“Que muera el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba”, se escuchó el 1 de febrero, en alusión a Evo Morales. Adepcoca dice que esa no es su posición, pero reclama por discriminación y “preferencias” a las 6 federaciones del Chapare que lidera el Presidente hace 28 años

Desde los tiempos de Jerónimo Meneses, el fallecido líder de los Yungas, la dirigencia cocalera de La Paz no se había plantado con tanta resolución en defensa de la coca ancestral y legal, hasta enero pasado cuando entregó al gobierno una decena de escuetas pero complejas demandas largamente contenidas.

Su trasfondo, en el contexto de precios bajos y mercados difíciles, es la futura ley para esta economía y un referéndum para que los bolivianos digan qué coca es destinada al “pijcheo” tradicional y doméstico: si la cultivada por las seis federaciones del Chapare cochabambino o la de los Yungas de La Paz.

“El taque de 50 libras estaba a 900 bolivianos y ahora abajó a 500. Pero no entendemos cómo la coca del Chapare vale el mismo taque 1.700 o 1.900 Bs. No queremos que el gobierno nos pague sino apoye la industrialización de nuestro producto de los Yungas que tiene mercados legales y va casi en su totalidad al acullico, no a la droga”, dijo al concluir esta semana el secretario de Hacienda de los cocaleros yungueños, José Laime.

Afectado desde la represión gubernamental del 2011 en el territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el “Pacto de Unidad” entre campesinos, ex colonizadores y organizaciones indígenas, uno de los principales sustentos del presidente Evo Morales, funciona ya en parcialidades paralelas y contradictorias, pero las diferencias entre cocaleros del Chapare y los Yungas, aparecen como un nuevo y duro escollo para el mandatario, que encabeza al sector cochabambino desde 1988.

Los cocaleros yungueños que reclaman también a Morales una presunta preferencia y privilegios de su gobierno hacia el Chapare, mantienen desde hace tres días un bloqueo regional de caminos en el que participan 5.000 de sus 33.000 afiliados, según sus dirigentes, que tenían previsto el último fin de semana reunirse estos días con varios ministros, luego de varias tentativas, represión policial y amenazas.

La protesta, a una semana del referéndum por la modificación constitucional para la reelección de Morales, se sumó al bloqueo de carreteras nacionales que antes del Carnaval realizaron los transportistas contra el cobro de impuestos cuestionados, y puede coincidir antes de la votación con otras acciones de 120 mil jubilados, excluidos de un segundo aguinaldo como el que perciben desde hace tres años los trabajadores activos.

CONTROLES Y MERCADOS A LA BAJA

Hace sólo tres semanas, Morales confirmó a las Fuerzas Armadas su orden de organizarse para reforzar el control de los parques nacionales a fin de luchar contra el negocio del narcotráfico.

“El Presidente ha observado su presencia en varios parques nacionales como el Madidi, Noel Kempff y otros”, había anticipado el 11 de enero su ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sin mencionar otras áreas protegidas como el TIPNIS (Beni) y Carrasco (Cochabamba).

Sí las aludió en cambio el presidente Morales seis meses antes, en agosto pasado al prometer nuevas tierras en el Oriente a los cocaleros del Chapare y otros, exhortándoles a no cultivar coca en los últimos dos.

“Tenemos tierras fiscales, libres de disponibilidad. ¿Qué esperanza podemos dar entrando al parque Carrasco o al Tipnis? …no es importante meterse al parque Carrasco”, les dijo.

Frente a las restricciones oficiales para impedir los cultivos ilegales y como probable incentivo para mejorar los ingresos cocaleros, al comenzar este año Morales había anunciado una batalla para buscar una aún incierta despenalización del comercio internacional de la hoja de coca.

De acuerdo al último monitoreo de Naciones Unidas, de unas 33.000 toneladas métricas de coca comercializada en la gestión 2014, con valor de 280 millones de dólares, cerca de 20.000 pasaron los por mercados autorizados de Villa Fátima (93 %), en la ciudad de La Paz y de Sacaba (7 %), municipio aledaño a la ciudad de Cochabamba.

Pero las restantes 13.000 toneladas, sin destino preciso pudieron ser desviadas hacia los recolectores del narcotráfico. En agosto del año pasado el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína.

“Si hay una demanda, hay un mercado ilegal, ese es el que demanda la hoja de coca, lastimosamente cocaína. Acá, si bien la hoja de coca es la materia ilegal para la elaboración de pasta base de cocaína es porque hay un mercado ilegal”, argumentó.

El informe 2014 de NNUU señala que de unas 20.000 hectáreas de cultivos de coca registradas, más o menos el 70% corresponde a los Yungas de La Paz y el 30% al Trópico de Cochabamba, con una fracción menor al 1% en otras provincias paceñas.

La erradicación de cocales el 2014 alcanzó a poco más de 11.000 hectáreas, de las cuales unas 7.400 correspondieron al trópico cochabambino y 3.200 a la región paceña, mientras que en las provincias Ballivián del Beni e Ichilo de Santa Cruz se “racionalizaron” 526, según el reporte de UNDOC, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“En las áreas protegidas donde el cultivo de coca no es permitido por la ley boliviana, se cuantificaron 214 ha en 2014. Esta superficie fue determinada tomando en cuenta el proceso de saneamiento de la zona denominada “Polígono 7” en el TIPNIS, además de la delimitación de la “Línea Roja” en el Parque Nacional Carrasco”, dijo UNDOC.

Sin embargo, dirigentes de los cocaleros yungueños afirman que los cocales ilegales ocurren también en otras zonas cochabambinas como Ayopaya, en el límite con La Paz.

“Los Yungas también piden el control militar en los parques nacionales, pero vemos que se está aceptando el crecimiento de cocales, como en la zona entre Cochabamba y La Paz: Ayopaya, poblados de Seque-rancho y Toquebombo: aunque han ido las autoridades para racionalizar, sólo los han mecanizado. Nos atribuyen a nosotros pero somos respetuosos de los convenios” de reducción, afirmó también Laime.

En noviembre pasado, el viceministro Cáceres dio cuenta de la erradicación de 265 hectáreas en el parque Amboró, en territorio cruceño, pero aledaño al bastión de los cocaleros cochabambinos, sin que en los últimos 13 años hubiera detenidos por ese delito.

¿PERSISTE EL MALHUMOR?

En la antesala del Carnaval, la reunión con los cocaleros yungueños desembocó en la exasperación presidencial hacia los yungueños, ya recargada hacia su entorno electoral por las delicadas proyecciones para el 21 de febrero.

“Qateras”, dijo, aseguran los que se informaron del incidente, inmediatamente después que los cocaleros yungueños le cuestionaran a coro el destino de grandes partidas presupuestarias para un aeropuerto en el Chapare, el complejo de úrea y proyectos de transporte para los cocaleros cochabambinos.

“Hemos aguantado con mucha paciencia que nos trate mal y siempre somos respetuosos”, dijo Laime, sin desmentir o confirmar el presunto calificativo presidencial.

“No tenemos ni siquiera buenos caminos, seguimos con ‘La carretera de la muerte’ Cuando le reclamamos su preferencia por el Chapare, el presidente lo único que hace es enojarse. En la última reunión no nos deja hablar, cuando pedimos trato justo para La Paz no nos hace caso. Le gusta que le pidan migajitas. Con tingladitos y canchitas pequeñas quiere conformarnos. Por eso la gente le dice Compañero Presidente no queremos migajas”, recuerda el secretario de Hacienda de Adepcoca

En torno al ofrecimiento de 400 mil dólares para una sede de esa institución, anunciada por Morales en junio del año pasado, el dirigente afirmó que no se concretó y en relación a la marcha donde se escuchó el “abajo” al presidente de las federaciones chapareñas aclaró:

“Tal vez fue uno de los hermanos que estaban ‘calientes’ pero no es la posición de Adepcoca, siempre hemos dicho que respetamos a las autoridades, no queremos que baje nadie. Pero es mentira que nosotros somos opositores porque hemos apoyado al Presidente en 10 años y al SI de su re-elección”.

En el otro frente, Leonardo Loza, el segundo al mando entre los del Chapare afirmó e diciembre pasado que sus presuntos 40 afiliados no permitirán que haya ‘traidores‘ dentro de la campaña a favor de mantener a la dupla en el poder y destinarán 45.000 libras de su producción a la movilización política.

Este joven dirigente chapareño concentra el poder máximo de la federación de cocaleros de Chimoré, además de ser vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, y liderar también la dirección cochabambina del MAS. En septiembre pasado asumió la presidencia de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, como se denominan los ex colonizadores.

Pero Loza no es el único en la reacción oficial. El ministro de Gobierno, sindicó a los yungueños de favorecer el voto por el No al Presidente y su colega de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, de vender licencias de comercialización.

Entre los pedidos del pliego cocalero yungueño, se encuentra efectivamente la conversión de 2.000 “carpetas” en licencias de comercialización a detalle en el mercado minorista, pero sus dirigentes negaron haberlas vendido.

Otros pedidos se refieren a un hospital, carreteras, educación superior e industrialización de la coca

“No estamos en contra del Referendo, siempre te hemos apoyado en las buenas y en las malas, pero te has olvidado de los Yungas en estos 10 años, reclamó el principal dirigente, Franklin Gutiérrez.

La versión oficialista de la futura ley de la coca no ha ingresado aún a tratamiento legislativo y debate en la Asamblea Plurinacional, por el cambiante rumbo de su diseño inicial, pero los yungueños están decididos a preguntarle al país si la coca del Chapare sirve para el “pijcheo” y el consumo tradicional.

Según la nueva Constitución Política, el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad boliviana, y factor de cohesión social.

“En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”, señala el artículo constitucional 384.