Guadalupe Cárdenas se convirtió en la primera activista encarcelada por criticar al gobierno de Evo Morales en las redes sociales, poco después de que el Ministro de la Presidencia propuso crear una agencia de inteligencia para identificar a los “alevosos” y “rabiosos” que usan Internet para desprestigiar al gobierno. Juan Ramón Quintana lanzó su arremetida luego de que se confirmó oficialmente que la ex pareja del Presidente Morales, Gabriela Zapata, utilizaba nada menos que oficinas del Ministerio a su cargo para hacer negocios irregulares.

En los primeros días de febrero de 2016, el periodista cruceño Carlos Valverde denunció un escandaloso caso de corrupción pública que involucra a la máxima autoridad del Estado Plurinacional, el Presidente Evo Morales, y a su ex pareja Gabriela Zapata Montaño, una joven que se enriqueció de la noche a la mañana.

El periodista demostró con pruebas documentales que el Estado boliviano suscribió millonarios contratos, sin previa licitación pública, con la empresa CAMC, representada por la ex novia de Evo Morales Gabriela Zapata, en su condición de gerente comercial de la firma china.

El Presidente Morales reconoció que mantuvo una relación sentimental con Zapata en 2007 y que tuvo un hijo con ella, pero aseguró que la relación terminó luego de la muerte del bebé. Acto seguido, el Jefe de Estado pidió a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiguen la denuncia de Valverde, tildada de “vil” y “mentirosa” por el Vicepresidente Álvaro García Linera y otros jerarcas del oficialismo.

El ministro Juan Ramón Quintana criticó a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que amplificaron la denuncia del periodista Valverde, un “narcotraficante y agente activo de la Embajada de Estados Unidos”.

En una entrevista con radio Patria Nueva, Quintana opinó que la cadena estadounidense CNN y algunos medios nacionales se están convirtiendo en un “palo blanco” de Valverde, al omitir su pasado como narcotraficante y “soplón” de la Embajada de Estados Unidos. “Esto es terrible y nos preocupa de sobre manerapor la procedencia de la denuncia. Este es un tema que estamos trabajando y hay que decirlo”, amenazó el ministro de la Presidencia.

Sin embargo, con el pasar de los días, se fueron confirmando todas las revelaciones de Valverde y el propio gobierno se apoyó en ellas para detener a Zapata el domingo 28 de febrero. La jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal Margot Pérez dispuso la detención preventiva de Zapata en el penal de Obrajes, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.

Tras la detención de Zapata, el vicepresidente García Linera reiteró que la denuncia de Valverde sobre el presunto tráfico de influencias “es falsa, es inconsistente y se derrumbó”, pero reconoció públicamente que Zapata mantenía “vínculos con personerosdel gobierno para obtener beneficios privados”.

El lunes 29 de febrero, se confirmó que Zapata utilizaba nada menos que las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para hacer negocios personales, razón por la cual se ordenó la detención de la directora de la unidad Cristina Choque Espinoza, amiga personal de la ex pareja del Presidente Morales.

Choque fue aprehendida el mismo lunes, acusada de los delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado”, informó el fiscal Edwin Blanco. También fue detenido el funcionario Jimmy Morales Cuba por trabajar como chofer y mensajero personal de Zapata.

En la audiencia cautelar de Zapata, el Ministerio Público reveló que la acusada visitó las oficinas de la Unidad de Gestión Social más de 40 veces. “Ingresaba a esas dependencias como si fuera suya, utilizaba los vehículos de la institución y tenía reuniones para sus negocios con fines personales”, aseveró el fiscal general Ramiro Guerrero.

Además, Guerrero dijo que Zapata tenía ingresos irregulares en sus cuentas bancarias superiores a los 10 mil dólares, lo que evidencia una actividad económica sospechosa. “Con sorpresa hemos encontrado que el supuesto anticrético de Zapata (de una mansión en el exclusivo barrio de La Rinconada) es de 260 mil dólares y no de 100 mil como se manifestó”, agregó.

El ministro Quintana recalcó que no tiene ningún vínculo con la ex pareja del Presidente Morales. “Hay una distancia sideral entre Gabriela Zapata y Juan Ramón Quintana. Lo que existe es una relación de trabajo entre Cristina Choque y el Ministerio de la Presidencia”, aclaró.

La autoridad aseguró que “si hubiera alguna duda, sospecha, indicio o evidencia de mi vinculo de Ministro de la Presidencia respecto a Gabriela Zapata o Cristina Choque para hacer cosas chuecas o torcidas es obvio que tendríamos que asumir de la manera más honesta las responsabilidades, pero aquí no existe eso”.

El gobierno reacciona

Las máximas autoridades del gobierno de Evo Morales rechazan de manera enfática el presunto tráfico de influencias denunciado por Carlos Valverde e insisten en que todo lo dicho es falso. Sin embargo, utilizaron la investigación del periodista cruceño para enviar a la cárcel a Gabriela Zapata y a su amiga Cristina Choque.

En un principio, los jerarcas del régimen acusaron a los medios de gestar un “golpe suave” contra el gobierno de Morales, luego culparon a las redes sociales de la sonada derrota electoral del MAS en el reciente referéndum constitucional y ahora el Vicepresidente dice que los partidos de oposición complotan con Gabriela Zapata para desacreditar al gobierno.

En la víspera, García Linera exhibió fotografías de los hermanos de Zapata, Paola y Gabriel, junto al dirigente opositor Samuel Doria Medina, a los legisladores opositores Norma Piérola y Shirley Franco y al expresidente Jorge Quiroga. “Estamos aquí demostrando toda una articulación política para atacar al presidente Evo utilizando el tema de la señora Zapata”, argumentó el Vicepresidente.

Al respecto, Quintana declaró este martes a la radioemisora estatal Patria Nueva que “desafortunadamente” el Estado Plurinacional carece de un aparato de inteligencia que le haga frente al complot para desestabilizar al gobierno y “para despojar al presidente Evo Morales de sus atributos como líder y estadista”.

El ministro de la Presidencia consideró que “las condiciones políticas, el uso de las redes sociales y el papel de los medios de comunicaciónmodifica las reglas convencionales para enfrentar este tipo de ataques”, y esto “nos va a obligar, por responsabilidad gubernamental y estatal, a construir una verdadera agencia (de inteligencia), una institucionalidad vinculada a la protección del Estado Plurinacional, para identificar con claridad ataques alevosos y rabiosos de la oposición y del imperialismo”.

Coincidentemente, este martes la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno formalizó una querella criminal contra la dirigente de las esposas de policías de bajo rango Guadalupe Cárdenas por los delitos de difamación, calumnias y propalación de ofensas, y abrió un proceso por sedición, instigación pública a delinquir y seducción de tropas, confirmó la agencia de noticias del Estado ABI.

“En el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal se ordenó la detención preventiva de Cárdenas, quien fue imputada por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y sedición, en una acción interpuesta por el Ministerio de Gobierno”,declaró el fiscal Ramiro Guerrero a la ABI.

El gobierno acusa a Cárdenas de convocar públicamente a la tropa policial a la subversión contra el orden legalmente constituido, con la finalidad de deponer al ministerio de Gobierno Carlos Romero. La prueba es una grabación difundida a través de Facebook en la que Cárdenas dice que este es el “momento de que nos levantemos contra los delincuentes del gobierno”.