Es una especie de “estado mayor” encabezado por el propio Presidente y asentado en cuatro pilares: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Asamblea Constituyente y los movimientos sociales

Evo gobernará con una “Coordinadora Política Nacional para el Cambio”

Redacción Bolpress

El Presidente Evo Morales anunció la conformación de una Coordinadora Política Nacional para el Cambio, una estructura integrada por representantes de los movimientos sociales, parlamentarios y constituyentes del MAS. Su principal función es garantizar y acelerar las reformas de la denominada “Revolución Democrática y Cultural”.

Morales hizo el anuncio al término de la reunión nacional de evaluación de los primeros 11 meses de gobierno realizada en los últimos tres días en Cochabamba con la participación de representantes políticos y sociales vinculados al principal partido de gobierno.

En la inusual presentación de informes de autoridades del Ejecutivo, Legislativo, constituyentes, viceministros a representantes campesinos, indígenas, maestros, trabajadores y profesionales, Morales también anunció que hasta la próxima semana entrará en funcionamiento una delegación presidencial para las regiones donde no existe coordinación entre prefecturas y alcaldías, y en las que las autoridades locales se niegan a coordinar con el Ejecutivo. Se necesita mayor presencia del Estado en algunas zonas, donde las autoridades tienen que “prestarse movilidad de instituciones de Caminos, a veces de alguna ONG”, porque las prefecturas no asisten con recursos.
En la reunión de Cochabamba, el gobierno admitió que cometió errores en los 11 meses de gestión: la falta de coordinación entre las distintas instituciones controladas por el oficialismo y la definciente relación con los movimientos sociales. Reconoció también sus debilidades: la Asamblea Constituyente sigue bloqueada por una oposición minoritaria y los beneficios de la “revolución cultural” todavía no llegan a los bolsillos de la gente. “Si bien la macroeconomía está bien nos falta trabajar la microeconomía”, dijo Morales.
El Presidente también enumeró los éxitos de su gobierno: se sentó las bases del proceso de cambio, la Asamblea Constituyente está instalada, se industrializará los hidrocarburos en el marco de la nacionalización, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Tierra, el plan de austeridad... “Nosotros no rendimos cuentas al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Nosotros rendimos cuentas al pueblo boliviano”, comentó Evo.

En adelante, las prioridades del gobierno y de su “estado mayor” son la modificación de al menos tres normas importantes: la Ley de Pensiones para evitar que se amplíe la denominada generación sándwich; el Código de Minería, y la Ley de Educación Avelino Siñani. La anunciada “nacionalización de la minería” para revertir al Estado las áreas fiscales concesionadas comenzaría con la modificación del Código de Minería y el aumento del impuesto complementario para beneficio público. Otras tareas propuestas son la extensión del bono escolar Juancito Pinto a secundaria, la institucionalización de la justicia comunitaria, la expansión del servicio de telefonía fija y móvil y la modificación de la Ley del Funcionario Público.

Los sectores sociales del MAS pidieron al gobierno reactivación económica y creación de empleos, salud para todos, promover la diplomacia entre los pueblos, programas de soberanía alimentaría, incentivar la comercialización de productos ecológicos, incluir la medicina tradicional al sistema de salud, transparentar el manejo económico en la Policía.

El Ejecutivo prometió desarrollar un agresivo plan de fortalecimiento del aparato productivo en 2007 centrado en la industrialización de hidrocarburos y de hierro del Mutún y en la “revolución agraria”.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.