Senasag estudia si es saludable comer carne de burro

(ABI).- Distintas entidades estudian en La Paz si la carne de burro es apta para el consumo humano, informó este jueves el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenticia (Senasag).

"Es un estudio previo que se está realizando, en función de eso se van hacer los análisis respectivo de esta carne para determinar su calidad sanitaria para el consumo humano", manifestó el encargado de Certificación y Registro del Senasag, Armando Villarroel.

Informó que este estudio cuenta con la participación del Ministerio de Salud, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Intendencia Municipal, Defensa al Consumidor, el Ministerio de Agricultura como ente normativo y las personas involucradas en el comercio de carne.

Dijo que el estudio será realizado por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) para que en base a ellos se pueda comercializar esta carne, la que se podría hacer efectiva hasta el mes de mayo y junio de este año.

Por otro lado, informó que en una primera instancia se realizó la norma para la construcción de un matadero destinado al faineo de esta carne, la misma que se prevé que esté aprobada hasta la primera semana del mes de abril.

"Ya se ha hecho la norma la que no ha tenido ninguna observación de parte de la gente involucrada en este tema en cuestión", afirmó Villarroel.

Mencionó que esta iniciativa está basada en bibliografía e información de otros países, donde afirman que no existiría ningún problema en el consumo de esta carne y que explican sus bondades, como su alto nivel de proteínas y su bajo nivel de grasas entre otros.

"Nosotros tenemos que adoptar una norma y ver la realidad que tiene esa carne en lo que respecta a Bolivia, no nos vamos a basar en normas de otros países y vamos a realizar nuestro propio estudio de esta carne", añadió.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.