La circulación vehicular en las principales capitales de departamento del país, se ha convertido prácticamente en un gran tormento, digno de las peores penas que se podría consignar a un pecador. Mucho más en la ciudad de La Paz, donde al margen de su ya difícil topografía y callejuelas estrechas en el centro de la urbe (precisamente donde confluye la generalidad del tráfico vehicular), también se producen las cotidianas e infaltables marchas y movilizaciones sociales, así como la proliferación del comercio informal y ambulante, que terminan por colapsar toda posibilidad de circulación, inclusive peatonal. Tal es la magnitud del problema, que ahora resulta absolutamente normal encontrar semáforos cuya duración de paso dura más de sesenta (60) segundos. Lejanos quedaron aquellos 15 o 20 segundos de corta espera para poder pasar de una cuadra a otra, en un movimiento caso indetenido que ahora es imposible. Ello muestra la enorme congestión y carga de vehículos que busca desesperadamente transitar por las vías.

Dicha descripción refleja una de las facetas más característica de la ciudad maravilla, honor que tan costosa y orgullosamente fue logrado por el apoyo de sus ciudadanos (y de otros que quedaron fascinados al conocerla).

Por eso se entiende (y apoya) que exista la enorme urgencia por despejar la circulación vehicular en las calles y avenidas de las ciudades congestionadas. De hecho, se han emitido disposiciones para evitar y prohibir el parqueo de vehículos, sobre todo en las arterias clave del centro de las ciudades y los lugares de alta confluencia vehicular y poblacional. Sin embargo, a la hora de aplicar las mismas, el ciudadano corriente percibe y comprueba que existe un trato discrecional y sobre todo discriminatorio, principalmente cuando se trata de “autoridades”, personas o instituciones “influyentes”. Basta observar los lugares de parqueo expresamente prohibido donde regular y cotidianamente se encuentran vehículos oficiales y/o diplomáticos, sin que autoridad u oficial de tránsito diga nada y, mucho menos, aplique la sanción correspondiente. A esta infracción (que para el ciudadano de a pie sería imperdonable), se suma que muchas instituciones oficiales, diplomáticas, e inclusive comerciantes y empresas privadas, convierten aceras y cuadras enteras en parqueos privados (y obviamente prohibidos para particulares), de cuya abusiva y arbitraria imposición, tampoco dicen nada las autoridades policiales de tránsito, cuando no son ellos mismos que se encargan de evitar y proteger esta prerrogativa que se toman algunas (sino todas) las embajadas y otros. En estos casos y aun cuando se encuentren en arterias de suma congestión que deberían ser despejadas (baste comprobar lo que ocurre en las calles de la Eloy Salmón, donde los tenderos no solo se apropian de aceras, sino también de las calles), solo es posible comprobar la actitud cómplice y “ciega“ de la policía de tránsito.

Como si aquel pandemónium no fuese suficiente y con la paradógica complacencia y apoyo operativo de Tránsito (que en vez de representar y tratar de evitar semejante arbitrariedad), en los últimos días cercanos a las fiestas de fin de año, se decidió cerrar una cantidad apreciable de calles alrededor de la Garita de Lima (ya de por sí muy difícil para el tráfico), para dejarlo librado a las manos y los intereses del “comerciantado” y la venta ambulante. El indescriptible despelote vehicular que se produjo, solo podría ser relatado por las mentes imaginativas y surrealistas más prolíficas (al margen de aquellos conductores y transportistas que –seguramente al margen de perder los estribos, tiempo y eventualmente ingresos indispensables- tuvieron que soportarlo irremediablemente).

Frente a todo ello que muestra cuando menos una actitud negligente y contemplativa de la policía de tránsito, que en vez de evitar, contribuye al caos vehicular; resulta totalmente abusivo e ilegal, que oficiales munidos de papeletas de infracción (algo así como como un arma discrecional de uso impredecible para captar ingresos extraordinarios), se den a la tarea de emitir multas, en días feriados, cuando no existen problemas de congestión y el tráfico es normal, pero sobre todo en calles donde no existe ningún tipo de restricción para parquear, solo porque se trata de un operativo de recaudación instruido. Mal se puede fingir una iniciativa de descongestionamiento, si no existe el mínimo control y autoridad para evitar infracciones flagrantes que se producen todos los días en pleno centro colapsado de la ciudad, y mucho menos se puede pretender imponer una sanción, en lugares en los que además no existe ninguna prohibición, ni señalización que lo indique.

* Sociólogo