No se puede avanzar en la aprobación de la ley de convocatoria a referendo mientras el TCP no dilucide su constitucionalidad, aunque los hechos demuestran que hay un “apresuramiento desesperado” del MAS para realizar lo antes posible este referendo y así permitir la ilegal re-re-reelección de la actual dupla presidencial, afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz.

La Bancada de UD en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se inhiba de avanzar con el análisis de la pregunta del referéndum para la re-reelección del Presidente Evo Morales debido a que no se ha terminado con todo el procedimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

El senador demócrata Oscar Ortiz señaló que presentarán al TCP el Recurso de Queja, que faculta el Código Procesal Constitucional, para que esta instancia vuelva a considerar el Recurso Directo de Nulidad que presentaron, impugnado los actos determinativos del presidente del Senado José Alberto González, quién usurpó funciones el 18 de septiembre al remitir a la Comisión Mixta de Constitución el proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores.

“Hemos observado también que el Vicepresidente García Linera ha actuado en esta sesión de Asamblea con un evidente conflicto de intereses porque él debió excusarse y no tomar determinaciones, como enviar al TSE a consulta la pregunta, donde justamente se ha incluido la referencia que beneficia al presidente Evo Morales y a él mismo sobre nuevas reelecciones; lamentablemente él ha continuado conduciendo la sesión y no se ha excusado, lo que para nosotros representa un evidente conflicto de interés en su actuación”, dijo.

La bancada del Movimiento Demócrata Social solicitó a la presidencia de la ALP que no modifique la Constitución para posibilitar la re-re-reelección del presidente mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no valide el proceso de aprobación de la ley de reforma a la CPE.

“La devolución de esta ley que efectuó el TCP, pidiendo que se subsanen todos los errores cometidos en su aprobación, o por lo menos una parte de los errores cometidos por el oficialismo en la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, nos da la razón en sentido de que no se pueden realizar nuevas actuaciones en el proceso mientras este tribunal no termine de confirmar que se ha procedido constitucionalmente tanto en el procedimiento de aprobación de la norma como el contenido de la reforma”, expresó Ortiz.

Según el senador opositor, no se puede avanzar en la aprobación de la ley de convocatoria a referendo mientras el TCP no dilucide su constitucionalidad, aunque los hechos demuestran que hay un “apresuramiento desesperado” del MAS para realizar lo antes posible este referendo y así permitir la ilegal re-re-reelección de la actual dupla presidencial, lo que a juicio de Ortiz lleva al partido en función de Gobierno “a cometer graves violaciones a la constitución, las leyes y los reglamentos”.

“También vamos a requerir al TSE que no se avance ni en la definición técnica de la pregunta (del referendo) ni en otros aspectos referidos a la convocatoria entre tanto no se finalice todo el proceso ante el TCP”, añadió el senador Ortiz.

El legislador consideró que el TCP no se puede pronunciar sobre un proyecto de ley enviado por el oficialismo de la ALP antes de que la ley hubiese sido aprobada, como ocurrió con la ley de reforma constitucional del MAS, por lo que todo el proceso debe quedar en suspenso mientras no se subsanen los errores en su aprobación.

“Vamos a seguir impugnando todas las violaciones que está cometiendo el MAS. Vamos a insistir en nuestro recurso directo de nulidad, haciendo uso de las instancias que nos otorga la Ley, y estamos analizando nuevos recursos contra otras violaciones que han cometidoposteriormente en este proceso”, concluyó el jefe de la bancada Demócrata en el Senado.

La Bancada Demócrata envió una carta al presidente nato de la ALP Álvaro García Linera solicitándole la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley de Convocatoria a Referéndum, debido a las acciones vulneratorias al procedimiento legislativo en la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Constitución, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional no haya determinado la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la CPE.

El senador Oscar Ortiz explicó que el pasado 25 de septiembre la ALP procedió al tratamiento del Proyecto de Ley de reforma parcial siendo que la Comisión Mixta de Constitución emitió su informe recomendando la aprobación del proyecto de ley. Sin embargo, en el tratamiento de esta norma, en horas de la madrugada del sábado 26 de septiembre, el presidente en ejercicio de la ALP José Alberto González informó al Pleno de la Asambleaque horas antes, es decir el viernes 25 de septiembre, los presidentes de la Comisión de Constitución, diputada Betty Yañiquez y senador Milton Barón, remitieron en consulta al TCP el proyecto de ley de reforma parcial a la CPE.

Ante este hecho, el legislador aclaró que cualquier procedimiento, en tema legislativo, es una instancia de análisis y consideración que tiene un principio y fin y que por ende implica una actuación, a través de varios trámites, para concretar la actividad legislativa, siguiendo las normas formales de desarrollo del proceso. Señaló que el procedimiento está compuesto por la combinación y coordinación de diversos actos que cuentan con autonomía procedimental y cuyo objetivo final será la producción del efecto legislativo final propio del proceso, en este caso, una ley sancionada.

Aseguró que el procedimiento legislativo para la reforma parcial de la CPE fue nuevamente vulnerado ya que previo a ser sancionado, el MAS lo remitió al TCP antes que finalice el procedimiento legislativo, vulnerando el procedimiento sin considerar el debate jurídico, técnico y las observaciones de la oposición al proyecto parcial de reforma a la CPE.

El senador Ortiz afirmó que no corresponde seguir avanzando en la aprobación de una ley de convocatoria al referéndum si aún no se ha recibido la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que debe dar su concordancia o su discordancia del procedimiento seguido para la reforma parcial de la Constitución.

Ortiz recordó que existe un Recurso Directo de Nulidad a la norma que presentó contra las primeras acciones de la Comisión Mixta de Constitución, con relación al Proyecto de Ley de necesidad de reforma parcial y otro presentado por dos diputadas haciendo notar que el proyecto de ley que se ha remitido al TCP también tiene vicios de nulidad en su tratamiento y aprobación.

Con relación a la pregunta modificada que se aprobó en la Comisión Mixta de Constitución, “¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua, lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025?”, Ortiz señaló que esta reforma a la CPE está hecha a medida del Presidente y Vicepresidente. “Cuando se reforma la CPE, debiera hacérsela en función de las necesidades del país y no en función de una persona”.

Dorado: “la reforma de la CPE no puede ser un traje a medida de una persona”

Luego de conocerse la pregunta del referéndum enviada por la Comisión Mixta de Constitución al TSE, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados Luis Felipe Dorado (UD) señaló que el texto “demuestra que esta es una reforma a la medida de una persona: Evo Morales”.

La citada pregunta incluye una mención a “los actuales mandatarios” y al “periodo 2020-2025”, algo que el diputado demócrata consideró “innecesario e incorrecto”. “Una reforma a la Constitución Política del Estado no puede ser un traje a la medida de una persona; los cambios constitucionales producen normas de carácter general en función del interés público, no de los intereses particulares”, indicó.

Dorado subrayó que en las democracias con estabilidad institucional “los cambios que tienen que ver con el sistema electoral no se aplican a los mandatarios en funciones, sino recién en el periodo siguiente”. “Estamos ante una reforma personalista que degrada aún más la institucionalidad republicana de Bolivia”, añadió.