Quienes suscribimos esta declaración no estamos de acuerdo con la reelección por un cuarto periodo consecutivo del actual binomio presidencial. Hay profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas para rechazar la modificación de la Constitución –por segunda vez– con ese solo propósito.

Hace apenas dos años, el gobierno modificó la CPE con el mismo objetivo, mediante una cuestionada Ley de Aplicación Normativa que le permitió reelegirse en 2014. Y ahora se apresta a prorrogarse en el poder –de 14 a 19 años– siguiendo el camino elegido por la mayoría de las autocracias del ALBA, que niegan a generaciones de ciudadanos el derecho a una renovación democrática.

Por ello, no basta con oponerse a esta decisión arbitraria, sino que es necesario promover un cambio del proceso político, social y económico impuesto por el MAS, caracterizado por el desconocimiento sistemático de las leyes y de los derechos reconocidos por la Constitución, el derroche económico y la depredación ambiental, el avasallamiento de la justicia y la corrupción generalizada. No es admisible que ese sea el precio de la equidad y la inclusión social por el que luchamos los bolivianos y bolivianas.

Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Y es, asimismo, un NO rotundo a la corrupción, la inseguridad ciudadana, la impostura ideológica y el narcotráfico.

1. Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información

Nuestro país necesita una Asamblea Legislativa independiente que recupere su cualidad de órgano depositario de la soberanía popular, con iniciativa legislativa propia, que fiscalice a los poderes públicos y que cumpla con su mandato de elegir a las autoridades de instituciones públicas como la Contraloría o YPFB, controladas desde hace una década por interinatos partidarios.

Requerimos un sistema político democrático conformado por organizaciones que rindan cuenta de sus actos. El Estado tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones para que la ciudadanía esté organizada y representada políticamente de modo efectivamente plural en términos territoriales y sociales. En lugar de ello, hoy tenemos un “instrumento político” despótico conformado por las corporaciones y gremios privados agrupados en el MAS, que se ha ocupado sistemáticamente de recortar el derecho a la asociación y representación política de sus “enemigos” suprimiendo el financiamiento estatal de los partidos políticos y persiguiendo judicialmente a los candidatos de la oposición; un “instrumento político” que ha cooptado prebendalmente o dividido a las organizaciones obreras, campesinas e indígenas y ha convertido a los funcionarios públicos en militantes suyos. La opción por la que luchamosabre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente.

Bolivia precisa tener un órgano electoral independiente y profesional como el que en 2005 permitió la primera victoria del MAS en las urnas. Una vez en el poder, el gobierno de Evo Morales degradó a los tribunales electorales mediante la selección de vocales por cuoteo sindical y manipulación parlamentaria, creó un padrón secreto que no guarda relación con los datos del Censo y aprobó una Ley electoral que restringe la libertad de información y participación política. El TSE cohonestó la amañada “consulta previa” en el TIPNIS, dio por buenos los resultados de la elección judicial en la que los votos nulos y blancos superaron a los votos válidos y sacó de competencia a las agrupaciones opositoras (Beni) o alteró los resultados electorales (Chuquisaca). Es bajo esas reglas electorales que el gobierno ha convocado al referéndum de febrero.

Asimismo, la democracia boliviana necesita una justicia constitucional competente que no esté subordinada a las instrucciones del gobierno. El MAS se ocupó primero de anular al Tribunal Constitucional para controlar la Asamblea Constituyente y luego hizo elegir a nuevas autoridades por cuoteo de facciones partidarias-corporativas, que han demostrado reiteradamente su obsecuencia política al régimen al que sirven. Sin un Tribunal Constitucional independiente no hay Estado de derecho.

La democracia requiere igualmente la existencia de medios de información plurales y que reciban un trato igualitario en la pauta de publicidad estatal. No es tolerable la asfixia económica y la extorsión impositiva a los medios independientes y el amedrentamiento a los periodistas profesionales que se ha convertido en norma bajo el actual gobierno.

El cambio que propugnamos implica el paso de la autocracia populista instaurada por el MAS a un régimen democrático que garantice el respeto de los derechos constitucionales, incluyendo el derecho a elegir a otros gobernantes al término de su mandato. Es decir, el paso del despotismo corporativo a un Estado social de derecho, que es una de las asignaturas pendientes de la construcción democrática en nuestro país.

2. Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social

En un contexto de cambio climático y crisis ambiental de alcance global requerimos un nuevo sistema de producción y consumo sostenible, que no destruya la base vital de la que dependemos y que apueste por una matriz energética con tecnologías limpias y renovables, en lugar del extractivismo desenfrenado que promueve el gobierno con los subsidios a la minería cooperativista y los incentivos a las petroleras transnacionales, financiados con la reducción del IDH de las Gobernaciones, Alcaldías y Universidades.

Es necesario acabar con el tradicional patrón primario exportador que altera los frágiles equilibrios ambientales en extensas zonas de Bolivia. Las carreteras destinadas a ampliar la frontera agrícola para los cultivos de exportación y sus derivados (soya y coca), que destruirían nuestros bosques favoreciendo la concentración latifundista; las mega-represas que inundarían áreas protegidas; la irresponsable apuesta por la energía nuclear; la apertura irrestricta para la exploración petrolera en los parques naturales y territorios indígenas; todo ello configura un modelo de “crecimiento” ambientalmente insostenible y tecnológicamente retrógrado.

Por el contrario, Bolivia requiere un programa económico acorde a los desafíos del siglo XXI, que sea adecuado a los límites biofísicos de los ecosistemas y democráticamente consensuado, en lugar de la “Agenda Patriótica” aprobada unilateralmente por el MAS, que se limita al catálogo desarrollista del siglo pasado y cuyo financiamiento depende cada vez más de la deuda externa. Paradójicamente, el MAS promueve hoy –en un giro neoliberal evidente– la progresiva desnacionalización de la economía, entregando los sectores estratégicos al capitalismo más despótico y ambientalmente más depredador.

El futuro de la economía boliviana debe ser el de la justicia y la equidad social, no el de las prebendas estatales destinadas a crear clientelas electorales. La lucha por la equidad y la justicia social también merecen una nueva oportunidad frente a la deriva populista de la administración del MAS. Es imprescindible una política redistributiva sostenible, articulada al crecimiento diversificado de la productividad y de los conocimientos, que reduzca la informalidad e ilegalidad de amplios sectores de la economía popular.

3. Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos

Bolivia necesita con urgencia un órgano judicial independiente conformado por los mejores profesionales, a los que el Estado les garantice los recursos financieros y técnicos para administrar de manera eficiente la justicia, ejercer el control sobre las cárceles hoy “autogobernadas” por poderosas mafias y generar seguridad ciudadana. La reforma de la justicia es inseparable de la reforma de la fiscalía y de la Policía, convertidas en operadoras del crimen organizado.

Nunca la administración de justicia fue tan ineficiente, corrupta y sometida a los designios del órgano Ejecutivo. El propio gobierno reconoce que la justicia está en manos de redes de extorsión que impiden el debido proceso, el castigo de los culpables y el sobreseimiento de los inocentes. Y esa es una de las razones por las que no se puede asegurar la vigencia de los derechos humanos: sin una justicia independiente e idónea no hay garantía para el cumplimiento del amplio catálogo de derechos reconocidos por la Constitución.

Más importante que la reforma de la Constitución para la tercera reelección de Morales Ayma y García Linera, es el cambio en el sistema de elección de las autoridades judiciales y la ampliación de las competencias de los gobiernos autónomos para la administración de justicia y la seguridad ciudadana. La elección por voto popular de magistrados en 2011 no ha hecho sino empeorar el desempeño de la justicia, convirtiendo a los Tribunales en arena de disputas personales y gremiales. Está claro que no hay posibilidad alguna de reformar el órgano judicial bajo la conducción de aquellos que aspiran a beneficiarse indefinidamente de la impunidad.

Ciudadanos y ciudadanas: en la larga década del gobierno del MAS, la corrupción y el narcotráfico han echado raíces como parte estructural de un régimen políticamente despótico y ambientalmente depredador, que quisiera ver canceladas todas las libertades políticas y de información que lo cuestionan. Pero la esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años.

NO es una Nueva Oportunidad para la esperanza

Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia.

• Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información

• Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social

• Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos

La opción por la que luchamos abre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente. La esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años. Por ello, el NO es también una nueva oportunidad para la esperanza.

Firman:

Jéssica Paola Aguirre Melgar

Carlos Alborta Rivero

Carlos Alcalá Ordoñez

Jaime Alcocer Rojas

José Luis Antezana

Christian Andrés Aramayo Arce

Gloria Ardaya Salinas

Helga Isabel Ardaya Salinas

Renzo Abruzzese Antezana

Marta Ávila Varón

María Eugenia Ayala Guzmán

Juan Carlos Balderas Gamarra

Carlos Eduardo Balderrama Mariscal

Florencia Ballivián de Romero

Demetrio Barrientos

Silvia Barrón Rendón

Juan Benavidez Ayala

Durby Andrea Blanco Bravo

Erika Brockman Quiroga

Edgar Cadima Garzón

Hernando Calla Ortega

Ricardo Calla Ortega

Juana Calle Apata

María Teresa Castro Camacho

Jenny Cárdenas Villanueva

Elena Carreño Lora

Roger Carvajal Saravia

René Centellas Colmenar

Jorge Centellas Quezada

Ninfa Condori Ramírez

Rosángela Conitzer Bedregal

Marcelo Delgadillo Pereira

Gisela Derpic Salazar

Florencia Durán Jordán

Filemón Escóbar

Cesar Escóbar Vásquez

Jaime Fernández Negrete

Celia Ferrufino Quiroga

Olga Flores Bedregal

Vicenta Guzmán Lara

Loyola Guzmán Melgar

Juan Carlos Guzmán Salinas

Antonio José Guzmán Sandoval

William Herrera Añez

José Luis Laguna Quiroga

Saúl Lara Torrico

Toribia Lero Quispe

María Luz León

Jorge Lazarte Rojas

Clara López Beltrán

Guillermo Marca Marca

Guillermo Mariaca Iturri

René Antonio Mayorga Zegarra

Lía Andrea Medina Moscoso

Ximena Medinacelli González

Lucio Méndez Gamarra

Imelda Méndez

Pilar Mendieta Parada

Victoria Mendoza Lafuente

Wilma Mendoza Miro

Lía Moscoso Medina

Ian Sergio Miranda Sánchez

Hugo Nagashiro Kuajara

Guadalupe Navarro Calderón

Emilio Noza Yuco

José Nuñez del Prado

Elena Ortiz Antúnez

Celso Padilla Mercado

Jorge Patón Valdez

Norka Paz Rodo

Sarela Paz Patiño

Liberto Peredo Montaño

Josiane Perillat

Juan Carlos Pimentel Castillo

Ana Rebeca Prada Madrid

Eduardo Quintanilla Ballivián

José Antonio Quiroga Trigo

Cecilia Requena Zárate

Virginia Ruiz Pardo

Adelaida Rocha Noza

Gualberto Rodríguez San Martín

Luis Rojas Vaca

Marlene Royo Aguirre

Daly Cristina Santa María Aguirre

Ana María Seoane de Capra

Ramiro Soriano Arce

Gustavo Soto Santiesteban

Rosa Tamayo Suárez

Juan Eddy Terrazas Torrico

Leonor Martha Ugarte

Carlos Urquizo Huici

Manuel Vargas Severiche

Manolo Velásquez Carreño

Elio Anderson Vera García

Daniela Vidal Durán

Arturo D. Villanueva Imaña

Zulma Villegas Gómez

Crista Weise Vargas

Fabian Yaksik Feraudy

Pablo Zavaleta Reyles