La edificación del Estado en América Latina es un proceso poco apacible y plagado de tensiones. Una de las contradicciones recurrentes que han atravesado en el continente y que encierra lo que por el momento se puede llamar la paradoja de la incorporación en el Estado. Uno de los factores en la movilización de las fuerzas nacional populares ha sido la oposición que enfrenta a estos con oligarquías locales que funcionan como correas de transmisión de intereses económicos de las metrópolis capitalistas; en ese sentido el Estado ha sido en un sinfín de ocasiones el aparato de preservación de intereses privados por encima de objetivos comunes; a veces bajo el sino de una hegemonía y otras revelándose como Estado aparente. No obstante, en las coyunturas de victoria del bloque nacional popular hay que reconocer modificaciones en la morfología del Estado: la reconfiguración contenciosa de las correlación de fuerzas en su interior provocada por la irrupción de la potencia popular que cambia la composición social del Estado, que a su vez transforma la impronta de la acción estatal (afectada por los sedimentos de la vieja práctica y los impulsos de su modificación). Se sugiere que existen dos momentos en esta irrupción y modificación del Estado que son pertinentes para pensar la coyuntura de la forma en que se construye hoy el Estado boliviano.

Para ejemplificar el primer momento es pertinente traer a colación otros momentos en los que procesos similares tuvieron lugar en la historia. En las postrimerías de la revolución mexicana no se terminó de establecer un orden político estable hasta que, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se hizo un reconocimiento estatal de las demandas y necesidades expresadas por los diversos sectores populares. En el afán de abrir el estado y de hacer partícipes a los trabajadores de los destinos del Estado, los sindicatos fueron reconocidos como parte fundamental de la arquitectura del Estado. Algo similar se advierte en la Argentina de Perón en la que los sindicatos de trabajadores son ampliamente reconocidos como lo sujetos para quienes se desarrolla la política estatal y su lugar en el Estado es garantizado por el mismo presidente. En estos dos países, este momento de apertura e incorporación del Estado se traduce en la ampliación de los derechos económicos en desmedro de los sectores capitalistas que se ven forzados a reconocer el aporte del trabajo en la producción. A la vez, diferentes sectores encuentran lugares dentro del Estado en el que representan a sus gremios y sus sectores.

Si la apertura del Estado a los sectores trabajadores ha significado, en los momentos citados, el reconocimiento y ampliación de derechos de sectores populares, también ha tenido una faceta reactiva: la alienación de la iniciativa política de los movimientos populares en favor del Estado. Tanto con el cardenismo mexicano como con el peronismo argentino es patente el hecho de que las relaciones amigables entre el Estado y los trabajadores se hacen al costo de la funcionalización de las organizaciones para el orden estatal. Algo similar fue intentado por el MNR de la revolución en relación a los sindicatos campesinos, que ganaron bastante en las postrimerías de 1952, pero fueron incorporados en un orden de sujeción en el que se sobrepusieron los intereses del gobierno por encima de los sindicales y que tuvo su aspecto más oscuro en el Pacto Militar Campesino. En la medida que el Estado tiende a la monopolización no solo de la violencia legítima sino también de la enunciación política, hay un estrechamiento del campo de acción que los movimientos populares pueden reclamar como propio.

En determinados momentos esto puede parecer no problemático mientras se pueda sostener que en el Estado hay predominio de intereses populares. Sin embargo esa situación es indefectiblemente transitoria a menos que se suscriba la quimera de que la historia deje de discurrir y no reserve reveces al bloque popular. Así, la segunda faceta se relaciona con los contextos de retroceso. De modo posterior a la caída de Perón y la resistencia sindical a Lonardi y Aramburu, llegó a la presidencia Frondizi, quien optó por no enfrentar a los trabajadores y remodelar el tipo de tratos que los sindicatos mantienen con el Estado. El resultado fue la emergencia de las cúpulas sindicales que operaban el clientelismo del Estado. Con Ávila Camacho y Alemán, sucesores de Cárdenas, pasa algo similar en México: el proyecto de construcción de un Estado fuerte que provee una cantidad de servicios de seguridad social se trastoca y las camarillas que se enriquecen con el Estado incorporan también a cúpulas sindicales. No se trata ya solamente de que la iniciativa política cambie de detentor, sino que la arquitectura del Estado, en la medida que cambian los vientos ideológicos, puede convertir la incorporación del Estado en la participación de cúpulas en la apropiación sectaria de lo público.

En Bolivia, desde la crisis estatal desatada en 2000, la fuerza de los movimientos sociales ha logrado remodelar parcialmente el Estado. La nacionalización de los hidrocarburos, la redacción de una nueva Carta Magna, las políticas de redistribución del excedente a través de bonos y los éxitos de la lucha contra la pobreza son rasgos que enmarcan una ampliación de derechos signada por el proyecto de construcción de un Estado plurinacional. Sin embargo desde muy temprano se ha encontrado el problema de la participación corporativa de organizaciones sociales en la trama del gobierno. A la vez que se ha dado un impulso histórico a la construcción de un Estado que expresa mejor a la sociedad, la tentación del pragmatismo ha sido constante tanto entre dirigencias de organizaciones como en el mismo gobierno. Si bien lo anterior merece un debate minucioso, hay que señalar que en la medida de lo factible se ha perseguido un horizonte emancipador que ha tenido que jugar con las lógicas prácticas inmediatistas, defecto de la práctica política real que debe lidiar con capas de sedimentos regresivos y reaccionarios.

Sin embargo, e independientemente de las diferentes posiciones sobre la preponderancia de la lógica pragmática en el proceso actual, es de notar que hay un peligro patente en la cesión de la iniciativa política en favor del Estado. No se trata de una toma de postura principista, si no de la advertencia que posa sobre el proceso actual otros momentos históricos de impronta similar: es necesario un horizonte de acción y una práctica política del bloque popular que pueda funcionar sin el auspicio estatal en momentos en el que éste es recapturado por fuerzas antagónicas. Y a la vez, por paradójico que sea, la presencia de poderes económicos y militares que funcionan en la arena internacional hace del Estado una forma imprescindible de mantener a raya esas fuerzas. Lo anterior sin dejar de lado que para nuestro tiempo y latitud el Estado es la forma de organización que puede organizar una población por encima de los vínculos locales inmediatos. Para las condiciones actuales es impracticable apostar sólo a la sociedad o sólo al Estado como centro de la dinámica política. Así, la toma y transformación del Estado por parte del bloque nacional-popular va a suponer que éste conserve para sí un nicho de iniciativa política propio y autónomo.

* Sociólogo.