Los gobiernos y los movimientos sociales

Mario Ronald Durán Chuquimia (*)
Una ruidosa marcha de protesta de ciudadanos alteños partió de la Ceja de El Alto, en las columnas se veían centenares de estandartes y telas que identifican a las organizaciones alteñas, los medios de prensa de radio y televisión al igual que la dirigencia alteña señalan que la marcha es para exigir la renuncia del Prefecto del departamento de La Paz.

En medio de las filas las razones para exigir la renuncia son varias, las caseras (1) reclaman que el traspaso de los mercados a estas realizado cuando Jose Luis Paredes era alcalde, solo les ha servido para pagar mas impuestos; los pescadores del lago lo responsabilizan de la contaminación del lago Titikaka, la dirigencia de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) en la asamblea de organizaciones sindicales afiliadas estableció que dicha autoridad tiene varios juicios pendientes; el consenso mayor en las columnas es que: desoyendo la voz popular, el prefecto hizo campaña por el Si a las Autonomías, por la tanto se alió con la oligarquía camba (2).

De nada han servido los datos mostrados por Jose Luis Paredes, prefecto electo, que afirma tener un 38% de ejecución presupuestaria mientras el gobierno masista   solo tiene un 14%, los entes cívicos de la hoyada le respaldan con tímidas acciones, Samuel Doria Medina del partido Unidad Nacional señaló que la actitud asumida por los movimientos sociales es antidemocrática.

Los movimientos sociales.

En Octubre de 2003, las movilizaciones empezaron para impedir una venta inexistente, el estribillo de la protesta fue que "Goni quería vender gas a Chile", pocos días bastaron para que el mandatario electo abandone el poder. Tal experiencia de poder de la multitud hace afirmar a la dirigencia alteña que "si hemos sacado un presidente, igualito lo vamos a sacar a un prefecto". El poder de la multitud es tan grande que se pretende constitucionalizar como poder del Estado a los movimientos sociales, esta idea provoco agrios debates entre la oposición y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En un articulo anterior denominado "la gerontocracia sindical" (3), mostré las características de la dirigencia de los movimientos sociales, de la que se puede realizar algunas caracterizaciones genéricas: existe una dirigencia profesional que ejerce el liderazgo por mas de cinco gestiones, vale decir dueñas exclusivas del poder; el sistema eleccionario no tiene caracteres democráticos, se registran constantes pugnas incluso violentas entre aparatos; pocas directivas mantienen su independencia ante el poder político, las mas se ofrecen en venta; realizan una manipulación interesada de la información, las bases conocen solo lo que al dirigente le conviene; el control de la organización sobre el individuo no apela a los consensos de asamblea sino que se coacciona a los indecisos (4); es una dirigencia angurrienta de las canonjías que otorga el poder, no le interesa el color del partido.

Una muestra trágica del ejercicio del poder de los movimientos sociales, entre varias, es la siguiente: durante la movilización de Mayo-Junio de 2005, en el ampliado de presidentes de las juntas vecinales alteñas, a un presidente se le ocurrió abogar por que esta institución cívica debería trabajar por el desarrollo de la ciudad de El Alto...   en medio de silbidos, rechiflas, amenazas fue expulsado de la reunión, vale decir, que en el imaginario popular se ha  formado la convicción de la superposición del accionar político como medio de progreso por sobre una vocación de la sociedad como apoyo para la construcción de una estrategia desarrollista.

Quien siembra vientos...

El trasfondo político de la movilización social en contra del Prefecto paceño puede ser entendido de muchas maneras: desde la oposición se señala que hay un plan fomentado desde las altas esferas del gobierno, uno de las participes de la marcha de protesta fue el concejal alteño, ex - párroco de Villa Ingenio, Wilson Soria; el gobierno señala por medio de Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, que si bien el prefecto tiene la legalidad proveniente de las urnas no tiene legitimidad, pero es necesario preguntarse: ¿acaso la votación otorgada por la población no otorga legitimidad   a las autoridades electas?.

Existen ya marcadas señales provenientes de las líderes de los movimientos sociales sobre el poder que estos quieren ejercer: en días de protesta salarial el sindicato armado (4) recordó que la protesta policial de Febrero de 2003 inicio el fin de Gonzalo Sanchez de Lozada: la dirigencia troskista de la Federación de Maestros exige la renuncia del ministro de Educación, Felix Patzi, por no pertenecer y escuchar al sector en cuanto al tema educativo se refiere; la dirigencia de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, resiste con una huelga de hambre a la intervención decretada por la ministra de Salud, Nila Heredia, ante supuestos actos de corrupción.

El gobierno cuando se identifica con los movimientos sociales desde el discurso, pretende controlar estos a través del acercamiento ideológico o  mediante la cooptación, pero no puede controlar la angurria que tiene la dirigencia social por el ejercicio del poder político, a la larga este contrasentido terminara: o con un gobierno rehén sujeto a los vaivenes de los movimientos sociales o con un gobierno que gobierna sin la intermediación de grupos de presión corporativos.

Notas:
(1) Casera: modismo boliviano para nombrar a las vendedoras de los mercados.
(2) Camba: gentilicio de la gente india o mestiza de Santa Cruz, según el historiador Gabriel Rene Moreno (1836-1909).
(3) El articulo fue publicado en Bolpress ( www.bolpress.com/ochoa.php?Cod=2005002368)
(4) Sobre las movilizaciones de Mayo - Junio de 2005 escribí las "Crónicas Alteñas" ( bolivia.indymedia.org/en/2005/06/18698.shtml) que reflejan como se movilizo a los habitantes de El Alto.
(5) Expresión utilizada por la prensa boliviana para referirse a la policía.
mrduranch@gmail.com

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.