La modificación de la Constitución para cumplir el anhelo de una persona no forma parte de una visión moderna y renovadora de la democracia ni de la acción política que debe ser ejemplo para las nuevas y futuras generaciones. Por ello decimos: NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y NO A LA REELECCIÓN.

El Presidente ha hecho uso de su poder para convocar a un referéndum que decida la reforma de la Constitución Política del Estado, que él mismo prometió no cambiaría por los próximos 50 años.

Las ciudadanas y los ciudadanos que creímos siempre y seguimos creyendo en la justicia social, en la democracia como valor supremo de la acción política, en la igualdad de los derechos de las personas, en la soberanía innegociable de nuestra patria, en la primacía de los seres humanos antes que los intereses económicos, reafirmamos nuestra convicción de seguir luchando por una auténtica transformación social.

Amparados en nuestra Constitución vigente, asumimos el deber de plantearle al pueblo boliviano una alternativa diferente a la permanencia indefinida en el poder y manifestamos nuestra decisión de movilizarnos por el NO A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL NO A LA REELECCIÓN.

Primero, porque los avances que ha vivido nuestro país en la década pasada, son patrimonio de todo el pueblo boliviano, que con su sacrificio y esfuerzo en la “guerra del gas” y otras movilizaciones populares, derrotó a la partidocracia, conquistó la reapropiación nacional de una parte importante de la renta hidrocarburífera, y gestó una nueva Constitución Política del Estado que amplía los derechos sociales y recupera nuestros recursos naturales. Las bolivianas y bolivianos hemos adquirido ya una conciencia lo suficientemente clara de nosotros mismos y nuestros intereses y somos dueños de una voluntad colectiva muy fortalecida como para que nuestro destino como país dependa de una persona.

Segundo, porque el discurso amedrentador del MAS, asegurando que un gobierno distinto acabaría con los ingresos estatales por la venta de hidrocarburos, con los bonos, o con la política de reivindicación marítima, es una falsedad que pretende manipular los sentimientos de la bolivianidad. Es el propio gobierno del MAS el que, con su Anteproyecto de Ley de Estímulos a la producción de hidrocarburos, pretende entregar a las empresas transnacionales una parte importante del IDH legalmente destinado a los servicios de salud y educación, de tal manera que terminaríamos por comprar nuestros propios hidrocarburos, a precio internacional. Al contrario de lo pregonado, un gobierno distinto debería utilizar la renta hidrocarburífera con seriedad, transparencia y mayor provecho para los bolivianos; transformando y diversificando nuestra matriz productiva, y promoviendo la conversión energética hacia las energías limpias y renovables.

Respecto a la demanda en La Haya, el litigio terminará antes que el actual mandato de Evo Morales, por lo que su definición no tiene relación con la posibilidad de reeleción y esta es ya una política de Estado que no depende de una gestión de gobierno y menos de una persona en el poder.

Tercero, porque la estructura política y partidaria que llevó al MAS a gobernar se encuentra agotada como lo demostraron los resultados de las elecciones subnacionales y el referéndum por los estatutos autonómicos; ideológicamente extraviada entre el socialismo comunitario y los pedidos de inversiones capitalistas en Nueva York; y lo que es peor, estancada en términos de gestión pública y proyectos que vayan más allá del despilfarro y las obras faraónicas, cuyo resultado sigue siendo incierto como las empresas públicas quebradas, proyectos mineros que demuestran el fracaso del modelo extractivista o megaproyectos de transporte público con pocos usuarios. Vivimos bajo una estructura de poder que no tiene el valor de luchar contra la corrupción generalizada y que solo instrumentaliza a la justicia para perseguir y encarcelar a quienes piensan distinto.

Cuarto, porque el presidente cumpliría un mandato de 14 años el 2020 siendo el presidente con mayor tiempo en el poder y nada garantizaría que no se vuelva a convocar a otro referéndum de reforma constitucional. Su permanencia indefinida impediría mejoras en la administración del Estado, renovación de ideas y lo más peligroso, evitaría el recambio generacional que debe existir naturalmente en los liderazgos y organizaciones políticas para avanzar en la construcción de una sociedad más democrática.

Quinto, porque tenemos un gobierno que se mofa y ríe de quienes reclaman, como lo sucedido durante la movilización del pueblo potosino; que gobierna con odio y resentimiento y se niega a reconocer la violación de derechos humanos, como aconteció con la marcha indígena en Chaparina, o en el caso de Caranavi; y que ha demostrado ser incapaz de unificar y hacer una agenda seria con las regiones sin que prime un interés particular o electoral.

Sexto, porque nuestra preocupación es mayor al acudir a un proceso electoral, con un Tribunal Supremo Electoral que no ha logrado recuperar la confianza ciudadana y que mantiene la falta de transparencia en el Padrón Electoral, pues hasta el día de hoy es un misterio para la población en su conjunto.

Por todo lo anterior, mantendremos nuestra posición crítica y constante a las cosas que se hacen mal y estaremos vigilantes a que el gobierno y el Presidente concluyan su mandato como manda la Constitución, la cual establece que el gobierno y el Presidente tienen límites temporales no pueden quedarse ni reelegirse cada vez que así lo deseen.

Tenemos la convicción de que la modificación de la Constitución para cumplir el anhelo de una persona, no forma parte de una visión moderna y renovadora de la democracia ni de la acción política que debe ser ejemplo para las nuevas y futuras generaciones.

Por ello decimos: NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y NO A LA REELECCION