Nacional de Competitividad y Productividad de la Cadena Productiva de la Quinua, Centro de Promoción y Salud Integral, Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA, Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía – REMTE Bolivia, Tribunal Militar de Justicia, Colectivo de Mujeres Alteñas, Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, Frente de Defensa Cotel, y el Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia.

Volver atrás

temas << El reclamo por el mar >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.