El efecto coca

Iván Arias D.

“Esto está que arde!” escribe don Guillermo Callapa desde los Yungas para informarme sobre los chaqueos e incendios que se están provocando en Bolivia: “Hemos visto el desarrollo, cada año más creciente, de los chaqueos en el sector; y dado que estamos en la falda de la cordillera y enclavados en el cañón del río Taquesi, nos llega el humo que producen los incendios de los llanos”.

La mentalidad minera y agrarista que se alojó en la administración pública desde el año 52, ha enclavado en la conciencia nacional la idea de que somos un país de vocación agrícola en desmedro de la gran riqueza forestal: 41 millones de hectáreas (50%) del territorio nacional que son tierras de vocación forestal permanente. Tan fuerte es esta visión que hasta antes de la aprobación de la Ley INRA del 96 la Función Económica Social (FES) de la tierra estaba relacionada sólo a los trabajos agropecuarios. Una propiedad cumplía la FES si es que en la misma se sembraba o criaba ganado, para lo cual no quedaba otra que chaquear. A pesar de la Ley, cada año se deforestan más de 250 mil hectáreas en Bolivia.

Aparte de ganaderos y soyeros, otro sector que desmonta bosques a diestra y siniestra son algunos colonizadores y, en particular, los cocaleros que, como parte de la acumulación originaria de su poder económico y político, en nombre de la sagrada hoja de coca, vienen pervirtiendo, desde hace más de 30 años, a la madre tierra sin temor ni compasión: “basta darse una vuelta por el sector de Coripata, donde todas las lomas circundantes han perdido su vegetación natural, convirtiéndose en enormes cocales. Por Yanacachi, las naranjas, paltas y mangos están en peligro de desaparecer a favor de la coca”. Pronto en el Chapare se instalará una fábrica de papel que, como bien denuncia Laserna, aparte de no tener estudios de mercado ni de factibilidad técnica, necesitará de muchos árboles y de mucha agua, que incrementarán la deforestación y la contaminación.

La permisividad de la que gozan los cocaleros ha convertido al Chapare, Yungas, norte de La Paz y parque Isiboro Sécure en zonas de alta migración que presionan sobre el bosque para convertirlo en sembradíos de coca: “los sindicatos y asociaciones han perdido control, pues se han apoderado del lugar nuevos migrantes” que no titubean en “quemar la parcela de quien se les oponga”. Recientemente, escribe el señor Callapa, a un productor diferente le quemaron “todas sus colmenas de abejas y no dudan en usar la violencia; han implantado su propio grupo de gente y han reemplazado las plantaciones de flores, tan características del sector por las de coca, que son más rentables pero erosionan más la tierra”.

Bolivia se está infectando de coca y cocaína sin que nadie se rasgue las vestiduras. Lo cierto es que el efecto coca, aparte de ser una de las bases del poder estatal actual, está asesinando no sólo a la Pachamama, sino a la capacidad creadora de miles de campesinos que hasta antes de esto habían apostado por otros cultivos, pero que ahora no pueden resistirse a la tentación de ganar dinero, ilegal, pero rápido y seguro: “es una oportunidad única”.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.